Judicial
Menor es condenado a 22 años de internamiento por varios delitos
Un menor de edad fue encontrado culpable de cometer cinco delitos en un mismo caso por lo que el Tribunal de Menores de la ciudad de San Vicente le impuso una condena de 22 años de internamiento; no obstante la legislatura en el país establece la pena de 15 años de internamiento máximo para menores que infringen la ley.
Por Extorsión Agravada la condena fue de 10 años, por Agrupaciones Ilícitas 1 año 6 meses, Actos Preparatorios, Proposición, Conspiración y Asociaciones Delictivas para el Tráfico Ilícito: 6 meses y 10 años por dos delitos de Proposición y Conspiración para el Delito de Homicidio Agravado.
La jefe de la oficina fiscal de San Vicente Raquel Sánchez, informó que los hechos por los cuales se proceso al menor infractor ocurrieron el 22 de febrero de 2020 cuando se éste sujeto se presentó a la vivienda de la víctima a entregarle un aparato celular para que se comunicara con el jefe de la clica.
“El objetivo de la comunicación con los miembros de la clica era para cobrarle el dinero que no había pagado en concepto de extorsión durante la pandemia del COVID 19”, dijo la jefe fiscal.
Posteriormente la víctima interpuso la denuncia por el delito de extorsión agravada y mediante el uso de herramientas especializadas de investigación la Fiscalía concluyó y aportó las pruebas al Tribunal, que el imputado habían conspirado para asesinar a la víctima.
De igual forma se estableció que en el mes de abril de 2021 había conspirado para atentar contra la vida de otra víctima, por motivos de la actividad laboral que desarrollaba.
La investigación además arrojó que el menor infractor entre los meses de marzo y abril de 2021 participó en actividades preparatorias de Tráfico Ilícito y venta de droga marihuana en la zona del Cantón Las Flores siempre en esta jurisdicción, para beneficio de la referida clica.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
