Judicial
Sujetos vestidos como policías le disparan 15 veces a agricultor tras discusión
Una trampa planificada con mucho tiempo de anticipación llevó a la muerte a un joven que se dedicaba a labores agrícolas. Su nombre era Oscar Alexander Vásquez Beltrán, de 23 años, oriundo de Rosario de Mora, al sur de San Salvador.
Cuando el reloj marcó las 7:00 de la noche del 27 de marzo de 2015, el joven cabalgaba sobre su caballo por la calle principal del caserío El Cusuquito, del cantón El Carrizal, en Rosario de Mora. Como todos los días, Oscar Alexander regresaba a casa tras realizar las labores agrícolas que hacía.
A la altura de la finca La Naranjera se encontraban nueve sujetos vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC), portaban armas cortas –pistolas y revólver- y uno de ellos conocido como Mario Jorge Gutiérrez, alias “El Cano”, tenía en sus manos un fusil M-16, como los que utilizan los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), según consta en el expediente judicial del caso.
Los sujetos, sin embargo, no eran una patrulla policial, son miembros de la pandilla 18 que opera en el municipio y varios de ellos son familiares entre sí. De acuerdo a las investigaciones fiscales, los atacantes fueron identificados como Alfredo Hernández Gutiérrez, “el Maduro”, de 30 años; Mario Jorge Gutiérrez, “el Cano”, de 26; Noé Jorge Miranda, “el Chiqui”, de 20; Eduardo Jorge Álvarez, “Demente”, de 22; Orlando Aguilar, “Rambo”, de 22; Álvaro Aguilar, “Lico”, de 20; Luis Vásquez Aguilar, “Gasper” de 23; y Jaime Antonio Vásquez Aguilar, “El Cacha” de 21 años de edad.
La discusión que terminó en asesinato
Según declaraciones vertidas por el testigo con clave “Dinastía”, que cuenta con régimen de seguridad de acuerdo a la Ley Especial para Protección de Testigos y Víctimas, los hombres simulaban brindar protección en la zona, pero cuando el joven pasó frente a ellos lo rodearon. Inició una discusión, pero el testigo no logró escuchar el motivo de esta.
Tras una notoria furia, “el Cano”, quien portaba el fusil, inició el ataque armado. Este disparó en varias ocasiones en la espalda del joven agricultor, por lo que cayó al suelo; en el desparpajo, el caballo corrió en dirección al caserío La Ermita.
El tiroteo contra Vázquez Beltrán continuó por parte de los sujetos. Luego de disparar por 15 ocasiones, como lo señala el peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal (IML), los hombres huyeron hacia una quebrada conocida como El Chagüite, informó “Dinastía”.
El cuerpo del joven quedó tendido sobre el suelo, debido a que murió instantáneamente, luego de haber recibido disparos en su cabeza, en su rostro, abdomen, tórax, espalda, miembros superiores e inferiores. El testigo explicó que la víctima no pertenecía a ninguna pandilla.
El proceso de condena
Los sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que tres de ellos fueron intimados en las bartolinas de San Marcos. A los nueve acusados se les imputa el delito de homicidio agravado.
De ellos, el Tribunal 3° de Sentencia instaló la audiencia de vista pública en contra de Jaime Antonio Vásquez Aguilar, “el Cacha”, luego de que la FGR lograra individualizar el caso, por lo que tras un proceso en donde desfilaron pruebas testimoniales, periciales y documentales le impuso un total de 30 años de prisión.
“El Cacha” pasará interno en el penal de San Francisco Gotera, Morazán, donde ya estaba recluido y desde donde escuchó su condena a través de un enlace de videoconferencia.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
