Judicial
Nueva suspensión de audiencia en caso contra Tony Saca por recusación de la jueza
El Juzgado 9° de Instrucción de San Salvador suspendió este martes la audiencia preliminar por el caso denominado “Transes”, por una recusación a la juzgadora de parte de la defensa del imputado Víctor Manuel Melgar.
La solicitud para quitar a la jueza se deberá resolver en la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. La defensa de Elías Antonio Saca también había presentado un escrito solicitando a la jueza la separación del proceso de su defendido
Antes de que se resolviera suspender la diligencia en la etapa de los incidentes, la defensa del expresidente de la República Elías Antonio Saca González recordó el procedimiento abreviado al que sometió y que señalan dejaría sin efecto este proceso.
El abogado manifestó que en el preacuerdo se determinaron los requisitos del procedimiento abreviado e incluso la pena. Al respecto la jueza le otorgó a la representación fiscal un periodo de 48 horas para que conteste el escrito presentado por la defensa de Saca González.
Al exmandatario se le atribuye el delito de cohecho activo, que tiene que ver con ofrecer dádivas a funcionario o empleados públicos. Según la Fiscalía General de la República (FGR), presuntamente trató de sobornar a una empleada de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador a través del imputado Víctor Melgar, para que le filtrara información del juicio civil que se ventila en dicha sede judicial, por una demanda de enriquecimiento ilícito, por un monto de $3 millones 970 mil dólares.
A los demás imputados, en su mayoría abogados de la república, se les acusa de falsedad ideológica, falsedad material, cohecho propio, cohecho activo, prevaricato y actos arbitrarios.
La FGR ha fundamentado su investigación con la declaración de informantes que supuestamente fue corroborada con escuchas telefónicas, dispositivos de vigilancia y seguimiento a los imputados, además del trabajo de campo realizado por la policía.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
