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Mayoría de ciudadanos de Santa Tecla quiere afuera de alcaldía a d´Aubuisson por su nefasta gestión
El alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson, ha recibido un rotundo rechazo de la población de Santa Tecla que lo quiere fuera de la alcaldía, según arroja una encuesta elaborada recientemente para el municipio por la Universidad Francisco Gavidia.
Tal es la debacle que está a 25 puntos de distancia del candidato de Nuevas Ideas, que puntea en la encuesta y a cinco décimas de pasar al tercer lugar en la competencia municipal.
Según la consulta levantada por esa casa de estudios, el candidato para la alcaldía de Santa Tecla por Nuevas Ideas, Henry Flores, lidera la intención de voto con un 39.6% de respaldos, mientras que el actual jefe de comuna, representante del partido ARENA, apenas recibe un 14.6% de apoyos de la ciudadanía.
Muy cercano a d´Aubuisson aparece el aspirante de GANA, Erick Benítez, con el 14.2%, seguido de la aspirante efemelenista Yeymi Muñoz, con el 5.2% de intención de voto, y Wendy Alfaro, de Vamos, con el 4%.
Cierran con el 1.4% de aceptación, Eduardo Arévalo, del PDC; Julio Ramírez, del CD, con el 1% y Álvaro Monroy, del PCN, con el 0.6% de las intenciones de voto, arroja la encuesta.
Estos resultados, a dos meses y medio de las elecciones municipales del próximo 28 de febrero, ponen cuesta arriba las aspiraciones del alcalde tecleño, quien ha recibido críticas frecuentes a lo largo de su gestión en Santa Tecla debido al incremento de impuestos y el descuido del municipio.
La caída del alcalde arenero tiene como preámbulo un largo historial de errores y abusos cometidos desde la alcaldía en contra de los intereses de la ciudadanía y de los trabajadores de la comuna capitalina.
Este prontuario de abusos de d´Aubuisson incluye la firma de un pacto oscuro por medio del cual entregó a la empresa TECLASEO todos los derechos para adjudicarse los ingresos provenientes de la disposición de los desechos sólidos por 24 años.
A esto se añade el despido de 159 trabajadores como consecuencia de la privatización del tratamiento de los desechos que genera el municipio, cuyo proceso de indemnización no ha estado exento de irregularidades.
La oscuridad de este convenio con TECLASEO también se ilustra con el blindaje del contrato durante tres años, en los cuales ningún ciudadano que tenga interés en conocer los pormenores de este documento tendrá acceso hasta 2021.
En estos momentos, el alcalde también se encuentra en desacato judicial, debido a que no ha cumplido una resolución que le obliga a reinstalar a los 159 trabajadores que despidió para crear la empresa mixta que le otorga a TECLASEO una serie de beneficios que van en detrimento de la ciudadanía tecleña y de los trabajadores.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
