Judicial
“¿Perteneces a la MS?” esto le pregunto un hombre a una joven antes de bajarla de un bus para abusar de ella en el Centro de San Salvador
Como de costumbre, Brenda (nombre cambiado por protección a la víctima) tomó una unidad del transporte colectivo de la ruta 3-A para desplazarse, por lo que a las 7:00 de la mañana del 23 de enero de 2017 un encuentro con un descocido en un bus le cambió la vida por completo.
La joven abordó el bus en una estación situada en las cercanías de la colonia Atlacatl. Más adelante, José Adrián López, de aproximadamente 40 años de edad, también abordó el mismo medio de transporte.
Según el testimonio de la joven. el sujeto vio a Brenda, por lo que se sentó cerca de ella, pero a la menor oportunidad este se logró pasar a un asiento que lo dejó frente a la mujer.
La joven escuchó por parte de López una inusual pregunta que la dejó nerviosa: “¿Pertenecés a la MS?”.
El sujeto le indicó que él pertenecía a la pandilla 18 y le preguntó por qué se había puesto tan intranquila. De repente, López la tomó bruscamente del brazo y le ordenó que se bajara del bus, que hiciera como que lo conocía, porque de lo contrario la mataría.
En ese momento, Brenda recordó que nueve meses atrás vio a este mismo sujeto en otro bus, de la ruta 7-C, y portaba un arma de fuego. Por lo que sintió más temor y decidió obedecer sus órdenes al pie de la letra.
López le silbó al conductor de la 3-A para que detuviera la marcha, por lo que logró bajar a su víctima en las cercanías del Hospital Nacional de la Mujer. En ese sitio, había una camioneta color gris esperando por ambos.
“Es una chera”, dijo López a José Martín Alvarado, el sujeto que condujo el automotor en donde Brenda fue ingresada a la fuerza.
El recorrido no pudo ser observado por la afectada, debido a las constantes amenazas que López ejercía en ella, aunado a las agresiones físicas a las que fue sometida durante el trayecto en el que solo pudo reconocer el parque Centenario, situado en la calle Juan Pablo II, en San Salvador.
El incómodo viaje culminó en un hospedaje, sitio en donde la mujer fue ingresada a una habitación, en donde ambos hombres procedieron a violarla.
Tras cometer los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa –violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas- amenazaron a Brenda con matarla a ella y a su familia si interponía una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), pues tenían los datos de su Documento Único de Identidad (DUI).
Luego de culminado el delito, la mujer fue ingresada nuevamente al vehículo y cinco minutos después fue bajada en la avenida Independencia para que retomara su camino.
El proceso judicial
Los dos sujetos fueron detenidos por las autoridades policiales. Ambos fueron procesados judicialmente, por lo que el Tribunal 6° de Sentencia fue el que desarrolló el juicio, donde se conocieron los hechos y el testimonio de la víctima.
Tras un acuerdo entre las partes, Alvarado y López fueron juzgados bajo un procedimiento abreviado, por lo que tuvieron que declarar los hechos y aceptar cada uno su culpabilidad con los delitos.
Ante esto, el juez indicó que los dos imputados recibirían un total de seis años de prisión; tres años y 11 meses por el delito de violación agravada y dos años y un mes por el delito de otras agresiones sexuales agravadas.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
