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Parientes y amigos de ARENA y el FMLN aparecen en plazas fantasmas dentro de la A.L.
Entre los gobiernos de ARENA y el FMLN, ambos partidos políticos beneficiaron por 30 años a sus familiares y amigos con plazas fantasma en los diferentes Órganos del Estado, los cuales dejaron saqueados, destacó Diario El Salvador.
Uno de los casos que menciona el medio de comunicación es con el Centro Nacional de Registros (CNR) durante los años 2002 y 2009. Durante ese período se habilitaron 30 plazas por más de 700,000 dólares al año.
Dentro del partido tricolor, una de las personas contratadas fue Gloria Calderón Sol, actual síndica de la alcaldía de San Salvador y hermana del expresidente arenero Armando Calderón Sol, cobró más de $2,000, quien fungió como asesora del CNR.
Otro caso fue Enrique Valdez, exdiputado de ARENA que recibió casi $1,000 al mes en esta cartera de Estado, su cargo era una plaza como médico en la especialidad de ginecología.
También, trabajaron como asesores en el CNR los exdiputados de ARENA Érick Ernesto Campos (2009-2012), quien cobraba $2,000 y Luis Noé Medrano Molina que recibía $3,418.
En otros casos de corrupción que han tomado relevancia, el expartido de Gobierno FMLN ha pretendido llevar a la alcaldía de Soyapango a Cayetano Cruz, quien figura como asesor del grupo parlamentario con un salario de $2,300.
Una pareja fue sorprendida la noche de este viernes realizando actos indebidos en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en un horario de alta afluencia, cuando numerosas personas transitaban por la zona tras salir de cenas, actividades religiosas y reuniones familiares.
La situación generó múltiples reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron el incidente con referencias al próximo concierto de Shakira programado para este sábado. No obstante, el suceso provocó molestia e indignación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
