Judicial
Juzgado realizó audiencia para desestimar evidencias del caso del exalcalde de San Antonio de la Cruz en Chalatenango
El Juzgado 1° de Instrucción de San Salvador realizó audiencia especial para desembalar prueba documental incautada en al menos dos propiedades del ex alcalde de San Antonio La Cruz, del Departamento de Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores con el fin de analizarla y si procede incorporarla al Juzgado de Extinción de Dominio.
La diligencia fue solicitada por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía con el objetivo de iniciar el proceso para extinguirle los bienes al exalcalde acusado de tráfico ilegal de personas y posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico.
La documentación fue incautada en los registros con prevención de allanamiento que realizaron las autoridades en las propiedades del alcalde, en el Departamento de Chalatenango y Ciudad Delgado, a efecto de determinar si las escrituras amparan las propiedades. Entre los documentos desembalados están escrituras de propiedad, donaciones y armas de fuego.
El caso se encuentra en la etapa de instrucción que finaliza el 3 de enero de 2019.
Junto al alcalde fueron enviados a prisión siete imputados: Gerardo Antonio Flores Bolaños, de 40 años de edad; Daniel Amílcar Guardado Romero, de 29; Noé Luis Martínez Guardado, de 34; José Alex Ramírez Lemus, de 39; Elmer Andrés Morales Martínez, de 25; José Iván Orellana, de 27 y Julio Mejía Melgar, de 30 éste último es reo ausente.
Según la investigación de las autoridades fiscales y policiales el exfuncionario supuestamente lideraba una estructura de tráfico de drogas en la zona de Chalatenango y que cuenta con escuchas telefónicas, además de diligencias de investigación de movimientos controlados, compra de droga por agentes encubiertos, videos de capturas de paquetes sospechosos y cantidades de dinero. Lucio Ayala, alcalde reelegido en dicho municipio fue capturado el 8 de marzo.
Fotografías de procesos anteriores
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Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
