Judicial
Ministro de Trabajo presenta aviso en la FGR para que realicen investigaciones en clínicas del ISSS por no entregar equipo de bioseguridad a personal de salud
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, presentó este miércoles un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice una investigación por el equipo de bioseguridad encontrado recientemente en las bodegas de la Unidad de Salud de San Juan Tepezontes, La Paz.
El funcionario detalló que el equipo se encontraba escondido y que no se le había entregado al personal de salud, algo que también ha sido detectado en otras unidades de salud y en clínica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
“Hemos hecho inspecciones en los 178 establecimientos de salud, tanto del ISSS como del Ministerio de Salud, y encontramos que jefaturas y cargos intermedios no habían entregado insumos de seguridad y estaban en bodegas”, expresó Castro.
Agregando que no se va a “permitir como Gobierno que se estén dando este tipo de cosas, no vamos a permitir que niveles de jefaturas con otro tipo de acciones, carácter político, estén boicoteando todo el plan que se tiene para enfrentar la pandemia”.
El ministro de Trabajo detalló que las jefaturas y cargos intermedios involucrados en estos hechos, lo hacen con fines políticos, pues con sus acciones intentan boicotear al gobierno del Presidente Bukele.
Los delitos de los que se acusa a las 14 jefaturas, según la denuncia presentada, son violentar las normas de seguridad, salud e higiene ocupacional; y atentar contra la vida de los trabajadores del sector salud.
“Estas 14 jefaturas tenían los insumos en las bodegas, en los almacenes, y no habían hecho la entrega de los equipos que necesario para el terreno de acción médico”, dijo Castro.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
