Judicial
“¿Perteneces a la MS?” esto le pregunto un hombre a una joven antes de bajarla de un bus para abusar de ella en el Centro de San Salvador
Como de costumbre, Brenda (nombre cambiado por protección a la víctima) tomó una unidad del transporte colectivo de la ruta 3-A para desplazarse, por lo que a las 7:00 de la mañana del 23 de enero de 2017 un encuentro con un descocido en un bus le cambió la vida por completo.
La joven abordó el bus en una estación situada en las cercanías de la colonia Atlacatl. Más adelante, José Adrián López, de aproximadamente 40 años de edad, también abordó el mismo medio de transporte.
Según el testimonio de la joven. el sujeto vio a Brenda, por lo que se sentó cerca de ella, pero a la menor oportunidad este se logró pasar a un asiento que lo dejó frente a la mujer.
La joven escuchó por parte de López una inusual pregunta que la dejó nerviosa: “¿Pertenecés a la MS?”.
El sujeto le indicó que él pertenecía a la pandilla 18 y le preguntó por qué se había puesto tan intranquila. De repente, López la tomó bruscamente del brazo y le ordenó que se bajara del bus, que hiciera como que lo conocía, porque de lo contrario la mataría.
En ese momento, Brenda recordó que nueve meses atrás vio a este mismo sujeto en otro bus, de la ruta 7-C, y portaba un arma de fuego. Por lo que sintió más temor y decidió obedecer sus órdenes al pie de la letra.
López le silbó al conductor de la 3-A para que detuviera la marcha, por lo que logró bajar a su víctima en las cercanías del Hospital Nacional de la Mujer. En ese sitio, había una camioneta color gris esperando por ambos.
“Es una chera”, dijo López a José Martín Alvarado, el sujeto que condujo el automotor en donde Brenda fue ingresada a la fuerza.
El recorrido no pudo ser observado por la afectada, debido a las constantes amenazas que López ejercía en ella, aunado a las agresiones físicas a las que fue sometida durante el trayecto en el que solo pudo reconocer el parque Centenario, situado en la calle Juan Pablo II, en San Salvador.
El incómodo viaje culminó en un hospedaje, sitio en donde la mujer fue ingresada a una habitación, en donde ambos hombres procedieron a violarla.
Tras cometer los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa –violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas- amenazaron a Brenda con matarla a ella y a su familia si interponía una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), pues tenían los datos de su Documento Único de Identidad (DUI).
Luego de culminado el delito, la mujer fue ingresada nuevamente al vehículo y cinco minutos después fue bajada en la avenida Independencia para que retomara su camino.
El proceso judicial
Los dos sujetos fueron detenidos por las autoridades policiales. Ambos fueron procesados judicialmente, por lo que el Tribunal 6° de Sentencia fue el que desarrolló el juicio, donde se conocieron los hechos y el testimonio de la víctima.
Tras un acuerdo entre las partes, Alvarado y López fueron juzgados bajo un procedimiento abreviado, por lo que tuvieron que declarar los hechos y aceptar cada uno su culpabilidad con los delitos.
Ante esto, el juez indicó que los dos imputados recibirían un total de seis años de prisión; tres años y 11 meses por el delito de violación agravada y dos años y un mes por el delito de otras agresiones sexuales agravadas.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
