Judicial
Menor es condenado a 22 años de internamiento por varios delitos
Un menor de edad fue encontrado culpable de cometer cinco delitos en un mismo caso por lo que el Tribunal de Menores de la ciudad de San Vicente le impuso una condena de 22 años de internamiento; no obstante la legislatura en el país establece la pena de 15 años de internamiento máximo para menores que infringen la ley.
Por Extorsión Agravada la condena fue de 10 años, por Agrupaciones Ilícitas 1 año 6 meses, Actos Preparatorios, Proposición, Conspiración y Asociaciones Delictivas para el Tráfico Ilícito: 6 meses y 10 años por dos delitos de Proposición y Conspiración para el Delito de Homicidio Agravado.
La jefe de la oficina fiscal de San Vicente Raquel Sánchez, informó que los hechos por los cuales se proceso al menor infractor ocurrieron el 22 de febrero de 2020 cuando se éste sujeto se presentó a la vivienda de la víctima a entregarle un aparato celular para que se comunicara con el jefe de la clica.
“El objetivo de la comunicación con los miembros de la clica era para cobrarle el dinero que no había pagado en concepto de extorsión durante la pandemia del COVID 19”, dijo la jefe fiscal.
Posteriormente la víctima interpuso la denuncia por el delito de extorsión agravada y mediante el uso de herramientas especializadas de investigación la Fiscalía concluyó y aportó las pruebas al Tribunal, que el imputado habían conspirado para asesinar a la víctima.
De igual forma se estableció que en el mes de abril de 2021 había conspirado para atentar contra la vida de otra víctima, por motivos de la actividad laboral que desarrollaba.
La investigación además arrojó que el menor infractor entre los meses de marzo y abril de 2021 participó en actividades preparatorias de Tráfico Ilícito y venta de droga marihuana en la zona del Cantón Las Flores siempre en esta jurisdicción, para beneficio de la referida clica.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.
Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.
Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.
Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.
Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
