Judicial
Sujetos vestidos como policías le disparan 15 veces a agricultor tras discusión
Una trampa planificada con mucho tiempo de anticipación llevó a la muerte a un joven que se dedicaba a labores agrícolas. Su nombre era Oscar Alexander Vásquez Beltrán, de 23 años, oriundo de Rosario de Mora, al sur de San Salvador.
Cuando el reloj marcó las 7:00 de la noche del 27 de marzo de 2015, el joven cabalgaba sobre su caballo por la calle principal del caserío El Cusuquito, del cantón El Carrizal, en Rosario de Mora. Como todos los días, Oscar Alexander regresaba a casa tras realizar las labores agrícolas que hacía.
A la altura de la finca La Naranjera se encontraban nueve sujetos vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC), portaban armas cortas –pistolas y revólver- y uno de ellos conocido como Mario Jorge Gutiérrez, alias “El Cano”, tenía en sus manos un fusil M-16, como los que utilizan los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), según consta en el expediente judicial del caso.
Los sujetos, sin embargo, no eran una patrulla policial, son miembros de la pandilla 18 que opera en el municipio y varios de ellos son familiares entre sí. De acuerdo a las investigaciones fiscales, los atacantes fueron identificados como Alfredo Hernández Gutiérrez, “el Maduro”, de 30 años; Mario Jorge Gutiérrez, “el Cano”, de 26; Noé Jorge Miranda, “el Chiqui”, de 20; Eduardo Jorge Álvarez, “Demente”, de 22; Orlando Aguilar, “Rambo”, de 22; Álvaro Aguilar, “Lico”, de 20; Luis Vásquez Aguilar, “Gasper” de 23; y Jaime Antonio Vásquez Aguilar, “El Cacha” de 21 años de edad.
La discusión que terminó en asesinato
Según declaraciones vertidas por el testigo con clave “Dinastía”, que cuenta con régimen de seguridad de acuerdo a la Ley Especial para Protección de Testigos y Víctimas, los hombres simulaban brindar protección en la zona, pero cuando el joven pasó frente a ellos lo rodearon. Inició una discusión, pero el testigo no logró escuchar el motivo de esta.
Tras una notoria furia, “el Cano”, quien portaba el fusil, inició el ataque armado. Este disparó en varias ocasiones en la espalda del joven agricultor, por lo que cayó al suelo; en el desparpajo, el caballo corrió en dirección al caserío La Ermita.
El tiroteo contra Vázquez Beltrán continuó por parte de los sujetos. Luego de disparar por 15 ocasiones, como lo señala el peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal (IML), los hombres huyeron hacia una quebrada conocida como El Chagüite, informó “Dinastía”.
El cuerpo del joven quedó tendido sobre el suelo, debido a que murió instantáneamente, luego de haber recibido disparos en su cabeza, en su rostro, abdomen, tórax, espalda, miembros superiores e inferiores. El testigo explicó que la víctima no pertenecía a ninguna pandilla.
El proceso de condena
Los sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que tres de ellos fueron intimados en las bartolinas de San Marcos. A los nueve acusados se les imputa el delito de homicidio agravado.
De ellos, el Tribunal 3° de Sentencia instaló la audiencia de vista pública en contra de Jaime Antonio Vásquez Aguilar, “el Cacha”, luego de que la FGR lograra individualizar el caso, por lo que tras un proceso en donde desfilaron pruebas testimoniales, periciales y documentales le impuso un total de 30 años de prisión.
“El Cacha” pasará interno en el penal de San Francisco Gotera, Morazán, donde ya estaba recluido y desde donde escuchó su condena a través de un enlace de videoconferencia.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
