Judicial
Reconstruirán por segunda vez la escena donde desapareció la agente Carla Ayala
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, ha programado para mañana a las 7 de la noche realizar una segunda reconstrucción de hechos en el caso la desaparición de la agente Carla Ayala, ocurrida la madrugada del 29 de diciembre, luego de asistir a una fiesta navideña en la sede policial el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).
La diligencia tiene como objeto aclarar elementos confusos alrededor del hecho, así como indagar dudas para conocer la verdad, según lo manifestó el juez Roberto Arévalo Ortuño.
De acuerdo al requerimiento fiscal el 28 de diciembre de 2017 a las 6:00 p.m. se realizó una fiesta en el cuartel del GRP ubicado en Calle Principal de la Residencial San Fernando, Calle Antigua a Huizúcar, de esta capital, a la cual también acudieron familiares cercanos a los agentes, así como amistades de otras unidades policiales.
A las 10:40 de la noche finalizó dicha fiesta y ordenaron ir a dejar a las viviendas a los asistentes que no llevaron vehículos, siendo Ovidio Pacheco y Wilfredo Deras los delegados en llevar a Carla Ayala al sector de Apopa. Pero además de la víctima ingresó al vehículo Juan Josué Castillo Arévalo y cuando se conducían por el sector de la colonia La Gloria, en Mejicanos, se escuchó un disparo en el interior; los encargados decidieron retornar a la base sin percatarse de las condiciones de salud de Ayala y Castillo.
Al llegar a la base, Ovidio y Wilfredo bajaron a informar lo sucedido pero cuando regresan al auto observan que Castillo encendió el vehículo y se retiró con la víctima, luego se realizó una persecución pero sin resultado alguno.
Fiscalía manifiesta que a las 4:05 de la mañana del día 29, Castillo llegó sin Carla y entregó las llaves del vehículo al comandante Juan Antonio Linares quien estaba acompañaba de Josué Pérez, éstos agentes presuntamente ya sabían que debían detener a Castillo pero no lo hicieron. Un inspector que vio a Castillo lo persigue, pero dos sujetos (Atilio e Isaac) lo esperaban en un vehículo por lo que disparó pero éste no se detuvo; al perseguirlos logran alcanzarlos en el Árbol de la Paz capturando a los dos sujetos pero Castillo no se encontraba.
La reconstrucción en su segunda fase se hará en el segundo recorrido que hizo el agente Castillo Arévalo ara determinar porque no fue arrestado por sus compañeros.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
