Judicial
La suplica de un anciano al ser baleado: “¡Hijo, me plomearon! Llevame al hospital”
La noche del 8 de junio de 2017, el centro de San Salvador fue testigo de una escena de batalla campal, luego de que se originara una disputa entre un anciano de 67 años de edad y un hombre, quien en aparente estado de ebriedad, exigía su teléfono celular a cada persona que se encontraba en su camino, tras haberle sido hurtado.
Los hechos ocurrieron en las cercanías del mercado Ex-Cuartel, sobre la 8 avenida Sur, cuando un sujeto vestido con ropas femeninas se le acercó a “San José” -la víctima, a quien en el proceso judicial desarrollado se le asignó esa clave de protección- y le sustrajo el aparato telefónico de una de las bolsas de su pantalón, aprovechando la condición en la que se encontraba luego de ingerir bebidas embriagantes.
Su estado y el enojo cegaron a “San José”, por lo que empezó a hostigar a los peatones, entre ellos a Jesús Benítez, el anciano de 67 años que se encontraba en la zona, debido a que se dedica a hacer viajes particulares.
Una discusión inició, pero fue tan acalorada que tanto Benítez como “San José” sacaron unas armas. El primero, un machete; mientras que el segundo, una pistola. Ambos no dudaron en utilizarlas, según el relato proporcionado por la víctima.
De acuerdo a “San José”, el anciano lo atacó con el arma blanca provocándole una herida en la muñeca y en la mano derecha, por lo que este habría disparado en su contra para repeler el ataque.
“¡Hijo, me plomearon! Llevame al hospital”, fueron las palabras que Benítez emitió mientras se encontraba tirado en el pavimento.
Ante esto, “San José” intentó huir para salvaguardar su vida, pero cuando se encontraba entre la 1 y 3 calle Oriente fue alcanzado por tres hombres, quienes se conducían cada uno en un vehículo particular.
El fin de ellos habría sido defender a Benítez, debido a que es una persona conocida en la zona y quien con los años –trazado con su pelo cano- ha marcado respeto y cariño entre los taxistas, vendedores y demás personas que se mantienen en el área.
El ataque para defender al anciano
A eso de las 11:30 de la noche, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Unidad de Emergencias del 911, fueron alertados de que por el mercado en donde se comercializa artesanías, ropa, calzado y alimentos se habían escuchado varias detonaciones, al menos siete disparos.
Al llegar al lugar encontraron en el suelo a “San José”, quien minutos antes había recibido unos disparos en su cuerpo por parte de los tres sujetos que protegían a Benítez.
Unas cámaras de videovigilancia lograron captar la escena en donde corrían los tres sujetos, no así Benítez, quien yacía en el Hospital Nacional Rosales, luego de que su hijo lo llevara para que pudiera recibir atención médica.
Al día siguiente, la policía logró detectar que el anciano se encontraba interno en el centro médico y fue detenido, luego de que “San José” interpusiera la denuncia por el supuesto ataque que recibió de su parte.
El juicio en contra de Benítez
El Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública, luego de que el caso iniciara en el Juzgado 12° de Paz, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusara al anciano del delito de homicidio tentado en contra de “San José”.
En el juicio se detalló que la víctima actualmente sufre como secuela una discapacidad permanente de la muñeca y la mano derecha.
Además, se constató que Benítez guardaba prisión en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona; que no tiene licencia para utilizar armas de fuego, pero que tampoco tiene alguna arma a su nombre ni antecedentes penales.
Por la prueba que desfiló ante el juez, este indicó que no hubo algo que comprobara y detallara la participación de Benítez en el ataque, por lo que emitió un fallo absolutorio a favor del anciano.
Pese a ello, el imputado no logró recuperar su libertad, debido a que fue culpado de pertenecer a una pandilla. Por esto, la FGR lo culpa de organizaciones terroristas y está a la orden del Juzgado Especializado de Instrucción “A”.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
