Judicial
Padre de César Funes devolverá $1.3 millones en propiedades para no ir a la cárcel por lavado de dinero
César Daniel Funes Cruz aceptó someterse a un proceso abreviado y se compromete a devolver al Estado $1.3 millones en propiedades en el caso «Destape a la Corrupción II». Sus abogados señalaron que el imputado padece de enfermedades graves que le imposibilitan presentarse a los tribunales.
Para no ir a la cárcel y obtener beneficios en su condena, el padre de César Funes, exsecretario de Juventud y expresidente de ANDA, decidió devolver los más de $1.3 en concepto de responsabilidad civil que fueron desviados a través de supuestos pagos de publicidad a la empresa Funes y Asociados.
«El problema es que él era el representante legal. Esta era una de la empresa que ocupó supuestamente el expresidente Saca para lucrarse. En nuestro modo de ver las cosas estas empresas prestaron sus servicios de publicidad sin pasar por la ley de adquisiciones», señaló su abogado Miguel Girón Flores al salir de la sala de audiencias.
Girón explicó que este monto no es dinero en efectivo si no la suma de propiedades que, según los exámenes, hacen la cantidad solicitada por la Fiscalía.
«Difícilmente alguien tiene un fondo de $1.3 millones en el banco. Al final de cuentas lo que dice el Estado es que quiere recaudar dinero de cualquier forma. Los bienes han sido evaluados a través de personas capacitadas, son peritos privados que se han proporcionado a la FGR», explicó.
Esta mañana la defensa de Funes explicó al juez que han presentado documentación, donde se comprometen a devolverlo según lo solicitado por el ministerio público.
El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador instaló la audiencia preliminar en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca, y otros 13 imputados acusados de peculado y lavado de dinero durante la gestión del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, quien fue condenado a 10 años de prisión por los mismos delitos.
El grupo de abogados defensores solicitaron la suspensión de la audiencia, petición que fue aprobada por la Fiscalía que pidió un plazo de 24 horas para revisar los documentos de compromiso presentados. Su continuación será el miércoles 15 de mayo a las 2:00 de la tarde.
Funes Cruz salió de la sala sin brindar ningún tipo de declaración a los medios. Su abogado aclaró que está enfermo imposibilitando su presencia en tribunales.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
