Judicial
Sujetos vestidos como policías le disparan 15 veces a agricultor tras discusión
Una trampa planificada con mucho tiempo de anticipación llevó a la muerte a un joven que se dedicaba a labores agrícolas. Su nombre era Oscar Alexander Vásquez Beltrán, de 23 años, oriundo de Rosario de Mora, al sur de San Salvador.
Cuando el reloj marcó las 7:00 de la noche del 27 de marzo de 2015, el joven cabalgaba sobre su caballo por la calle principal del caserío El Cusuquito, del cantón El Carrizal, en Rosario de Mora. Como todos los días, Oscar Alexander regresaba a casa tras realizar las labores agrícolas que hacía.
A la altura de la finca La Naranjera se encontraban nueve sujetos vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC), portaban armas cortas –pistolas y revólver- y uno de ellos conocido como Mario Jorge Gutiérrez, alias “El Cano”, tenía en sus manos un fusil M-16, como los que utilizan los elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), según consta en el expediente judicial del caso.
Los sujetos, sin embargo, no eran una patrulla policial, son miembros de la pandilla 18 que opera en el municipio y varios de ellos son familiares entre sí. De acuerdo a las investigaciones fiscales, los atacantes fueron identificados como Alfredo Hernández Gutiérrez, “el Maduro”, de 30 años; Mario Jorge Gutiérrez, “el Cano”, de 26; Noé Jorge Miranda, “el Chiqui”, de 20; Eduardo Jorge Álvarez, “Demente”, de 22; Orlando Aguilar, “Rambo”, de 22; Álvaro Aguilar, “Lico”, de 20; Luis Vásquez Aguilar, “Gasper” de 23; y Jaime Antonio Vásquez Aguilar, “El Cacha” de 21 años de edad.
La discusión que terminó en asesinato
Según declaraciones vertidas por el testigo con clave “Dinastía”, que cuenta con régimen de seguridad de acuerdo a la Ley Especial para Protección de Testigos y Víctimas, los hombres simulaban brindar protección en la zona, pero cuando el joven pasó frente a ellos lo rodearon. Inició una discusión, pero el testigo no logró escuchar el motivo de esta.
Tras una notoria furia, “el Cano”, quien portaba el fusil, inició el ataque armado. Este disparó en varias ocasiones en la espalda del joven agricultor, por lo que cayó al suelo; en el desparpajo, el caballo corrió en dirección al caserío La Ermita.
El tiroteo contra Vázquez Beltrán continuó por parte de los sujetos. Luego de disparar por 15 ocasiones, como lo señala el peritaje hecho por el Instituto de Medicina Legal (IML), los hombres huyeron hacia una quebrada conocida como El Chagüite, informó “Dinastía”.
El cuerpo del joven quedó tendido sobre el suelo, debido a que murió instantáneamente, luego de haber recibido disparos en su cabeza, en su rostro, abdomen, tórax, espalda, miembros superiores e inferiores. El testigo explicó que la víctima no pertenecía a ninguna pandilla.
El proceso de condena
Los sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que tres de ellos fueron intimados en las bartolinas de San Marcos. A los nueve acusados se les imputa el delito de homicidio agravado.
De ellos, el Tribunal 3° de Sentencia instaló la audiencia de vista pública en contra de Jaime Antonio Vásquez Aguilar, “el Cacha”, luego de que la FGR lograra individualizar el caso, por lo que tras un proceso en donde desfilaron pruebas testimoniales, periciales y documentales le impuso un total de 30 años de prisión.
“El Cacha” pasará interno en el penal de San Francisco Gotera, Morazán, donde ya estaba recluido y desde donde escuchó su condena a través de un enlace de videoconferencia.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
