Judicial
Vanda Pignato asegura no recibir dinero de la Secretaría de Inclusión Social, FGR sostiene que recibe $6,000
Con dificultad para emitir palabras, la exprimera Dama de la República, Vanda Pignato, decidió aclarar que no recibe ningún dinero del Estado salvadoreño, por lo que indicó que no obtiene el salario que recibía cuando fungía como secretaria de Inclusión Social.
«Yo no estoy bien, solo salí para agradecer a los salvadoreños que creen en mi inocencia. Los amigos de la Fiscalía han dado a entender que yo estoy recibiendo dinero del Gobierno y no es verdad», comentó Pignato, quien estuvo a punto de llorar al brindar las declaraciones.
«No estoy laborando como funcionaria en este momento, cuando salga de aquí, porque voy a salir libre, es que yo voy a regresar como funcionaria en ese puesto», aseguró Pignato, quien se presentó ante el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador, instancia en donde se instaló una audiencia especial para conocer qué medida cautelar le impondrían tras ser acusada por simulación del delito.
La Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye un caso en el que ella pasó de ser víctima a ser imputada, debido a que en noviembre de 2016 ella acudió al ministerio público para denunciar una supuesta falsificación de su firma en una venta de un vehículo que tiene qué ver con Miguel Menéndez, conocido como «Mecafe».
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
