Nacionales
Los proyectos para mejorar la infraestructura vial y conectividad del país llegan cada día a más salvadoreños
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele está dinamizando el desarrollo de las zonas rurales y turísticas del país, a través de la pavimentación de calles. En lo que va del año el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) trabajan en la rehabilitación de cientos de kilómetros de carreteras en diferentes puntos del país.
Solo ayer se hizo la entrega de la rehabilitación de 44 kilómetros de carretera, entre los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán. Una vía estratégica por donde transita buena parte del turismo salvadoreño que visita la Ruta de Las Flores.
Hace unos días también se llevó a cabo la entrega del proyecto de pavimentación de 2.72 kilómetros del camino rural que conecta a los municipios de San Simón y San Isidro, Morazán, que ya está beneficiando a más de 14,000 habitantes de la zona. Los pobladores de San Simón y San Isidro, con la obra tiene mejor acceso a lugares de asistencia social, mayores oportunidades de incrementar su producción agrícola y ganadera, el comercio de sus productos en otros mercados y ahorro en tiempos y costos de traslado.
Además, están en ejecución los trabajos en calle de cantón Tierra Blanca, Chirilagua, San Miguel. Son un total de 15 kilómetros de la ruta los que serán pavimentados.
Asimismo, el Gobierno desarrolló este año la pavimentación de 6 kilómetros de la calle que va desde el cantón Garita Palmera hasta el cantón El Zapote, San Francisco Menéndez, Ahuachapán, una obra que contribuyó a potenciar el turismo y el desarrollo de la zona.
En el occidente del país se finalizó con la reconstrucción vial desde el kilómetro 5 a Acajutla hasta La Hachadura. Son 43 kilómetros en total. También concluyó con el proyecto de Santa Isabel Ishuatán a Acajutla, que son 22 kilómetros.
Este año también hizo la entrega de importantes ejes viales de San Salvador, totalmente renovados, que suman 18.44 kilómetros. Los ejes viales intervenidos fueron: el bulevar Venezuela, el bulevar del Hipódromo, la alameda Manuel Enrique Araujo y la carretera Panamericana, desde el bulevar del Ejército hasta el desvío a San Martín.
El año pasado el Gobierno logró reducir la mora vial que heredó. Esta pasó del 23.23 % en 2018, a 15.92 % en 2021. En ese mismo año se invirtieron $194.38 millones en el tema del mantenimiento vial.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
