Judicial
Pandillero golpeó a su «jaina» durante tres días hasta causarle la muerte
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango decretó la instrucción formal con detención provisional contra el supuesto pandillero Carlos Alberto P. G., de 33 años, acusado por el feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida.
El caso pasará al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), la fémina falleció el 21 de agosto a las 4:05 p.m., en el Hospital Rosales de San Salvador, hacia donde había sido transferida del Hospital Nacional Molina Martínez de Soyapango, por presentar lesiones severas internas y externas.
Según se conoció, el 20 de agosto de 2021, la víctima fue a pasar consulta y manifestó que los días 17, 18 y 19 de agosto su compañero de vida le había dado sendas golpizas que le habían provocado hematomas superficiales y daños internos en su organismo.
Los hechos sucedieron en una pieza de mesón que alquilaban desde hace cuatro meses sobre la segunda calle oriente, frente a la alcaldía municipal de Soyapango.
Un día antes de ir a pasar consulta la víctima contó a un testigo que su compañero le había golpeado durante tres días, por lo que la Fiscalía planteó en la audiencia inicial que había suficientes testimonios de lo ocurrido.
Además, cuenta con la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador que determinó que la mujer falleció por una severa contusión abdominal provocada por golpes.
Mientras tanto, la defensa particular del imputado señaló que Carlos Alberto P.G. padece de hepatitis en grado avanzado y por lo tanto pidió al juez medidas alternas a la detención a efecto de que pueda recibir un tratamiento médico. En la audiencia se presentó constancia de la enfermedad, por tal motivo el juez le decretó la detención, pero girará un oficio al Instituto de Medicina Legal de San Salvador para que confirme la enfermedad del imputado, para que sea el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer, quien decida mantener la detención o cualquier otra medida.
El Ministerio Público recordó que el imputado ya ha sido procesado y condenado con anterioridad por los delitos de hurto, posesión y tenencia de drogas, organizaciones terroristas y amenazas.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
