Judicial
Ladrones intentan desmantelar patrulla frente a puesto policial en San Salvador
Vladimir G. y Óscar O. son considerados los dos ladrones más tontos del país ya que fueron descubiertos intentando desmantelar una patrulla frente a un puesto policial de una colonia en San Salvador. Al momento del atraco los hombres tenían en su poder una motocicleta del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en la que intentaron escapar sin éxito.
Según el expediente judicial, la mañana de 2 de noviembre de 2017, Vladimir y Óscar quisieron burlarse de los agentes de la policía en un atraco que los hombres confesaron que tenían previsto iba a durar dos minutos.
El objetivo de los hampones era sustraer todos los cubos de llantas que fueran posibles de los vehículos que se estacionan en diferentes calles en los alrededores de la colonia San Francisco en San Salvador..
El encargado de desarticular los vehículo era Óscar, mientras que Vladimir vigilaba que su compinche no fuera descubierto. Además era el encargado de manejar la motocicleta que habían robado previamente.
Ambos estaban emocionados. tenían un botín que les iba a dejar una buena ganancia, pero, les faltaba algo más. Fue asi que se dirigieron a la calle Los Beatos, de la referida colonia para intentar ponerle la cereza al pastel a su festín.
Óscar detuvo su marcha frente a la escuela de educación vial de la Policía Nacional Civil (PNC) para desarmar las partes de una de las patrullas que se encontraba a escasos metros de la entrada principal.
Tanto Óscar como Vladimir estaban conscientes de que el asalto debía de ser rápido y sin ser vistos por los agentes, ya que de ser así su arresto iba a ser inminente. Ninguno de los dos quería estar dentro de una bartolina.
Óscar se bajó de la motocicleta, saco sus herramientas, se agachó y en tiempo récord le quitó el cubo a la patrulla. El trabajo estaba hecho por lo que iba de caminó hacia la motocicleta como si nada extraño estuviera pasando. Fueron menos de dos minutos, detalló el expediente.
Sin embargo, la astucia y el olfato de una agente policial la alertó del comportamiento extraño de los dos hombres; por lo que llamó a otro policía para interceptarlos y revisar el motivo de su estancia en la zona.
Varios cubos y una licencia de circulación de ISSS
Sin tener otra alternativa, los sujetos entregaron las cosas que portaban, algo que hizo que los agentes descubrieran los siete cubos de llantas de diferentes milimetraje que tenían en su poder.
Además, los agentes encontraron cuatro desarmadores, una pinza, dos llaves para encender motocicletas, una bolsa repleta de herramientas de mecánica automotriz y $45 en efectivo.
Otro hallazgo fueron los múltiples documentos de identificación, entre los que se encontraba la la tarjeta de circulación de la motocicleta la cual pertenece al ISSS y una licencia de portación de arma de fuego.
Dentro de los cubos encontrados, los agentes detectaron uno que era de la patrulla policial, algo que fue constatado en el momento y que sirvió a los agentes para proceder con la captura en flagrancia de los ladrones.
Según la documentación presentada en contra de la pareja, ambos están siendo procesados por el el delito de desarme de vehículos, la pena por este hecho va desde los 4 a 8 años de prisión. En la etapa de instrucción uno de los imputados pudo justificar dos de los siete cubos que le encontraron y por los que pagó $75.
Será el juez del Tribunal Quinto de Sexto de Sentencia de San Salvador quien determinará la responsabilidad del delito que se les acusa. Por el momento ambos hombres se encuentra en libertad bajo medidas sustitutivas.
Por: El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
