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Más señalamientos de corrupción contra el ex fiscal Douglas Meléndez: El prófugo Funes Cartagena dice deliberadamente evito investigar a varias personas que eran parte de la estructura criminal en el caso saqueo público
Luego de darse a conocer que el ex presidente de la República y prófugo de la justicia Mauricio Funes será enviado a juicio por la concesión de proyectos nacionales por los recibió coimas o dádivas para el beneficio personal, las reacciones del asilado en Nicaragua, no se hicieron esperar.
A través de su cuenta de Twitter sin empacho acuso al ex fiscal DOUGLAS Meléndez por “deliberadamente” evitar investigar a la totalidad de los involucrados en una estructura “criminal” que se había enquistado en casa presidencial con la que desviaron cantidades millonarias de dinero del Erario público caso que el propio Meléndez bautizó con él nombre de “Saqueo Público”.
“La Fiscalía de Douglas Meléndez conocía este esquema criminal cuando inició las investigaciones del caso Saqueo Público, pero deliberadamente lo ignoró”.
La reacción del prófugo Mauricio Funes se da horas después de conocer que enfrentará la vista pública, en un proceso donde se le acusa de recibir una avioneta a cambio de concederle los permisos absolutos a una empresa guatemalteca para desarrollar una obra pública de construcción.
La FGR señala que la aeronave fue una dádiva a cambio de la adjudicación del proyecto de construcción del puente San Isidro, ubicado en el Río Lempa y que conecta los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango.
Pero Funes señala que el cabecilla de esa estructura criminal que operaba durante su gobierno en CAPRES la dirigía su ex secretario privado Francisco Caceres a quien Duoglas Meléndez evitó acusar, a “Chico” Caceres junto con otros ex funcionarios de casa presidencial, según se sabe el ex secretario privado es hoy el principal testigo de la fiscalía contra Funes y la camándula de acusaciones de corrupción en contra del expresidente.
EXFISCAL GENERAL DOUGLAS MELÉNDEZ TIENE ACUMULADO VARIAS DENUNCIAS PENALES EN SU CONTRA
Del exfiscal general Douglas Meléndez tras dejar la Fiscalía General de la República (FGR) se desconoce a ciencia cierta su paradero se cree que vive impunemente escondido fuera de El Salvador.
Sin embargo, uno de los últimos casos que presentó ante la opinión pública fue el caso denominado “Corruptela”, donde involucró al expresidente Funes, otros exfiscales y varias personas particulares. Dicho caso fue armado con el testimonio de personas con criterio de oportunidad, quienes, tras la salida de Meléndez del ministerio público, se retractaron y denunciaron que el exfiscal, junto a otros agentes fiscales, los coaccionó y obligó a que acusaran falsamente a los involucrados.
Seis empleados de la FGR, entre fiscales y trabajadores administrativos, denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que recibieron amenazas y torturas para obligarlos a inculpar a los procesados, con el único fin de que ese caso fuera suficiente para reelegirse en el cargo de fiscal general, situación que no sucedió.
“El exfiscal Douglas Meléndez todos los día daba conferencias de prensa, mandaba tweets y estaba activo en todos los centros de pensamiento y cuerpo diplomático. Ahora con el destape jurídico y graves señalamientos y denuncias penales en su contra ha quedado demostrado en resoluciones internacionales, que todo lo fabricaba por encargo”, han denunciado abogados.
“Justamente así lo denunció también el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ya que en su momento señaló a Meléndez de también proteger a los políticos por negociar con pandillas, como en el caso de Ernesto Muyshondt, que pese a tener acceso a las pruebas decidió no procesarlo en su momento”, acotó.
#Nacional| El expresidente y prófugo de la justicia Mauricio Funes señala que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez sabía de los movimientos ilegales de enriquecimiento ilícito que se realizaban cuando se empezó a investigar el caso de Saqueo Público, pero ignoraba los hechos. pic.twitter.com/87Iq8sspbQ
— La Noticia SV (@lanoticiasv) February 24, 2023
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
