Judicial
Reconstruirán por segunda vez la escena donde desapareció la agente Carla Ayala
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, ha programado para mañana a las 7 de la noche realizar una segunda reconstrucción de hechos en el caso la desaparición de la agente Carla Ayala, ocurrida la madrugada del 29 de diciembre, luego de asistir a una fiesta navideña en la sede policial el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).
La diligencia tiene como objeto aclarar elementos confusos alrededor del hecho, así como indagar dudas para conocer la verdad, según lo manifestó el juez Roberto Arévalo Ortuño.
De acuerdo al requerimiento fiscal el 28 de diciembre de 2017 a las 6:00 p.m. se realizó una fiesta en el cuartel del GRP ubicado en Calle Principal de la Residencial San Fernando, Calle Antigua a Huizúcar, de esta capital, a la cual también acudieron familiares cercanos a los agentes, así como amistades de otras unidades policiales.
A las 10:40 de la noche finalizó dicha fiesta y ordenaron ir a dejar a las viviendas a los asistentes que no llevaron vehículos, siendo Ovidio Pacheco y Wilfredo Deras los delegados en llevar a Carla Ayala al sector de Apopa. Pero además de la víctima ingresó al vehículo Juan Josué Castillo Arévalo y cuando se conducían por el sector de la colonia La Gloria, en Mejicanos, se escuchó un disparo en el interior; los encargados decidieron retornar a la base sin percatarse de las condiciones de salud de Ayala y Castillo.
Al llegar a la base, Ovidio y Wilfredo bajaron a informar lo sucedido pero cuando regresan al auto observan que Castillo encendió el vehículo y se retiró con la víctima, luego se realizó una persecución pero sin resultado alguno.
Fiscalía manifiesta que a las 4:05 de la mañana del día 29, Castillo llegó sin Carla y entregó las llaves del vehículo al comandante Juan Antonio Linares quien estaba acompañaba de Josué Pérez, éstos agentes presuntamente ya sabían que debían detener a Castillo pero no lo hicieron. Un inspector que vio a Castillo lo persigue, pero dos sujetos (Atilio e Isaac) lo esperaban en un vehículo por lo que disparó pero éste no se detuvo; al perseguirlos logran alcanzarlos en el Árbol de la Paz capturando a los dos sujetos pero Castillo no se encontraba.
La reconstrucción en su segunda fase se hará en el segundo recorrido que hizo el agente Castillo Arévalo ara determinar porque no fue arrestado por sus compañeros.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
