Judicial
La suplica de un anciano al ser baleado: “¡Hijo, me plomearon! Llevame al hospital”
La noche del 8 de junio de 2017, el centro de San Salvador fue testigo de una escena de batalla campal, luego de que se originara una disputa entre un anciano de 67 años de edad y un hombre, quien en aparente estado de ebriedad, exigía su teléfono celular a cada persona que se encontraba en su camino, tras haberle sido hurtado.
Los hechos ocurrieron en las cercanías del mercado Ex-Cuartel, sobre la 8 avenida Sur, cuando un sujeto vestido con ropas femeninas se le acercó a “San José” -la víctima, a quien en el proceso judicial desarrollado se le asignó esa clave de protección- y le sustrajo el aparato telefónico de una de las bolsas de su pantalón, aprovechando la condición en la que se encontraba luego de ingerir bebidas embriagantes.
Su estado y el enojo cegaron a “San José”, por lo que empezó a hostigar a los peatones, entre ellos a Jesús Benítez, el anciano de 67 años que se encontraba en la zona, debido a que se dedica a hacer viajes particulares.
Una discusión inició, pero fue tan acalorada que tanto Benítez como “San José” sacaron unas armas. El primero, un machete; mientras que el segundo, una pistola. Ambos no dudaron en utilizarlas, según el relato proporcionado por la víctima.
De acuerdo a “San José”, el anciano lo atacó con el arma blanca provocándole una herida en la muñeca y en la mano derecha, por lo que este habría disparado en su contra para repeler el ataque.
“¡Hijo, me plomearon! Llevame al hospital”, fueron las palabras que Benítez emitió mientras se encontraba tirado en el pavimento.
Ante esto, “San José” intentó huir para salvaguardar su vida, pero cuando se encontraba entre la 1 y 3 calle Oriente fue alcanzado por tres hombres, quienes se conducían cada uno en un vehículo particular.
El fin de ellos habría sido defender a Benítez, debido a que es una persona conocida en la zona y quien con los años –trazado con su pelo cano- ha marcado respeto y cariño entre los taxistas, vendedores y demás personas que se mantienen en el área.
El ataque para defender al anciano
A eso de las 11:30 de la noche, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Unidad de Emergencias del 911, fueron alertados de que por el mercado en donde se comercializa artesanías, ropa, calzado y alimentos se habían escuchado varias detonaciones, al menos siete disparos.
Al llegar al lugar encontraron en el suelo a “San José”, quien minutos antes había recibido unos disparos en su cuerpo por parte de los tres sujetos que protegían a Benítez.
Unas cámaras de videovigilancia lograron captar la escena en donde corrían los tres sujetos, no así Benítez, quien yacía en el Hospital Nacional Rosales, luego de que su hijo lo llevara para que pudiera recibir atención médica.
Al día siguiente, la policía logró detectar que el anciano se encontraba interno en el centro médico y fue detenido, luego de que “San José” interpusiera la denuncia por el supuesto ataque que recibió de su parte.
El juicio en contra de Benítez
El Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública, luego de que el caso iniciara en el Juzgado 12° de Paz, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusara al anciano del delito de homicidio tentado en contra de “San José”.
En el juicio se detalló que la víctima actualmente sufre como secuela una discapacidad permanente de la muñeca y la mano derecha.
Además, se constató que Benítez guardaba prisión en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona; que no tiene licencia para utilizar armas de fuego, pero que tampoco tiene alguna arma a su nombre ni antecedentes penales.
Por la prueba que desfiló ante el juez, este indicó que no hubo algo que comprobara y detallara la participación de Benítez en el ataque, por lo que emitió un fallo absolutorio a favor del anciano.
Pese a ello, el imputado no logró recuperar su libertad, debido a que fue culpado de pertenecer a una pandilla. Por esto, la FGR lo culpa de organizaciones terroristas y está a la orden del Juzgado Especializado de Instrucción “A”.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
Judicial
Condenan a 50 años de prisión a pandillero de la MS-13 por asesinato de padre e hijo en Colón
A 50 años de cárcel fue condenado José Luis Laínez Alvarado por haber asesinado con arma de fuego a dos comerciantes -padre e hijo-, el 15 de junio de 2010 en Colón, La Libertad Oeste. El imputado es miembro activo de la pandilla MS-13.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el doble homicidio agravado fue cometido cuando las víctimas comercializaban telas en el sector de la comunidad Villa Madrid de la jurisdicción de Colón.
Laínez y tres sujetos más perfilaron a las víctimas y a una distancia de 20 metros les comenzaron a disparar hasta quitarles la vida.
Anteriormente, un familiar de las víctimas había sido privado de libertad y desaparecido por Alvarado y otros pandilleros.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador se logró demostrar la participación de Laínez en el doble homicidio.
La sentencia de cárcel fue impuesta gracias a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a prófugos de la justicia.
Laínez también enfrentará otro juicio por agrupaciones ilícitas por su pertenencia a la estructura criminal antes mencionada.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
