Judicial
Sala de lo Civil condena por enriquecimiento ilícito al expresidente de CSJ Agustín García Calderón
La Sala de lo Civil condena al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, por enriquecimiento ilícito y debe regresar al Estado $230,863.77, según lo ha confirmado la Fiscalía General de la República.
El 25 de mayo del año pasado los magistrados suplentes de la Cámara Primera de lo Civil lo habían exonerado argumentando que el ministerio público no probó que el expresidente del Órgano Judicial tuvo un incremento patrimonial no justificado entre el 2000 y 2009, años en los cuales García Calderón fungió como presidente de la CSJ.
Los magistrados de la cámara habían dicho que García Calderón tenía capacidad económica para ahorrar y comprar vehículos, agregaron que los fiscales de la Unidad Anticorrupción solo demostraron que fue funcionario público, pero no habían acreditado que tuvo un incremento patrimonial en exceso.
La Fiscalía acudió ante la Sala de lo Civil con una apelación mostrando su inconformidad por la exoneración dictada por la Cámara Primera de lo Civil ya que las pruebas incorporadas en la demanda eran contundentes.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promovió el juicio civil por irregularidades consistentes en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, cobros de seguros de vida pagados con fondos de la Corte Suprema de Justicia y una bonificación de retiro voluntario de la carrera judicial.
Sobre la última irregularidad planteada los fiscales expusieron en la audiencia probatoria que García Calderón pidió el retiro voluntario de la carrera judicial y beneficiarse con un bono de $28,283.64, pese a que no tenía derecho ya que hubo una preclusión del término para el período por el cual fue elegido como magistrado.
El ministerio público señaló que el exmagistrado debió seguir su jubilación apegándose a los requisitos que establece la Ley de la Carrera Judicial. Al recibir el bono hizo fraude de ley ya que los fondos salieron de la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Unidad Anticorrupción el expresidente de la CSJ, alteró el ordenamiento jurídico pues tuvo una conducta delictiva actuó y deshonró el principio de probidad que un funcionario público debe mostrar.
El Tribunal Sexto de Sentencia ha condenado al exconcejal Héctor Silva por el delito de difamación y calumnia en contra del diputado Christian Guevara. La sentencia, emitida el 27 de junio de 2024, fue confirmada el 4 de febrero por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Como parte de la resolución, Silva deberá indemnizar a Guevara con la suma de $50,000 y ofrecer una disculpa pública por los daños morales causados. Además, el exconcejal deberá pagar al Estado un total de $1,399.24 por cada uno de los delitos cometidos.
Sin embargo, Silva ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La controversia se originó tras declaraciones de Silva en un programa televisivo, donde acusó al diputado Guevara de recibir contratos publicitarios por «cientos de millas de dólares» de la Alcaldía de San Salvador, supuestamente a través de empresas vinculadas al legislador del partido Nuevas Ideas.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, enjuiciará durante cuatro semanas al exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez y varios miembros de su exconcejo por delitos de corrupción.
A la vista pública que se realiza en la sede del centro judicial de Santa Tecla han comparecido siete de los acusados, otros cinco son procesados como ausentes, gracias a las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa al Código Procesal Penal, las cuales facultan enjuiciar a imputados prófugos.
La Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en el período 2012 al 2015.
Una de las fiscales dijo que se les cuestiona por tres proyectos. El primero tiene que ver con la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Para el cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y para el parque ecológico se gastaron $260,000.
También se le acusa al prófugo exalcalde Marvin Ulises Rodríguez «de mover dinero de las cuentas del FODES que venían directamente para la alcaldía, para su cuenta personal y del tesorero municipal de ese entonces, Edwin León», manifestó la representante del ministerio público.
Documentos y pericias concluyen que Rodríguez transfirió entre $60,000 y $70,000 de los fondos FODES a su cuenta personal y lo hizo a través de transacciones bancarias.
Al comenzar la vista pública, la Fiscalía expuso al tribunal colegiado que durante el desarrollo de la diligencia presentará testimonios, pericias y documentos para acreditar los actos de corrupción consumados por los 12 acusados.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
