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Judicial

Sujetos vestidos como policías le disparan 15 veces a agricultor tras discusión

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Una trampa planificada con mucho tiempo de anticipación llevó a la muerte a un joven que se dedicaba a labores agrícolas. Su nombre era Oscar Alexander Vásquez Beltrán, de 23 años, oriundo de Rosario de Mora, al sur de San Salvador.

Cuando el reloj marcó las 7:00 de la noche del 27 de marzo de 2015, el joven cabalgaba sobre su caballo por la calle principal del caserío El Cusuquito, del cantón El Carrizal, en Rosario de Mora. Como todos los días, Oscar Alexander regresaba a casa tras realizar las labores agrícolas que hacía.

A la altura de la finca La Naranjera se encontraban nueve sujetos vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC), portaban armas cortas –pistolas y revólver- y uno de ellos conocido como Mario Jorge Gutiérrez, alias “El Cano”, tenía en sus manos un fusil M-16, como los que utilizan los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), según consta en el expediente judicial del caso.

Los sujetos, sin embargo, no eran una patrulla policial, son miembros de la pandilla 18 que opera en el municipio y varios de ellos son familiares entre sí. De acuerdo a las investigaciones fiscales, los atacantes fueron identificados como Alfredo Hernández Gutiérrez, “el Maduro”, de 30 años; Mario Jorge Gutiérrez, “el Cano”, de 26; Noé Jorge Miranda, “el Chiqui”, de 20; Eduardo Jorge Álvarez, “Demente”, de 22; Orlando Aguilar, “Rambo”, de 22; Álvaro Aguilar, “Lico”, de 20; Luis Vásquez Aguilar, “Gasper” de 23; y Jaime Antonio Vásquez Aguilar, “El Cacha” de 21 años de edad.

La discusión que terminó en asesinato

Según declaraciones vertidas por el testigo con clave “Dinastía”, que cuenta con régimen de seguridad de acuerdo a la Ley Especial para Protección de Testigos y Víctimas, los hombres simulaban brindar protección en la zona, pero cuando el joven pasó frente a ellos lo rodearon. Inició una discusión, pero el testigo no logró escuchar el motivo de esta.

Tras una notoria furia, “el Cano”, quien portaba el fusil, inició el ataque armado. Este disparó en varias ocasiones en la espalda del joven agricultor, por lo que cayó al suelo; en el desparpajo, el caballo corrió en dirección al caserío La Ermita.

El tiroteo contra Vázquez Beltrán continuó por parte de los sujetos. Luego de disparar por 15 ocasiones, como lo señala el peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal (IML), los hombres huyeron hacia una quebrada conocida como El Chagüite, informó “Dinastía”.

El cuerpo del joven quedó tendido sobre el suelo, debido a que murió instantáneamente, luego de haber recibido disparos en su cabeza, en su rostro, abdomen, tórax, espalda, miembros superiores e inferiores. El testigo explicó que la víctima no pertenecía a ninguna pandilla.

El proceso de condena

Los sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que tres de ellos fueron intimados en las bartolinas de San Marcos. A los nueve acusados se les imputa el delito de homicidio agravado.

De ellos, el Tribunal 3° de Sentencia instaló la audiencia de vista pública en contra de Jaime Antonio Vásquez Aguilar, “el Cacha”, luego de que la FGR lograra individualizar el caso, por lo que tras un proceso en donde desfilaron pruebas testimoniales, periciales y documentales le impuso un total de 30 años de prisión.

“El Cacha” pasará interno en el penal de San Francisco Gotera, Morazán, donde ya estaba recluido y desde donde escuchó su condena a través de un enlace de videoconferencia.

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Judicial

Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán

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El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.

El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.

El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.

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Judicial

Pastor evangélico es condenado por agresión sexual a menor en La Libertad

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Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.

«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.

Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.

Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.

«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.

Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.

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Judicial

Acabó con la vida de su bebé recién nacida y recibió 30 años de prisión

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La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.

Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.

Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.

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