Judicial
Sala de lo Constitucional ordena levantamiento de todos los cercos sanitarios del país
Un total de 13 alcaldías, incluyendo la de San Salvador, tendrán que levantar los cercos sanitarios impuestos en sus municipios para prevenir los contagios de covid-19, por resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Sala admitió dos habeas corpus que alegan que dichos cercos (la orden para instalarlos) son inconstitucionales porque fueron decretados partiendo del Decreto Ejecutivo 29, que no es ley de la República. En tal sentido, los magistrados declararon las medidas cautelares, es decir, mientras resuelven la legalidad de los cercos, las alcaldías deberán retirarlos.
La denuncia fue puesta en la CSJ en contra del presidente de la República, Nayib Bukele; el ministro de la Defensa, René Merino Monroy; el directror de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas; y los alcaldes que decidieron cercar.
Los municipios que a este día mantienen las restricciones son además de la de San Salvador, la de La Libertad, Nuevo Cuscatlán, Ayutuxtepeque, Metapán, Colón, Ahuachapán, Ozatlán, Nombre de Jesús, Santa Isabel Ishuatán, Puerto El Triunfo, San Pedro Masahuat, y Santa Cruz Michapa.
Se refiere que en el cerco de La Libertad, ordenado por el presidente Bukele el pasado 17 de abril y ejecutado por la Fuerza Armada y PNC, algunas personas fueron detenidas y enviadas a centros de contención, violando sus derechos constitucionales.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
