Judicial
Ordenan apertura a juicio contra Reynaldo Vásquez, expresidente de la Comisión Normalizadora de la FESFUT
El Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador ordenó apertura a juicio contra el expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Reynaldo Alan Vásquez Romero, de 61 años, acusado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
En dicho proceso, la Fiscalía lo acusa de apropiarse de 17 mil dólares en concepto de impuesto sobre la renta en el año 2013, cuando era el representante legal de la empresa familiar Mobilia S.A. El procesado presuntamente descontaba dicho impuesto a sus empleados pero no lo trasladaba al fisco sino que se lo apropiaba afectando a los trabajadores porque no le devolvían el dinero al final del periodo tributario.
En julio de 2018 el juzgado sobreseyó definitivamente al imputado por el delito referido, pero el ministerio público apeló la resolución de la juzgadora y la Cámara 2° de lo Penal revocó el sobreseimiento y decretó sobreseimiento provisional.
La Fiscalía pidió la reapertura del caso el 14 de junio de este año.
Vásquez Romero es requerido en Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa para llevar a cabo actividades de delincuencia organizada, presuntamente por aceptar sobornos en el marco del escándalo de corrupción descubierto al interior de la FIFA.
El expresidente de la FESFUT fue capturado el 16 de diciembre de 2015 por orden del Juzgado Décimo Cuarto de Paz, atendiendo requerimiento de la difusión roja emitida por la INTERPOL central ubicada en Washington.
El imputado actualmente está purgando una condena de 8 años por el delito de retención de cuotas laborales.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
