Judicial
Sujeto lesiona a su padre con una rasuradora por no seguir sus ritos satánicos
El no tener dinero para seguir arrendando un apartamento obligó a Wilfredo G., a regresar a vivir a la casa de sus padres quienes lo recibieron bajo la condición que no practicara los ritos satánicos debido a la religión que profesaba.
Juan (nombre modificado por seguridad), un comerciante de 60 años de edad, y su esposa Sofía, de 53, tenían conocimiento de que su hijo era partícipe de una religión satánica, por lo que se dedicaba a encender todo tipo de velas para celebrar cultos.
Un mes después de haberse instalado, Wilfredo intentó golpear a su madre con una silla. Además, amenazó a muerte a sus padres luego de ser reprendido por sus prácticas y con ello faltar a la condición establecida.
Dos días después Wilfredo generó el problema que lo llevó a bartolinas. Sus padres encontraron en el interior de la vivienda una estrella de seis picos y en ella estaban posicionadas unas piedras. La pareja decidió destruir el símbolo.
Posteriormente, se dirigieron a su negocio de artesanías, mismo que se ubica entre la calle Rubén Darío y la calle Arce. A la hora del almuerzo, Juan fue a comprar los alimentos y al regresar encontró a Wilfredo gritándole a Sofía. El motivo de este arranque de enojo fue la destrucción de las piedras.
“Hasta aquí van a llegar, este será su último día”, les advirtió el sujeto, quien asumía que la residencia de sus padres estaba destinada a ser un centro para la práctica satánica.
El hombre sacó de su bolsa delantera derecha del pantalón una máquina para afeitar e hirió la mano de su padre. Debido a la lesión, Juan tuvo que ser trasladado hacia una unidad de la Cruz Roja, en donde le tuvieron que saturar uno de sus dedos con cinco puntadas.
La detención en flagrancia
Los comerciantes que se encuentran alrededor del negocio de la pareja alertaron a la Unidad de Emergencia del 911, de la Policía Nacional Civil (PNC), sobre la agresión que Wilfredo realizaba en contra de sus progenitores..
Inmediatamente, dos agentes policiales destacados en la Fuerza de Tarea del Centro Histórico, de la Delegación de San Salvador, detuvieron al sujeto cuando se desplazaba sobre el pasaje Montalvo.
Al realizarle un registro, encontraron que aún portaba la máquina para afeitar. El objeto delató la agresión, el cual se encontraba llena de la sangre de Juan.
El proceso jurídico se inició en el Juzgado 12° de Paz de San Salvador, en donde la madre del imputado declaró que su hijo los golpeaba y los mantenía amenazados de muerte a tal punto que se refería a ellos como “malditos”.
Luego de haber estado detenido provisionalmente tras ser acusado por los delitos de lesiones agravadas y amenazas, el sujeto fue enviado a juicio, pero el juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador decretó la suspensión condicional del procedimiento.
Según la resolución, Juan fue sometido a un año de reglas de conducta, por lo que no podrá residir en la casa de las víctimas, además, deberá internarse en la casa de restauración Lourdes y deberá someterse a una evaluación psicológica y psiquiátrica, no deberá ingerir alcohol ni consumir drogas.
Las reglas serán evaluadas por un juez de vigilancia penitenciaria, que verá que Wilfredo las cumpla como es requerido.
Por: El Salvador Times.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
