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Mayoría de ciudadanos de Santa Tecla quiere afuera de alcaldía a d´Aubuisson por su nefasta gestión
El alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson, ha recibido un rotundo rechazo de la población de Santa Tecla que lo quiere fuera de la alcaldía, según arroja una encuesta elaborada recientemente para el municipio por la Universidad Francisco Gavidia.
Tal es la debacle que está a 25 puntos de distancia del candidato de Nuevas Ideas, que puntea en la encuesta y a cinco décimas de pasar al tercer lugar en la competencia municipal.
Según la consulta levantada por esa casa de estudios, el candidato para la alcaldía de Santa Tecla por Nuevas Ideas, Henry Flores, lidera la intención de voto con un 39.6% de respaldos, mientras que el actual jefe de comuna, representante del partido ARENA, apenas recibe un 14.6% de apoyos de la ciudadanía.
Muy cercano a d´Aubuisson aparece el aspirante de GANA, Erick Benítez, con el 14.2%, seguido de la aspirante efemelenista Yeymi Muñoz, con el 5.2% de intención de voto, y Wendy Alfaro, de Vamos, con el 4%.
Cierran con el 1.4% de aceptación, Eduardo Arévalo, del PDC; Julio Ramírez, del CD, con el 1% y Álvaro Monroy, del PCN, con el 0.6% de las intenciones de voto, arroja la encuesta.
Estos resultados, a dos meses y medio de las elecciones municipales del próximo 28 de febrero, ponen cuesta arriba las aspiraciones del alcalde tecleño, quien ha recibido críticas frecuentes a lo largo de su gestión en Santa Tecla debido al incremento de impuestos y el descuido del municipio.
La caída del alcalde arenero tiene como preámbulo un largo historial de errores y abusos cometidos desde la alcaldía en contra de los intereses de la ciudadanía y de los trabajadores de la comuna capitalina.
Este prontuario de abusos de d´Aubuisson incluye la firma de un pacto oscuro por medio del cual entregó a la empresa TECLASEO todos los derechos para adjudicarse los ingresos provenientes de la disposición de los desechos sólidos por 24 años.
A esto se añade el despido de 159 trabajadores como consecuencia de la privatización del tratamiento de los desechos que genera el municipio, cuyo proceso de indemnización no ha estado exento de irregularidades.
La oscuridad de este convenio con TECLASEO también se ilustra con el blindaje del contrato durante tres años, en los cuales ningún ciudadano que tenga interés en conocer los pormenores de este documento tendrá acceso hasta 2021.
En estos momentos, el alcalde también se encuentra en desacato judicial, debido a que no ha cumplido una resolución que le obliga a reinstalar a los 159 trabajadores que despidió para crear la empresa mixta que le otorga a TECLASEO una serie de beneficios que van en detrimento de la ciudadanía tecleña y de los trabajadores.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
