Judicial
Reprograman audiencia de anticipo de pruebas en caso Saqueo Público
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador suspendió este lunes la audiencia de anticipo de prueba en el caso Saqueo Público, en el cual es acusado el expresidente Mauricio Funes y 30 personas más, entre exfuncionarios y familiares del prófugo exmandatario.
La audiencia fue reprogramada para el martes 26 de este mes debido a que algunos abogados de los acusados no se presentaron a la diligencia judicial.
«Efectivamente teníamos programada para iniciar partir de las 9:00 de la mañana de este día [lunes] y hasta el viernes 29 de octubre la realización de procedimiento de declaración anticipada de un testigo que goza con régimen de protección en el caso conocido como Saqueo Público; sin embargo, se nos ha informado que no han comparecido los abogados de ciertos defendidos, visto esto se ha suspendido para este día, pero continuará mañana», explicó una fuente de la Fiscalía.
Al centro judicial de San Salvador se presentó la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y también José Miguel Menéndez Avelar, [a] «Mecafé», este último está recluido en el Sector 9 del Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
«Habían señalado la audiencia de anticipo de pruebas de un testigo criterio de parte de la Fiscalía, pero se suspendió porque no estaban todas las partes que tenían que estar presentes», apuntó Roberto Calderón, abogado defensor de «Mecafé», quien ha solicitado que se agilice el proceso y que ya no se siga dilatando la instalación de la audiencia preliminar.
«Con respecto a mi defendido, nosotros esperamos que ya no se siga dilatando el proceso, tiene tres años, cuatro meses y 20 días de estar detenido, esto genera una incertidumbre en mi cliente. Él podría seguir vinculado al proceso, pero ya no en la detención provisional porque esa es la medida más gravosa que nuestra ley nos da; sin embargo, no es justo ni conveniente que una persona tenga una incertidumbre de más de tres años sin que se haya celebrado la audiencia preliminar», indicó el abogado.
El Juzgado Octavo de Instrucción continuará el martes a las 9:00 de la mañana la audiencia de anticipo de prueba en el caso denominado por la Fiscalía como Saqueo Público, en este se señala al expresidente Funes de sustraer $351 millones provenientes de fondos públicos.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
