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VIDEO | “Usted debe estar acostumbrada a ese tipo de comentarios como periodista”, dijo la jueza 7° de Paz a la comunicadora de canal 10, víctima de acoso sexual durante una transmisión en vivo

Medidas sustitutivas a la cárcel mientras continúa el proceso en contra del militante de ARENA, Jaime Ulises Perla, fue la decisión de la jueza 7° de Paz en el caso de acoso sexual contra la periodista Wendy Hernández, de canal 10, quien fue víctima de dicho delito durante una transmisión en vivo.
La periodista reacciono indignada debido a las palabras manifestadas por la jueza durante la audiencia. “Usted debe estar acostumbrada a ese tipo de comentarios como periodista Eso es lo que escuché de la JUEZA en la audiencia inicial contra el señor Perla, quien gozará de medidas sustitutivas a la detención”, manifestó la comunicadora.
La Fiscalía, en tanto, aseguró que la jueza “minimizó” el caso de acoso sexual e interpondrá una apelación a la resolución de la juzgadora.
“La víctima tiene derecho a que sea tratada con dignidad y respeto (…) Este día se revictimizó a la víctima por parte de la señora jueza que dijo que ella, por su labor de periodista, debe estar acostumbrada a ese trato, es decir que por la labor que realiza la victima debe ser acosada”, manifestó la fiscal del caso.
Perla, militante del partido de ultraderecha, que durante el conteo de votos acosó a la comunicadora, asegura desconocer por qué se le ha dado tanto importancia a lo que él consideró “un trato con respeto a la señorita, como un vaso frágil”.
El acusado no podrá acercarse a la víctima, no podrá salir del país y deberá presentarse a firmar al juzgado, según la decisión de la jueza.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
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Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.