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Judicial

Padrastro tocaba las partes íntimas a niña de cinco años en Santa Ana

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El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana resolvió con solo la vista del requerimiento fiscal el caso que se instruye contra el imputado ausente Gustavo H., de 39 años, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusara del delito de acoso sexual, en perjuicio de una víctima quien al momento de los hechos tenía 5 años de edad.

Al finalizar la audiencia y tras analizar la prueba indiciaria presentada por la representación fiscal, la jueza ordenó la continuación del proceso penal sin restricción alguna a favor del acusado, en virtud de que es imputado ausente, puesto que no pudo ser citado porque ya no reside en la dirección proporcionada y en su lugar de trabajo ha solicitado permiso por un mes.

Según el dictamen de acusación, la víctima, quien actualmente tiene 12 años, refirió que cuando tenía 5, su madre se acompañó con el acusado y desde ese momento hasta que cumplió los 8, el sujeto la tocó en sus partes íntimas en varias ocasiones; y siempre le decía que no le fuera a contar nada a su mamá.

Ante esto, en octubre del 2021, la menor de edad fue invitada a recibir una charla en el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), donde hablaron sobre primeros auxilios y abusos en niños y adolescentes, siendo que la víctima expuso lo que le había sucedido cuando era pequeña.

Ahí se levantó un informe que permitió iniciar la investigación por medio de un oficio emitido por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, quien a su vez dio aviso de parte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, librando posteriormente el Ministerio Público la orden administrativa de captura del imputado, la cual no se pudo hacer efectiva, por las razones arriba expuestas.

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Judicial

Mujer irá a juicio por intentar asesinar a su expareja con un machete

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Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.

La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.

El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.

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Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.

El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.

Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.

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Judicial

Exdiputado y su esposa son enviados a fase final de juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.

La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.

La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.

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