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VIDEOS: Inicia juicio contra Mario Huezo, acusado de quitarle la vida a Karla Turcios, FGR busca pena de 50 años
Este lunes, en el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida Libre de Violencia para las Mujeres, ha inicia el juicio contra Mario Huezo, quien es acusado de quitarle la vida a la periodista Karla Turcios.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dicho que solicitará la pena de 50 años de cárcel para Huezo, debido a que hay suficientes pruebas para demostrar que planeó el asesinato de la periodista.
“La Fiscalía viene preparada para solicitar que se admita toda la prueba. Tenemos una investigación sostenida en prueba técnica, pericial y testimonial“, expresó uno de los fiscales del caso.
Según las investigaciones, el pasado 14 de abril de 2018, Mario Huezo asfixió a su esposa en la cama de habitación donde ellos residían.
Posteriormente a quitarle la vida, Huezo llevó el cadáver de la periodista en el baúl de su vehículo hasta la carretera Longitudinal del Norte, en el municipio de Santa Rosa Guachipilín, departamento de Santa Ana, donde lo lanzó en una vereda.
Para despistar a las autoridades, el sujeto fingió que su esposa había desaparecido y divulgó esa información en redes sociales.
Pero las investigaciones arrojaban muchos indicios sobre la implicación de Huezo en el crimen, por lo que se cotejó la información de su celular y el recorrido que hizo en su vehículo el día de los hechos, lo que determinó que él fue quien abandonó el cuerpo de Turcios.
Las autoridades sostienen que Turcios habría sido asesinada por misoginia o desprecio a su condición de ser mujer, indicó en su momento Graciela Sagastume, coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad (DNMPV) de la FGR.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
