Judicial
Miembro activo de la MS obligó a una menor a fumar marihuana para luego abusar sexualmente de ella
Un miembro de estructuras delincuenciales identificado como Luis Martín Gómez Vásquez, alias “Pantro”, miembro activo de la MS-13, fue condenado a 15 años de prisión tras ser encontrado culpable por obligar a una menor de edad a tener relaciones.
Según detalla la jefe fiscal, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque emitió la sentencia condenatoria contra el imputado y también contra otro menor de edad implicado en el mismo caso y quien deberá enfrentar 10 años de internamiento.
La declaración de la víctima, y de varios testigos, describen que el 14 de julio de 2016, alrededor de las 7:50 de la mañana, la adolescente junto a sus compañeros de grado, se encontraban en la cancha de fútbol de una comunidad de la jurisdicción de Ciudad Victoria, en Cabañas, cuando se le acerco el infractor Rolando N., quien la tomó de la mano por la fuerza y la llevó hacia una zona verde.
Cuando los demás niños vieron eso, trataron de gritar y el sujeto les hizo señal que les iba a cortar la cabeza, luego Rolando N., se la entregó Luis Martín Gómez Vásquez, al cual le dijo “vaya aquí te la traigo; yo me quedaré posteando”, por lo que el imputado se internó más en el monte.
En ese momento, «Pantro» se internó más en el monte y obligó a la víctima fumarse un cigarro de marihuana, después de la tirarla al suelo procede a abusarla sexualmente. Luego la amenazó para que no dijera nada: «Estabas bien rica y no le digas a nadie lo que paso porque si no te mato, y a toda tu familia”, le dijo.
Durante la vista pública desarrollada en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, el fiscal del caso contó con prueba testimonial, entre ellas las Declaraciones Anticipadas de la víctima con Régimen de Protección clave “Celeste”; así como la del testigo clave “Colibrí”, ambas bajo la modalidad de Cámara Gesell.
Entre la prueba documental presentada se encuentra el acta de denuncia, Certificación de Partida de Nacimiento de víctima, Acta de inspección ocular policial croquis de ubicación y Álbum fotográfico, Acta de Pesquisa Policial, Asentamiento de DUI, Acta de Incautación de Evidencias, Reconocimiento de Personas, Diligencias de Intervención Corporal.
Y entre la Prueba Pericial, está el Reconocimiento Médico Forense de las partes íntimas, Peritaje Psicológico y Social de víctima, Análisis Serológico de Evidencias recolectadas, Análisis Comparativo de ADN, Análisis Interpretativo del Álbum Fotográfico de la Inspección Corporal del imputado.
Imagen de referencia.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
