Judicial
Pandillero golpeó a su «jaina» durante tres días hasta causarle la muerte
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango decretó la instrucción formal con detención provisional contra el supuesto pandillero Carlos Alberto P. G., de 33 años, acusado por el feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida.
El caso pasará al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), la fémina falleció el 21 de agosto a las 4:05 p.m., en el Hospital Rosales de San Salvador, hacia donde había sido transferida del Hospital Nacional Molina Martínez de Soyapango, por presentar lesiones severas internas y externas.
Según se conoció, el 20 de agosto de 2021, la víctima fue a pasar consulta y manifestó que los días 17, 18 y 19 de agosto su compañero de vida le había dado sendas golpizas que le habían provocado hematomas superficiales y daños internos en su organismo.
Los hechos sucedieron en una pieza de mesón que alquilaban desde hace cuatro meses sobre la segunda calle oriente, frente a la alcaldía municipal de Soyapango.
Un día antes de ir a pasar consulta la víctima contó a un testigo que su compañero le había golpeado durante tres días, por lo que la Fiscalía planteó en la audiencia inicial que había suficientes testimonios de lo ocurrido.
Además, cuenta con la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador que determinó que la mujer falleció por una severa contusión abdominal provocada por golpes.
Mientras tanto, la defensa particular del imputado señaló que Carlos Alberto P.G. padece de hepatitis en grado avanzado y por lo tanto pidió al juez medidas alternas a la detención a efecto de que pueda recibir un tratamiento médico. En la audiencia se presentó constancia de la enfermedad, por tal motivo el juez le decretó la detención, pero girará un oficio al Instituto de Medicina Legal de San Salvador para que confirme la enfermedad del imputado, para que sea el Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer, quien decida mantener la detención o cualquier otra medida.
El Ministerio Público recordó que el imputado ya ha sido procesado y condenado con anterioridad por los delitos de hurto, posesión y tenencia de drogas, organizaciones terroristas y amenazas.
El Tribunal Sexto de Sentencia ha condenado al exconcejal Héctor Silva por el delito de difamación y calumnia en contra del diputado Christian Guevara. La sentencia, emitida el 27 de junio de 2024, fue confirmada el 4 de febrero por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Como parte de la resolución, Silva deberá indemnizar a Guevara con la suma de $50,000 y ofrecer una disculpa pública por los daños morales causados. Además, el exconcejal deberá pagar al Estado un total de $1,399.24 por cada uno de los delitos cometidos.
Sin embargo, Silva ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La controversia se originó tras declaraciones de Silva en un programa televisivo, donde acusó al diputado Guevara de recibir contratos publicitarios por «cientos de millas de dólares» de la Alcaldía de San Salvador, supuestamente a través de empresas vinculadas al legislador del partido Nuevas Ideas.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, enjuiciará durante cuatro semanas al exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez y varios miembros de su exconcejo por delitos de corrupción.
A la vista pública que se realiza en la sede del centro judicial de Santa Tecla han comparecido siete de los acusados, otros cinco son procesados como ausentes, gracias a las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa al Código Procesal Penal, las cuales facultan enjuiciar a imputados prófugos.
La Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en el período 2012 al 2015.
Una de las fiscales dijo que se les cuestiona por tres proyectos. El primero tiene que ver con la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Para el cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y para el parque ecológico se gastaron $260,000.
También se le acusa al prófugo exalcalde Marvin Ulises Rodríguez «de mover dinero de las cuentas del FODES que venían directamente para la alcaldía, para su cuenta personal y del tesorero municipal de ese entonces, Edwin León», manifestó la representante del ministerio público.
Documentos y pericias concluyen que Rodríguez transfirió entre $60,000 y $70,000 de los fondos FODES a su cuenta personal y lo hizo a través de transacciones bancarias.
Al comenzar la vista pública, la Fiscalía expuso al tribunal colegiado que durante el desarrollo de la diligencia presentará testimonios, pericias y documentos para acreditar los actos de corrupción consumados por los 12 acusados.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
