Judicial
Pandillero golpeó a su «jaina» durante tres días hasta causarle la muerte
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango decretó la instrucción formal con detención provisional contra el supuesto pandillero Carlos Alberto P. G., de 33 años, acusado por el feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida.
El caso pasará al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), la fémina falleció el 21 de agosto a las 4:05 p.m., en el Hospital Rosales de San Salvador, hacia donde había sido transferida del Hospital Nacional Molina Martínez de Soyapango, por presentar lesiones severas internas y externas.
Según se conoció, el 20 de agosto de 2021, la víctima fue a pasar consulta y manifestó que los días 17, 18 y 19 de agosto su compañero de vida le había dado sendas golpizas que le habían provocado hematomas superficiales y daños internos en su organismo.
Los hechos sucedieron en una pieza de mesón que alquilaban desde hace cuatro meses sobre la segunda calle oriente, frente a la alcaldía municipal de Soyapango.
Un día antes de ir a pasar consulta la víctima contó a un testigo que su compañero le había golpeado durante tres días, por lo que la Fiscalía planteó en la audiencia inicial que había suficientes testimonios de lo ocurrido.
Además, cuenta con la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador que determinó que la mujer falleció por una severa contusión abdominal provocada por golpes.
Mientras tanto, la defensa particular del imputado señaló que Carlos Alberto P.G. padece de hepatitis en grado avanzado y por lo tanto pidió al juez medidas alternas a la detención a efecto de que pueda recibir un tratamiento médico. En la audiencia se presentó constancia de la enfermedad, por tal motivo el juez le decretó la detención, pero girará un oficio al Instituto de Medicina Legal de San Salvador para que confirme la enfermedad del imputado, para que sea el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer, quien decida mantener la detención o cualquier otra medida.
El Ministerio Público recordó que el imputado ya ha sido procesado y condenado con anterioridad por los delitos de hurto, posesión y tenencia de drogas, organizaciones terroristas y amenazas.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
