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Nacionales

Luego de 40 años, Gobierno ratificará convenios de la OIT a favor de la clase trabajadora

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Por primera vez en la historia de El Salvador, el Gobierno se unió a la lucha de los sindicatos salvadoreños en un evento conmemorativo por el Día Internacional de los Trabajadores. 

Fueron cientos de representantes de sindicatos y de sus juntas directivas los que desde tempranas horas de ayer optaron por concentrarse en un hotel capitalino, atendiendo la convocatoria que hizo el gobierno del presidente Nayib Bukele en lugar de realizar las usuales marchas que durante los gobiernos anteriores se llevaban a cabo.

«En esta reunión se pretendió lograr una concentración completamente distinta a la que la política tradicional ha promovido en el pasado, con mucha crítica y discurso ideologizado y poca sustancia en materia de bases concretas para las y los trabajadores salvadoreños», fueron las palabras con las que inició su discurso el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro.

Junto a él, también presidió el evento el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y los diferentes representantes de los sindicatos salvadoreños.

«Vinimos a escuchar el compromiso del Gobierno con la clase trabajadora en general», expresaban varios sindicalistas en el lugar, mientras sostenían sus pancartas que denotaban un fuerte apoyo a la gestión del presidente Bukele.

Tal como lo demandaba la clase trabajadora, el secretario jurídico de la presidencia fue el encargado de anunciar cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que serán presentados este día en la Asamblea Legislativa para que sean ratificados a favor de este sector «que durante años ha sido vulnerado».

El convenio 102 relativo a la norma mínima de seguridad social para las y los trabajadores, convenio 148 sobre los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire y otros rubros en el lugar de trabajo, convenio 154 sobre la negociación colectiva, convenio 183 sobre la protección de maternidad, convenio 190 para la eliminación del acoso y violencia en el trabajo; son los cinco tratados que se llevarán hoy al Órgano Legislativo, «después de estar congelados durante 25, 30 y 40 años».

«Además anunciamos que, a petición del ministro de Trabajo, en concejo de ministros, se aprobó la creación de la unidad de procuración y defensoría de los y las trabajadores ante los tribunales de justicia», informó Conan Castro.

Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia.

Del igual manera, el ministro Rolando Castro añadió que, durante el mes de mayo, se inaugurará la construcción de un centro médico de atención de salud general y especialidades para todos los afiliados a los sindicatos del país. 

Asimismo, anunció que el gobierno no presentará una reforma de pensiones si no va discutida y analizada previamente por la clase trabajadora. «Por ello anunciamos que, a partir de hoy armaremos un cronograma de reuniones con todos los dirigentes sindicales para que analicemos y planteemos una reforma», manifestó.

Rolando Castro, ministro de Trabajo.

Por su parte, Ricardo Meléndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS) aseguró sentirse satisfecho con los anuncios que brindaron los funcionarios del gobierno del presidente Bukele.

«Es una gran efeméride que se nos den estos anuncios y celebrar así el 139 aniversario de los mártires de Chicago en una concentración por primera vez junto al Gobierno», expresó.

Del mismo modo, Julio Leiva, integrante de Sitracorreos, dijo que le parece «excelente» que el gobierno busque ratificar convenios de la OIT que la clase trabajadora espera desde hace 40 años.

Nacionales

Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros

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Este día, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Departamento de Investigaciones e Inteligencia Migratoria, realizó un operativo en la tienda “O” de El Salvador, dedicada a la venta de artículos para el hogar, ante la presunción de que se estarían cometiendo delitos relacionados con estafa y otras irregularidades migratorias y laborales.

La intervención se llevó a cabo luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber pagado por productos que nunca recibieron. Según los testimonios recopilados, tras concretar las compras, los responsables de la tienda brindaban diversas excusas para justificar la falta de entrega, como supuestos atrasos en embarcaciones, sin que los clientes obtuvieran respuesta ni devolución del dinero.

Las autoridades identificaron que en el establecimiento laboran tanto salvadoreños como ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, se determinó que los trabajadores de nacionalidad guatemalteca no poseen autorización ni permisos para ejercer actividades laborales en el país. Además, se constató que están recibiendo pagos en efectivo, lo que sugiere una posible evasión de impuestos por parte del empleador.

De acuerdo con los registros migratorios, estas personas ingresaron a El Salvador en calidad de turistas durante el año 2024, por lo que su actual actividad laboral representa una infracción a la Ley migratoria vigente.

Asimismo, se ha establecido que el propietario de la tienda es de nacionalidad guatemalteca. Según los movimientos migratorios, debería encontrarse en territorio salvadoreño; sin embargo, a través de información recabada por otras fuentes no reveladas, indica que actualmente se encuentra en Guatemala, lo que sugiere que habría evadido los controles migratorios para salir del país.

Según lo establecido en la legislación nacional, corresponde a la DGME verificar las actividades que realizan las personas extranjeras en El Salvador.

A raíz de los hallazgos obtenidos en el operativo, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se proceda con las investigaciones necesarias y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.

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Nacionales

Ministro Gustavo Villatoro: «Marina Nacional es la única que ha puesto orden y autoridad en aguas internacionales»

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Tras la reciente incautación de una tonelada de cocaína al suroeste del Estero de Jaltepeque, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el papel de la Marina Nacional como una fuerza que ha logrado imponer autoridad en aguas internacionales, donde históricamente predominaba el tráfico de drogas.

La operación fue ejecutada el pasado martes 6 de mayo a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) de la Bocana El Cordoncillo, donde se interceptó una embarcación pesquera artesanal con el cargamento ilícito. En declaraciones posteriores, Villatoro aseguró que El Salvador está demostrando al mundo su capacidad para combatir el narcotráfico, incluso más allá de sus fronteras.

La Fuerza Naval Tridente está demostrando lo que se puede lograr con decisión firme. Estamos tomando control en millas náuticas tan distantes como la 500, 600, hasta la 1,000”, afirmó el ministro, subrayando que solo la Marina salvadoreña ha logrado imponer orden en esa “autopista de aguas internacionales” por la que transitaba libremente la droga.

Villatoro también respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al señalar que el actual Gobierno no está vinculado al narcotráfico. “Estamos demostrando que no solo no tenemos nexos, sino que lideramos con firmeza el combate a este flagelo. Contamos con equipos de rayos X y políticas claras en nuestros puertos para escanear lo que sale hacia Europa y Estados Unidos”, enfatizó.

El titular de Seguridad comparó este esfuerzo con la guerra contra las pandillas, indicando que, al igual que en ese combate, se enfrentan a sectores que —según él— terminan defendiendo intereses criminales. “Solo en la cabeza de retrógradas pueden pensar que estamos vinculados con estas actividades”, afirmó.

Finalmente, Villatoro reiteró que seguirán trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República para mantener y reforzar el combate al narcotráfico. Según cifras oficiales, en el último año El Salvador ha incautado aproximadamente 28.2 toneladas de droga, valoradas en unos $706.8 millones.

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Judicial

Auditoría revela pagos excesivos durante gestión de Nercy Montano en Soyapango

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Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.

Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.

La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.

De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.

La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.

Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.

El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.

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