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Los proyectos para mejorar la infraestructura vial y conectividad del país llegan cada día a más salvadoreños
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele está dinamizando el desarrollo de las zonas rurales y turísticas del país, a través de la pavimentación de calles. En lo que va del año el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) trabajan en la rehabilitación de cientos de kilómetros de carreteras en diferentes puntos del país.
Solo ayer se hizo la entrega de la rehabilitación de 44 kilómetros de carretera, entre los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán. Una vía estratégica por donde transita buena parte del turismo salvadoreño que visita la Ruta de Las Flores.
Hace unos días también se llevó a cabo la entrega del proyecto de pavimentación de 2.72 kilómetros del camino rural que conecta a los municipios de San Simón y San Isidro, Morazán, que ya está beneficiando a más de 14,000 habitantes de la zona. Los pobladores de San Simón y San Isidro, con la obra tiene mejor acceso a lugares de asistencia social, mayores oportunidades de incrementar su producción agrícola y ganadera, el comercio de sus productos en otros mercados y ahorro en tiempos y costos de traslado.
Además, están en ejecución los trabajos en calle de cantón Tierra Blanca, Chirilagua, San Miguel. Son un total de 15 kilómetros de la ruta los que serán pavimentados.
Asimismo, el Gobierno desarrolló este año la pavimentación de 6 kilómetros de la calle que va desde el cantón Garita Palmera hasta el cantón El Zapote, San Francisco Menéndez, Ahuachapán, una obra que contribuyó a potenciar el turismo y el desarrollo de la zona.
En el occidente del país se finalizó con la reconstrucción vial desde el kilómetro 5 a Acajutla hasta La Hachadura. Son 43 kilómetros en total. También concluyó con el proyecto de Santa Isabel Ishuatán a Acajutla, que son 22 kilómetros.
Este año también hizo la entrega de importantes ejes viales de San Salvador, totalmente renovados, que suman 18.44 kilómetros. Los ejes viales intervenidos fueron: el bulevar Venezuela, el bulevar del Hipódromo, la alameda Manuel Enrique Araujo y la carretera Panamericana, desde el bulevar del Ejército hasta el desvío a San Martín.
El año pasado el Gobierno logró reducir la mora vial que heredó. Esta pasó del 23.23 % en 2018, a 15.92 % en 2021. En ese mismo año se invirtieron $194.38 millones en el tema del mantenimiento vial.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
