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Pasajeros que ingresan al Aeropuerto Internacional de El Salvador cumplen con requisito la prueba PCR-RT
“Los pasajeros que ingresan al Aeropuerto Internacional de El Salvador están cumpliendo con el requisito exigido por el Gobierno salvadoreño de presentar la PCR negativa de COVID-19”, informó la Secretaría Prensa de la Presidencia a través de su cuenta de Twitter.
El Gobierno reiteró este sábado que toda persona que quiera entrar al país por vía aérea debe presentar obligatoriamente la prueba PCR RT ante la aerolínea respectiva, algo que está dentro de las exigencias planteadas por la Comisión Ejecutivo Portuaria Autónoma (CEPA) para la reapertura del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero.
La prueba con resultado negativo debe ser presentada de forma impresa y debe portarla cada viajero. La misma debe tener un máximo de 72 horas de haber sido entregada por el laboratorio, señaló CEPA.
No se aceptarán tests que no incluyan las iniciales RT (Tiempo Real), pues son las certificadas por la normativa internacional. Debe contener, además, el nombre del pasajero, fecha, resultado negativo, nombre de la persona responsable que realizó la prueba, sello y firma.
Estos son los requisitos mínimos para poder ingresar al país, señaló CEPA. De no contar con ellos, el pasajero no podrá abordar. Este requerimiento no aplica para niños menores de dos años, informaron las autoridades.
De no cumplirse estos requisitos, Migración aplicará una multa de $6,000 para la línea aérea, so pena de cerrar el aeropuerto de manera inmediata inclusive si hay vuelos arribando al país.
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La Fiscalía General de la República (FGR) notificó, este jueves, que Alexander Antonio García fue condenado a 20 años de cárcel por cometer un homicidio en Jiquilisco, departamento de Usulután.
Según el reporte de la FGR, el homicidio ocurrió en octubre del 2013. «Luego de una discusión, García junto a otros dos sujetos atacaron a la víctima con corvos. Los responsables huyeron del lugar, dejando a la víctima inconsciente», explicaron.
También agregaron que, tras el ataque, la víctima fue trasladad hasta el hospital San Juan de Dios, de San Miguel, pero debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida.
García fue condenado por el delito de homicidio agravado.
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Hasta 178 años de cárcel, para una compleja estructura de traficantes de personas que se agrupó como una organización transnacional, con distribución de funciones en cada uno de sus 17 miembros.
La pena fue impuesta en San Salvador, por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, en una vista pública efectuada durante nueve días, con la exposición de un pliego de pruebas que fueron validadas y que gozaron de total credibilidad judicial.
La mayor condena fue para Celedonia Esmeralda Jerez, quien recibió 178 años de cárcel; 164 por tráfico ilegal de personas y 14 por agrupaciones ilícitas, era coordinadora y guía.
Las otras penas elevadas fueron para Andy Jefferson Morán Cortez, sentenciado a 142 años y Salvador Armando Pérez, recibió 90. A los demás les impusieron 46, 44, 34, 24, 22, 14, 12 y cinco años de prisión.
La estructura fue indagada entre enero y julio de 2021, a través de técnicas especializadas de investigación, junto a trabajo de campo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dirigidos por un grupo de fiscales.
En las pesquisas en contra de la red lograron documentar 19 casos con un total de 82 víctimas a quienes prometieron llevar de forma segura hacia Estados Unidos.
A las personas las llevaron hasta Ahuachapán para luego moverlas a la frontera Las Chinamas para llevarlas de forma irregular hacia Guatemala. Los imputados utilizaron zonas inhabilitadas, conocidos como puntos ciegos, la idea era evadir los controles migratorios.
Se determinó que a las víctimas las cruzaban sobre el Río Paz que divide El Salvador y Guatemala, para seguir el trayecto a México y luego a Estados Unidos.
En la estructura había varios roles, identificaron a cuatro de los imputados como coordinadores directos de los traficantes de personas: Celedonia Esmeralda Jerez Clemente, William Donaldo Canizalez Hernández, Salvador Armando Pérez Conrado y Andy Jefferson Morán Cortez.
En Ahuachapán Bili Alexander Morán y Glenda Yanira Nicia de Hernández, tenían la coordinación y logística.
El transporte de las víctimas estaba a cargo de Francisco Humberto Arévalo Cortez, Rafael Edgardo Farfán Acosta, Rubén Antonio Padilla Cortez, Adalid Armando Velásquez Esquivel y Pérez Conrado quien además de ser coordinador, también ejercía esta función de transportista.
Como Guías en El Salvador la estructura designó a siete personas, entre ellos, Jonny Stanley Morán Cortez, José Edgardo Pérez Clemente y otros cinco imputados quienes también coordinaban y transportaban a víctimas.
Como colaboradores, en las pesquisas se determinó que ejercían esa función, Jaqueline Paola Medina Cabrejo, Marta Lidia Cabrejo de Pérez, Carlos Giovanni Aguilar Clemente y Edwin Rodrigo Dominguez.
