Judicial
Sujetos vestidos como policías le disparan 15 veces a agricultor tras discusión
Una trampa planificada con mucho tiempo de anticipación llevó a la muerte a un joven que se dedicaba a labores agrícolas. Su nombre era Oscar Alexander Vásquez Beltrán, de 23 años, oriundo de Rosario de Mora, al sur de San Salvador.
Cuando el reloj marcó las 7:00 de la noche del 27 de marzo de 2015, el joven cabalgaba sobre su caballo por la calle principal del caserío El Cusuquito, del cantón El Carrizal, en Rosario de Mora. Como todos los días, Oscar Alexander regresaba a casa tras realizar las labores agrícolas que hacía.
A la altura de la finca La Naranjera se encontraban nueve sujetos vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC), portaban armas cortas –pistolas y revólver- y uno de ellos conocido como Mario Jorge Gutiérrez, alias “El Cano”, tenía en sus manos un fusil M-16, como los que utilizan los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), según consta en el expediente judicial del caso.
Los sujetos, sin embargo, no eran una patrulla policial, son miembros de la pandilla 18 que opera en el municipio y varios de ellos son familiares entre sí. De acuerdo a las investigaciones fiscales, los atacantes fueron identificados como Alfredo Hernández Gutiérrez, “el Maduro”, de 30 años; Mario Jorge Gutiérrez, “el Cano”, de 26; Noé Jorge Miranda, “el Chiqui”, de 20; Eduardo Jorge Álvarez, “Demente”, de 22; Orlando Aguilar, “Rambo”, de 22; Álvaro Aguilar, “Lico”, de 20; Luis Vásquez Aguilar, “Gasper” de 23; y Jaime Antonio Vásquez Aguilar, “El Cacha” de 21 años de edad.
La discusión que terminó en asesinato
Según declaraciones vertidas por el testigo con clave “Dinastía”, que cuenta con régimen de seguridad de acuerdo a la Ley Especial para Protección de Testigos y Víctimas, los hombres simulaban brindar protección en la zona, pero cuando el joven pasó frente a ellos lo rodearon. Inició una discusión, pero el testigo no logró escuchar el motivo de esta.
Tras una notoria furia, “el Cano”, quien portaba el fusil, inició el ataque armado. Este disparó en varias ocasiones en la espalda del joven agricultor, por lo que cayó al suelo; en el desparpajo, el caballo corrió en dirección al caserío La Ermita.
El tiroteo contra Vázquez Beltrán continuó por parte de los sujetos. Luego de disparar por 15 ocasiones, como lo señala el peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal (IML), los hombres huyeron hacia una quebrada conocida como El Chagüite, informó “Dinastía”.
El cuerpo del joven quedó tendido sobre el suelo, debido a que murió instantáneamente, luego de haber recibido disparos en su cabeza, en su rostro, abdomen, tórax, espalda, miembros superiores e inferiores. El testigo explicó que la víctima no pertenecía a ninguna pandilla.
El proceso de condena
Los sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que tres de ellos fueron intimados en las bartolinas de San Marcos. A los nueve acusados se les imputa el delito de homicidio agravado.
De ellos, el Tribunal 3° de Sentencia instaló la audiencia de vista pública en contra de Jaime Antonio Vásquez Aguilar, “el Cacha”, luego de que la FGR lograra individualizar el caso, por lo que tras un proceso en donde desfilaron pruebas testimoniales, periciales y documentales le impuso un total de 30 años de prisión.
“El Cacha” pasará interno en el penal de San Francisco Gotera, Morazán, donde ya estaba recluido y desde donde escuchó su condena a través de un enlace de videoconferencia.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
