Judicial
Sala de lo Constitucional ordena levantamiento de todos los cercos sanitarios del país
Un total de 13 alcaldías, incluyendo la de San Salvador, tendrán que levantar los cercos sanitarios impuestos en sus municipios para prevenir los contagios de covid-19, por resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Sala admitió dos habeas corpus que alegan que dichos cercos (la orden para instalarlos) son inconstitucionales porque fueron decretados partiendo del Decreto Ejecutivo 29, que no es ley de la República. En tal sentido, los magistrados declararon las medidas cautelares, es decir, mientras resuelven la legalidad de los cercos, las alcaldías deberán retirarlos.
La denuncia fue puesta en la CSJ en contra del presidente de la República, Nayib Bukele; el ministro de la Defensa, René Merino Monroy; el directror de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas; y los alcaldes que decidieron cercar.
Los municipios que a este día mantienen las restricciones son además de la de San Salvador, la de La Libertad, Nuevo Cuscatlán, Ayutuxtepeque, Metapán, Colón, Ahuachapán, Ozatlán, Nombre de Jesús, Santa Isabel Ishuatán, Puerto El Triunfo, San Pedro Masahuat, y Santa Cruz Michapa.
Se refiere que en el cerco de La Libertad, ordenado por el presidente Bukele el pasado 17 de abril y ejecutado por la Fuerza Armada y PNC, algunas personas fueron detenidas y enviadas a centros de contención, violando sus derechos constitucionales.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
