Judicial
Juzgado realizó audiencia para desestimar evidencias del caso del exalcalde de San Antonio de la Cruz en Chalatenango
El Juzgado 1° de Instrucción de San Salvador realizó audiencia especial para desembalar prueba documental incautada en al menos dos propiedades del ex alcalde de San Antonio La Cruz, del Departamento de Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores con el fin de analizarla y si procede incorporarla al Juzgado de Extinción de Dominio.
La diligencia fue solicitada por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía con el objetivo de iniciar el proceso para extinguirle los bienes al exalcalde acusado de tráfico ilegal de personas y posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico.
La documentación fue incautada en los registros con prevención de allanamiento que realizaron las autoridades en las propiedades del alcalde, en el Departamento de Chalatenango y Ciudad Delgado, a efecto de determinar si las escrituras amparan las propiedades. Entre los documentos desembalados están escrituras de propiedad, donaciones y armas de fuego.
El caso se encuentra en la etapa de instrucción que finaliza el 3 de enero de 2019.
Junto al alcalde fueron enviados a prisión siete imputados: Gerardo Antonio Flores Bolaños, de 40 años de edad; Daniel Amílcar Guardado Romero, de 29; Noé Luis Martínez Guardado, de 34; José Alex Ramírez Lemus, de 39; Elmer Andrés Morales Martínez, de 25; José Iván Orellana, de 27 y Julio Mejía Melgar, de 30 éste último es reo ausente.
Según la investigación de las autoridades fiscales y policiales el exfuncionario supuestamente lideraba una estructura de tráfico de drogas en la zona de Chalatenango y que cuenta con escuchas telefónicas, además de diligencias de investigación de movimientos controlados, compra de droga por agentes encubiertos, videos de capturas de paquetes sospechosos y cantidades de dinero. Lucio Ayala, alcalde reelegido en dicho municipio fue capturado el 8 de marzo.
Fotografías de procesos anteriores
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Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
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14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
