Judicial
Acción iniciada en contra de Enrique Rais, no era un asunto penal, sino mercantil, afirman abogados defensores, por lo que Juez dicta sobreseimiento definitivo a favor
Los abogados defensores del señor Enrique Rais, informaron a este medio, que fueron notificados de resolución pronunciada por el Juzgado 3° de Instrucción de San Salvador, mediante la cual resolvió admitir la falta de competencia en atención a la materia, ya que en realidad la causa promovida por la Fiscalía General de la República, se trata de un asunto de naturaleza mercantil y no de índole penal.
La Sentencia que fue pronunciada por el Juez el día nueve de octubre del presente año, en su fallo establece: “SOBRESEASE DEFINITIVAMENTE a los procesados JOSÉ AQUILES ENRIQUE RAIS LÓPEZ, HUGO ERNESTO BLANCO RAIS y JOSÉ MAURICIO SALVADOR ARRIETA GÁLVEZ, por la comisión del delito calificado provisionalmente de FALSEDAD IDEOLÓGICA previsto y sancionado en el Artículo 284 del Código Penal, en perjuicio de la FE PÚBLICA y subsidiariamente en perjuicio de las Sociedades CINDESOL INC. y TRADESAL INC., representadas por el Licenciado René Alberto Medrano.”
Recientemente la Cámara Tercera de lo Penal, había revocado las medidas de las cuales gozaba Enrique Rais y ordenado su detención provisional, lo que fue señalado mediante sendos comunicados por el propio empresario, quien manifestó que se estaba instrumentalizando al sistema judicial, con el afán inescrupuloso de exigirle sumas de dinero, de las que no existía ninguna obligación ni siquiera mercantil que comprobara su existencia, con esta decisión la orden de detención queda sin efecto y se le da la razón a los abogados de Rais, que “el caso era una fabricación para afectar a su cliente, en la que está involucrado un interés de competencia desleal de un reconocido empresario.”
De acuerdo a los abogados de Rais, el caso penal que se promovió contra su cliente, cuenta con múltiples ilegalidades, en principio la denuncia la formula en el 2016, el abogado Diego Balmore Escobar, a quien se identifica como amigo cercano del entonces Fiscal General Douglas Meléndez Ruiz; por este caso la agente fiscal Giovvana Jiménez citó a Enrique Rais, haciéndole creer que lo intimaría de la denuncia, el día 22 de agosto de 2016, sin embargo fue arbitrariamente detenido por otros hechos en un caso que también está cuestionado por el uso de prueba ilegal, por intervenciones teléfonicas ilícitas.
Después de la cita que no llegó a concretarse, el expediente quedó en total inactividad de investigación, sin embargo medios digitales del empresario competidor mantuvieron durante tres años, la divulgación de notas difamatorias que hacían creer que Rais, había realizado falsamente una Junta Especial, para quedarse fraudulentamente con las acciones de la empresa MIDES. La fiscal del caso, durante los años 2017 y 2018, no desarrolla ninguna actividad y luego cuando presume que va a prescribir la acción, se apresura a presentar en el mes de mayo de 2019, la acusación contra Rais y otras tres personas, a pesar que ella tenía pruebas contundentes que las sociedades TRADESAL INC. y CINDESOL, INC., jamás ejercieron una acción mercantil para cobrar deuda alguna, ya que no tenían respaldos para hacerlo, pues Rais canceló el total del valor de las acciones de MIDES, adquiridas a plazo.
Con esta resolución “estamos comprobando que:
1) Ha existido una persecución penal ilegal contra Enrique Rais, montada por la Fiscalía, mientras estuvo bajo el mando de Douglas Meléndez; 2). Que en el fondo, se trataba de una acción fraudulenta por obtener beneficios económicos sobre deudas inexistentes, por lo que esta decisión es más importante aún para el Estado de Derecho y otras personas no sean víctimas de abogados inescrupulosos que usan el sistema penal, para fines económicos desleales; 3). Que estamos comprobando a la Cámara Penal que conoció antes del caso, lo injusto de la decisión que adoptó al decretarle una orden de detención al señor Rais, lo que motiva que a futuro se evalúe de mejor manera la forma en que se está utilizando la detención como la regla y no la excepción.” Afirmaron los abogados del empresario.
Apoderado de canadienses usó un poder falso.
Adicionalmente los abogados de Enrique Rais, reiteraron que han iniciado las acciones penales contra la notario Karen Escamilla López, por la presunta comisión del delito de Falsedad Documental Agravada, al haber otorgado ilegalmente un poder sin contar René Medrano con todas las autorizaciones. Resulta que hacen parecer que Medrano tenía facultades y otorga un poder a otros abogados que se lo retornan a él para presentarse como apoderado de la sociedad TRADESAL INC., la pregunta es y si él ya tenía facultades para otorgarlo, por qué se crea un poder para que le sea devuelto al mismo. “Es evidente que algo no encaja allí y llegaremos al fondo de la verdad, ya que con ese poder se han sostenido casos penales contra nuestro defendido y otras personas” destacaron.
Precisamente se conoce que la notario Karen Escamilla, también está siendo procesada en el denominado caso corruptela y que en el año 2016 fue procesado por el Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, por el delito de Falsedad Documental Agravada.
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Ángel Gaitán Melara, Miguel Ángel Martínez González, José Lizama Martínez y Ciro Rodezno González enfrentan este martes 21 de marzo la audiencia inicial en su contra en el Juzgado de Paz de Concepción Batres, Usulután.
El hecho en el que se vincula a los procesados sucedió el 27 de febrero del presente año, cuando las autoridades encontraron a la víctima calcinada al interior de un vehículo, tipo sedán, en un predio baldío sobre la calle principal del Cantón San Felipe en Concepción Batres, Usulután.
La víctima fue identificada como Sergio Centeno, de unos 40 años de edad y originario del cantón Analco de Ereguayquín. Al parecer, era conductor de una plataforma de transporte privado.
La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz que el caso pase a la etapa de instrucción y los imputados continúen detenidos.
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Presentan requerimiento de acusación contra hombres que calcinaron a motorista de transporte privado
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó al Juzgado Primero de Paz de Concepción Batres, Usulután, el requerimiento de acusación contra Miguel Ángel Martínez González, alías Zancudo, de 44 años; Ciro Alberto Rodezno González, de 36; José Rónal Lizama Martínez, de 28 y Ángel Antonio Gaitán Melara, de 20, por Homicidio Agravado y Daños Agravados.
La institución fiscal solicitó al Tribunal la detención provisional para los cuatro vinculados al caso.
La FGR les atribuye la planeación y ejecución del homicidio de un hombre el 26 de febrero de este año, en la calle a las Salinas, caserío La Zorra, cantón San Felipe, de Concepción Batres, Usulután.
A la víctima le dispararon y posteriormente fue calcinada en el interior de un vehículo tipo sedán, placas particulares P-696700. La identidad de la víctima será confirmada con el resultado del ADN, pero se presume que se trata de Sergio Bisael Centeno, de 36 años, quien trabajaba en una plataforma de transporte privado.
Los familiares de la víctima identificaron el vehículo y aseguraron a las autoridades policiales y fiscales que Centeno salió a hacer un viaje al mediodía -26 de febrero- y no supieron nada de él hasta el 27 de febrero que fue localizado el vehículo y el cuerpo calcinado.
La investigación preliminar establece que los cuatro hombres participaron directa e indirectamente en el crimen. Gaitán Melara se encargó de trasladar hasta el cantón Santa Lucia al usuario de la plataforma de transporte.
“Le hablaron a la víctima y le dijeron que lo iban a esperar en la carretera El Litoral -cantón Santa Lucia-, cuando llega (la víctima) le pide el usuario que le haga un viaje hasta la última casa del cantón San Felipe”, indicó el fiscal del caso.
Cuando la víctima ingresa a la calle principal del cantón en mención, los imputados Martínez González, Rodezno González y Lizama Martínez le dan seguimiento en un pick-up azul.
“Al llegar a la última casa del cantón, la víctima se percata que lo iba siguiendo, y cuando ve que zancudo se baja del pick-up, acelera el carro y le dan persecución aproximadamente 100 metros, pero por el tipo de calle ya no pudo seguir avanzado”, agregó el fiscal del caso.
Martínez González y Rodezno González se bajaron del pick-up , le dispararon dos veces cada uno a la víctima y posteriormente incendiaron el vehículo con el cuerpo en el interior.
La FGR incautó el vehículo en que los hechores se movilizaron para cometer el crimen y una motocicleta que utilizaron para actos preparatorios del homicidio, además cuentan con bitácoras de llamadas, entre otros.
La FGR descarta que los procesados sean miembros de pandillas.
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Marvin Eduardo Calderón Barrientos fue declarado culpable de haber cometido el delito de Extorsión Agravada, contra un comerciante de Santa Ana. El imputado exigió $16 mil dólares a la víctima a cambio de atentar contra su vida.
En el juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó suficientes pruebas que respaldaron la acusación contra el terrorista, quien por medios anónimos demandaba el pago de la cantidad de dinero en mención.
Los hechos por los cuales fue condenado Marvín fueron cometidos en noviembre del año 2015 en el municipio de Metapán.
La víctima tras haber recibido el anónimo exigiendo la fuerte suma de dinero interpuso la denuncia y es así como se montó un procedimiento para hacer la entrega del dinero de forma controlada y poder capturarlo.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana impuso una pena de 12 años de prisión.
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