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Ministro de Salud: sistema sanitario está preparado ante posible segunda ola de COVID-19

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El ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo esta tarde que el Sistema Nacional de Salud está listo para atender a la ciudadanía ante una posible segunda ola de contagios de COVID-19, luego de que en los últimos días se ha experimentado un aumento de nuevos casos por día.

«La población salvadoreña puede tener esa tranquilidad. Tenemos un sistema de salud que está preparado para atender una crisis sanitaria en relación a una enfermedad infectocontagiosa, en este caso el coronavirus. Tenemos más de 2,000 camas disponibles en la red nacional de hospitales para dar esa atención necesaria, está activado el Sistema de Emergencias Médicas a través del call center», dijo Alabi.

Según datos del Ministerio de Salud, en los últimos cuatro días ha habido un «incremento inusual» de contagios.  El 9 de octubre se confirmaron 119 contagios; el 10 de octubre se detectaron 126 casos; el 11 de octubre, 139 casos; y ayer, 145 nuevos contagios, cuando lo normal era entre 70 y 100 casos por días, explicó Alabi.

«Hoy más que nunca le pido a la población salvadoreña, le pido a los diferentes sectores, a los medios de comunicación, a la empresa privada, que debemos tener un solo objetivo, y ese objetivo es el que el presidente de la República nos ha encomendado: salvaguardar la vida de la población salvadoreña», exhortó el ministro en conferencia de prensa.

Alabi consideró que el aumento de casos podría deberse al incremento de la exposición de las personas por la reapertura económica, la reanudación del transporte colectivo y la apertura de espacios deportivos. «Es importante que tomemos consciencia y sobre todo que como población salvadoreña tomemos las medidas y los protocolos de bioseguridad», declaró.

El presidente Bukele publicó anoche en su cuenta de Twitter que dependerá de la población que este incremento de casos se convierta o no en un repunte de la curva epidemiológica, que se ha mantenido estable en las últimas semanas.

Según el sitio https://covid19.gob.sv/, a la fecha en El Salvador se han confirmado 30,480 casos de COVID-19, de los cuales 25,857 ya superaron la enfermedad, 3,724 contagios todavía están activos y 899 personas han fallecido.

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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación

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Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.

En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.

El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.

En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.

Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.

Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.

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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín

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El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.

De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.

El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.

Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.

Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.

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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.

La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.

Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.

Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales

Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.

El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.

Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.

Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.

Uso de inteligencia artificial en la administración pública

La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.

No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.

Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.

Límites al uso de IA en la administración de justicia

En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.

Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.

El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.

Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.

Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.

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