Judicial
Ladrones intentan desmantelar patrulla frente a puesto policial en San Salvador
Vladimir G. y Óscar O. son considerados los dos ladrones más tontos del país ya que fueron descubiertos intentando desmantelar una patrulla frente a un puesto policial de una colonia en San Salvador. Al momento del atraco los hombres tenían en su poder una motocicleta del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en la que intentaron escapar sin éxito.
Según el expediente judicial, la mañana de 2 de noviembre de 2017, Vladimir y Óscar quisieron burlarse de los agentes de la policía en un atraco que los hombres confesaron que tenían previsto iba a durar dos minutos.
El objetivo de los hampones era sustraer todos los cubos de llantas que fueran posibles de los vehículos que se estacionan en diferentes calles en los alrededores de la colonia San Francisco en San Salvador..
El encargado de desarticular los vehículo era Óscar, mientras que Vladimir vigilaba que su compinche no fuera descubierto. Además era el encargado de manejar la motocicleta que habían robado previamente.
Ambos estaban emocionados. tenían un botín que les iba a dejar una buena ganancia, pero, les faltaba algo más. Fue asi que se dirigieron a la calle Los Beatos, de la referida colonia para intentar ponerle la cereza al pastel a su festín.
Óscar detuvo su marcha frente a la escuela de educación vial de la Policía Nacional Civil (PNC) para desarmar las partes de una de las patrullas que se encontraba a escasos metros de la entrada principal.
Tanto Óscar como Vladimir estaban conscientes de que el asalto debía de ser rápido y sin ser vistos por los agentes, ya que de ser así su arresto iba a ser inminente. Ninguno de los dos quería estar dentro de una bartolina.
Óscar se bajó de la motocicleta, saco sus herramientas, se agachó y en tiempo récord le quitó el cubo a la patrulla. El trabajo estaba hecho por lo que iba de caminó hacia la motocicleta como si nada extraño estuviera pasando. Fueron menos de dos minutos, detalló el expediente.
Sin embargo, la astucia y el olfato de una agente policial la alertó del comportamiento extraño de los dos hombres; por lo que llamó a otro policía para interceptarlos y revisar el motivo de su estancia en la zona.
Varios cubos y una licencia de circulación de ISSS
Sin tener otra alternativa, los sujetos entregaron las cosas que portaban, algo que hizo que los agentes descubrieran los siete cubos de llantas de diferentes milimetraje que tenían en su poder.
Además, los agentes encontraron cuatro desarmadores, una pinza, dos llaves para encender motocicletas, una bolsa repleta de herramientas de mecánica automotriz y $45 en efectivo.
Otro hallazgo fueron los múltiples documentos de identificación, entre los que se encontraba la la tarjeta de circulación de la motocicleta la cual pertenece al ISSS y una licencia de portación de arma de fuego.
Dentro de los cubos encontrados, los agentes detectaron uno que era de la patrulla policial, algo que fue constatado en el momento y que sirvió a los agentes para proceder con la captura en flagrancia de los ladrones.
Según la documentación presentada en contra de la pareja, ambos están siendo procesados por el el delito de desarme de vehículos, la pena por este hecho va desde los 4 a 8 años de prisión. En la etapa de instrucción uno de los imputados pudo justificar dos de los siete cubos que le encontraron y por los que pagó $75.
Será el juez del Tribunal Quinto de Sexto de Sentencia de San Salvador quien determinará la responsabilidad del delito que se les acusa. Por el momento ambos hombres se encuentra en libertad bajo medidas sustitutivas.
Por: El Salvador Times
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
