Judicial
Nueva suspensión de audiencia en caso contra Tony Saca por recusación de la jueza
El Juzgado 9° de Instrucción de San Salvador suspendió este martes la audiencia preliminar por el caso denominado “Transes”, por una recusación a la juzgadora de parte de la defensa del imputado Víctor Manuel Melgar.
La solicitud para quitar a la jueza se deberá resolver en la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. La defensa de Elías Antonio Saca también había presentado un escrito solicitando a la jueza la separación del proceso de su defendido
Antes de que se resolviera suspender la diligencia en la etapa de los incidentes, la defensa del expresidente de la República Elías Antonio Saca González recordó el procedimiento abreviado al que sometió y que señalan dejaría sin efecto este proceso.
El abogado manifestó que en el preacuerdo se determinaron los requisitos del procedimiento abreviado e incluso la pena. Al respecto la jueza le otorgó a la representación fiscal un periodo de 48 horas para que conteste el escrito presentado por la defensa de Saca González.
Al exmandatario se le atribuye el delito de cohecho activo, que tiene que ver con ofrecer dádivas a funcionario o empleados públicos. Según la Fiscalía General de la República (FGR), presuntamente trató de sobornar a una empleada de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador a través del imputado Víctor Melgar, para que le filtrara información del juicio civil que se ventila en dicha sede judicial, por una demanda de enriquecimiento ilícito, por un monto de $3 millones 970 mil dólares.
A los demás imputados, en su mayoría abogados de la república, se les acusa de falsedad ideológica, falsedad material, cohecho propio, cohecho activo, prevaricato y actos arbitrarios.
La FGR ha fundamentado su investigación con la declaración de informantes que supuestamente fue corroborada con escuchas telefónicas, dispositivos de vigilancia y seguimiento a los imputados, además del trabajo de campo realizado por la policía.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de prisión a José Alvarado Gutiérrez Murcia por intentar asesinar a su hermano en La Palma, Chalatenango Norte.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ataque ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2024, cuando la víctima ingresaba a su vivienda y fue agredida con un corvo en el cuello y rostro. Tras el incidente, el padre de ambos llegó al lugar, y el imputado logró huir. La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras quedar inconsciente.
La FGR indicó que, ante la abundante evidencia documental, pericial y testimonial presentada, el tribunal dictó la condena en ausencia del imputado por el delito de intento de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
