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Juzgado realizó audiencia para desestimar evidencias del caso del exalcalde de San Antonio de la Cruz en Chalatenango
El Juzgado 1° de Instrucción de San Salvador realizó audiencia especial para desembalar prueba documental incautada en al menos dos propiedades del ex alcalde de San Antonio La Cruz, del Departamento de Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores con el fin de analizarla y si procede incorporarla al Juzgado de Extinción de Dominio.
La diligencia fue solicitada por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía con el objetivo de iniciar el proceso para extinguirle los bienes al exalcalde acusado de tráfico ilegal de personas y posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico.
La documentación fue incautada en los registros con prevención de allanamiento que realizaron las autoridades en las propiedades del alcalde, en el Departamento de Chalatenango y Ciudad Delgado, a efecto de determinar si las escrituras amparan las propiedades. Entre los documentos desembalados están escrituras de propiedad, donaciones y armas de fuego.
El caso se encuentra en la etapa de instrucción que finaliza el 3 de enero de 2019.
Junto al alcalde fueron enviados a prisión siete imputados: Gerardo Antonio Flores Bolaños, de 40 años de edad; Daniel Amílcar Guardado Romero, de 29; Noé Luis Martínez Guardado, de 34; José Alex Ramírez Lemus, de 39; Elmer Andrés Morales Martínez, de 25; José Iván Orellana, de 27 y Julio Mejía Melgar, de 30 éste último es reo ausente.
Según la investigación de las autoridades fiscales y policiales el exfuncionario supuestamente lideraba una estructura de tráfico de drogas en la zona de Chalatenango y que cuenta con escuchas telefónicas, además de diligencias de investigación de movimientos controlados, compra de droga por agentes encubiertos, videos de capturas de paquetes sospechosos y cantidades de dinero. Lucio Ayala, alcalde reelegido en dicho municipio fue capturado el 8 de marzo.
Fotografías de procesos anteriores
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
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«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
