Judicial
Verónica Monge presentó denuncia ante Fiscalía por haber sido involucrada en caso de la «roba maridos» de San Miguel
Verónica Monge cumplió con lo que dijo, y este miércoles buscó ayuda en el Institulo Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y posteriormente puso la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), oficina La Sultana.
«Fui a ISDEMU, pero de allá me mandaron a la fiscalía, me dijeron que antes tenía que venir aquí a poner la denuncia», dijo la joven madre, quien ha sido relacionada con el caso de un banner que apareció es postes del tendido eléctrico y telefónico de calles y avenidas de San Miguel.
La joven de 24 años, quien está acompañada y tiene un trabajo formal, recurrió a estas dos instituciones para limpiar su nombre, y para que le ayudaran en su caso, ya que amigos, compañeros de trabajo y familiares le preguntaron qué estaba pasando, y de quién eran las fotos de una mujer que aparecía mostrando sus partes íntimas, y que según las publicaciones difundidas en redes sociales era ella.
Monge también teme perder su trabajo, por lo que buscó ayuda profesional, de las instituciones que consideró competentes.
Una de estas cuentas fue la de «Respeto Respetuoso», en Facebook. Para sorpresa, luego de la publicación de El Salvador Times, el post que relacionaba a Monge, ya no estaba.
Los mismos encargados de la cuenta de Faceboook publicaron esta mañana la siguiente nota: «Usualmente aquí todo es jodarria, mas que todo con los políticos, aunque algunas veces nos desviamos del tema, eso fue lo que sucedió con el caso de Verónica Monge, alguien nos envió la información afirmando que era ella la #LadyRobaMaridos, a un administrador le pareció divertido y decidió publicarlo, la información era FALSA, y aunque hubiese sido la persona correcta; no era adecuado publicarlo», reza la primera parte de la nota aclaratoria.
Luego agregó: «Sabemos que no hemos sido la única página que lo hizo, pero aceptamos que contribuimos a cualquier daño que a esta persona pueda ocasionarle dicha publicación, por tal motivo la publicación fue borrada y dicho administrador removido de la página, desgraciadamente no nos queda mas que ofrecerle una disculpa (aunque sabemos que no repara el daño ocasionado). Por favor, así como muchas veces comparten nuestros memes, les pedimos su colaboración para compartir este estado para que de alguna forma ayudemos a limpiar su imagen», concluyó.
De hecho, la captura de pantalla de la cuenta de Verónica Monge en Faceboook ya no está. En ella aparecía junto a su pequeña hija, algo que también molesto a la capitalina.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
