Judicial
Reprograman audiencia de anticipo de pruebas en caso Saqueo Público
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador suspendió este lunes la audiencia de anticipo de prueba en el caso Saqueo Público, en el cual es acusado el expresidente Mauricio Funes y 30 personas más, entre exfuncionarios y familiares del prófugo exmandatario.
La audiencia fue reprogramada para el martes 26 de este mes debido a que algunos abogados de los acusados no se presentaron a la diligencia judicial.
«Efectivamente teníamos programada para iniciar partir de las 9:00 de la mañana de este día [lunes] y hasta el viernes 29 de octubre la realización de procedimiento de declaración anticipada de un testigo que goza con régimen de protección en el caso conocido como Saqueo Público; sin embargo, se nos ha informado que no han comparecido los abogados de ciertos defendidos, visto esto se ha suspendido para este día, pero continuará mañana», explicó una fuente de la Fiscalía.
Al centro judicial de San Salvador se presentó la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y también José Miguel Menéndez Avelar, [a] «Mecafé», este último está recluido en el Sector 9 del Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
«Habían señalado la audiencia de anticipo de pruebas de un testigo criterio de parte de la Fiscalía, pero se suspendió porque no estaban todas las partes que tenían que estar presentes», apuntó Roberto Calderón, abogado defensor de «Mecafé», quien ha solicitado que se agilice el proceso y que ya no se siga dilatando la instalación de la audiencia preliminar.
«Con respecto a mi defendido, nosotros esperamos que ya no se siga dilatando el proceso, tiene tres años, cuatro meses y 20 días de estar detenido, esto genera una incertidumbre en mi cliente. Él podría seguir vinculado al proceso, pero ya no en la detención provisional porque esa es la medida más gravosa que nuestra ley nos da; sin embargo, no es justo ni conveniente que una persona tenga una incertidumbre de más de tres años sin que se haya celebrado la audiencia preliminar», indicó el abogado.
El Juzgado Octavo de Instrucción continuará el martes a las 9:00 de la mañana la audiencia de anticipo de prueba en el caso denominado por la Fiscalía como Saqueo Público, en este se señala al expresidente Funes de sustraer $351 millones provenientes de fondos públicos.
Judicial
Alias ‘Pato’, miembro de la MS-13, seguirá preso
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional para Esteban Francisco González Cárcamo, alias Pato, quien es procesado por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Los señalamientos fiscales perfilan a González Cárcamo como homeboy de la Mara Salvatrucha, quien forma parte de la clica Herraduras Criminales Locos Salvatruchas que delinque principalmente en el distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia de imposición de medidas, bastaron para que el juez del caso ordenara que alias Pato siga preso mientras el ministerio público continúa con las investigaciones.
«Entre las pruebas se encuentran el perfil delincuencial, informes de inteligencia policial, análisis de tatuajes y antecedentes penales por delitos como amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas. Dada la contundencia de estas evidencias, la autoridad judicial consideró mantener al imputado en detención provisional mientras el caso avanza en la etapa de Instrucción, detallaron fuentes judiciales.
El sospechoso fue arrestado por la Policía el pasado 5 de enero en el distrito de San Dionisio, jurisdicción de Usulután Este. Su historial delictivo data desde el 2007 por los delitos de: agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial y amenazas.
Las autoridades informaron que este pandillero será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde otros criminales cumplen sus condenas.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.