Judicial
Ordenan apertura a juicio contra Reynaldo Vásquez, expresidente de la Comisión Normalizadora de la FESFUT
El Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador ordenó apertura a juicio contra el expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Reynaldo Alan Vásquez Romero, de 61 años, acusado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
En dicho proceso, la Fiscalía lo acusa de apropiarse de 17 mil dólares en concepto de impuesto sobre la renta en el año 2013, cuando era el representante legal de la empresa familiar Mobilia S.A. El procesado presuntamente descontaba dicho impuesto a sus empleados pero no lo trasladaba al fisco sino que se lo apropiaba afectando a los trabajadores porque no le devolvían el dinero al final del periodo tributario.
En julio de 2018 el juzgado sobreseyó definitivamente al imputado por el delito referido, pero el ministerio público apeló la resolución de la juzgadora y la Cámara 2° de lo Penal revocó el sobreseimiento y decretó sobreseimiento provisional.
La Fiscalía pidió la reapertura del caso el 14 de junio de este año.
Vásquez Romero es requerido en Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa para llevar a cabo actividades de delincuencia organizada, presuntamente por aceptar sobornos en el marco del escándalo de corrupción descubierto al interior de la FIFA.
El expresidente de la FESFUT fue capturado el 16 de diciembre de 2015 por orden del Juzgado Décimo Cuarto de Paz, atendiendo requerimiento de la difusión roja emitida por la INTERPOL central ubicada en Washington.
El imputado actualmente está purgando una condena de 8 años por el delito de retención de cuotas laborales.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
