Judicial
Padre de César Funes devolverá $1.3 millones en propiedades para no ir a la cárcel por lavado de dinero
César Daniel Funes Cruz aceptó someterse a un proceso abreviado y se compromete a devolver al Estado $1.3 millones en propiedades en el caso «Destape a la Corrupción II». Sus abogados señalaron que el imputado padece de enfermedades graves que le imposibilitan presentarse a los tribunales.
Para no ir a la cárcel y obtener beneficios en su condena, el padre de César Funes, exsecretario de Juventud y expresidente de ANDA, decidió devolver los más de $1.3 en concepto de responsabilidad civil que fueron desviados a través de supuestos pagos de publicidad a la empresa Funes y Asociados.
«El problema es que él era el representante legal. Esta era una de la empresa que ocupó supuestamente el expresidente Saca para lucrarse. En nuestro modo de ver las cosas estas empresas prestaron sus servicios de publicidad sin pasar por la ley de adquisiciones», señaló su abogado Miguel Girón Flores al salir de la sala de audiencias.
Girón explicó que este monto no es dinero en efectivo si no la suma de propiedades que, según los exámenes, hacen la cantidad solicitada por la Fiscalía.
«Difícilmente alguien tiene un fondo de $1.3 millones en el banco. Al final de cuentas lo que dice el Estado es que quiere recaudar dinero de cualquier forma. Los bienes han sido evaluados a través de personas capacitadas, son peritos privados que se han proporcionado a la FGR», explicó.
Esta mañana la defensa de Funes explicó al juez que han presentado documentación, donde se comprometen a devolverlo según lo solicitado por el ministerio público.
El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador instaló la audiencia preliminar en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca, y otros 13 imputados acusados de peculado y lavado de dinero durante la gestión del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, quien fue condenado a 10 años de prisión por los mismos delitos.
El grupo de abogados defensores solicitaron la suspensión de la audiencia, petición que fue aprobada por la Fiscalía que pidió un plazo de 24 horas para revisar los documentos de compromiso presentados. Su continuación será el miércoles 15 de mayo a las 2:00 de la tarde.
Funes Cruz salió de la sala sin brindar ningún tipo de declaración a los medios. Su abogado aclaró que está enfermo imposibilitando su presencia en tribunales.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
