Judicial
Pandillero golpeó a su «jaina» durante tres días hasta causarle la muerte
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango decretó la instrucción formal con detención provisional contra el supuesto pandillero Carlos Alberto P. G., de 33 años, acusado por el feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida.
El caso pasará al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), la fémina falleció el 21 de agosto a las 4:05 p.m., en el Hospital Rosales de San Salvador, hacia donde había sido transferida del Hospital Nacional Molina Martínez de Soyapango, por presentar lesiones severas internas y externas.
Según se conoció, el 20 de agosto de 2021, la víctima fue a pasar consulta y manifestó que los días 17, 18 y 19 de agosto su compañero de vida le había dado sendas golpizas que le habían provocado hematomas superficiales y daños internos en su organismo.
Los hechos sucedieron en una pieza de mesón que alquilaban desde hace cuatro meses sobre la segunda calle oriente, frente a la alcaldía municipal de Soyapango.
Un día antes de ir a pasar consulta la víctima contó a un testigo que su compañero le había golpeado durante tres días, por lo que la Fiscalía planteó en la audiencia inicial que había suficientes testimonios de lo ocurrido.
Además, cuenta con la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador que determinó que la mujer falleció por una severa contusión abdominal provocada por golpes.
Mientras tanto, la defensa particular del imputado señaló que Carlos Alberto P.G. padece de hepatitis en grado avanzado y por lo tanto pidió al juez medidas alternas a la detención a efecto de que pueda recibir un tratamiento médico. En la audiencia se presentó constancia de la enfermedad, por tal motivo el juez le decretó la detención, pero girará un oficio al Instituto de Medicina Legal de San Salvador para que confirme la enfermedad del imputado, para que sea el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer, quien decida mantener la detención o cualquier otra medida.
El Ministerio Público recordó que el imputado ya ha sido procesado y condenado con anterioridad por los delitos de hurto, posesión y tenencia de drogas, organizaciones terroristas y amenazas.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
