Judicial
Reprograman audiencia de anticipo de pruebas en caso Saqueo Público
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador suspendió este lunes la audiencia de anticipo de prueba en el caso Saqueo Público, en el cual es acusado el expresidente Mauricio Funes y 30 personas más, entre exfuncionarios y familiares del prófugo exmandatario.
La audiencia fue reprogramada para el martes 26 de este mes debido a que algunos abogados de los acusados no se presentaron a la diligencia judicial.
«Efectivamente teníamos programada para iniciar partir de las 9:00 de la mañana de este día [lunes] y hasta el viernes 29 de octubre la realización de procedimiento de declaración anticipada de un testigo que goza con régimen de protección en el caso conocido como Saqueo Público; sin embargo, se nos ha informado que no han comparecido los abogados de ciertos defendidos, visto esto se ha suspendido para este día, pero continuará mañana», explicó una fuente de la Fiscalía.
Al centro judicial de San Salvador se presentó la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y también José Miguel Menéndez Avelar, [a] «Mecafé», este último está recluido en el Sector 9 del Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
«Habían señalado la audiencia de anticipo de pruebas de un testigo criterio de parte de la Fiscalía, pero se suspendió porque no estaban todas las partes que tenían que estar presentes», apuntó Roberto Calderón, abogado defensor de «Mecafé», quien ha solicitado que se agilice el proceso y que ya no se siga dilatando la instalación de la audiencia preliminar.
«Con respecto a mi defendido, nosotros esperamos que ya no se siga dilatando el proceso, tiene tres años, cuatro meses y 20 días de estar detenido, esto genera una incertidumbre en mi cliente. Él podría seguir vinculado al proceso, pero ya no en la detención provisional porque esa es la medida más gravosa que nuestra ley nos da; sin embargo, no es justo ni conveniente que una persona tenga una incertidumbre de más de tres años sin que se haya celebrado la audiencia preliminar», indicó el abogado.
El Juzgado Octavo de Instrucción continuará el martes a las 9:00 de la mañana la audiencia de anticipo de prueba en el caso denominado por la Fiscalía como Saqueo Público, en este se señala al expresidente Funes de sustraer $351 millones provenientes de fondos públicos.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
