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Juzgado procesa a exministro, David Gutiérrez, por perjuicio económico de $13.7 millones al Estado

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El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, definirá en audiencia preliminar si el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, es enviado a juicio por el delito de peculado de $13,723,132.60.

El exfuncionario es acusado de una serie de omisiones en el proyecto de construcción del Bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, tramo II, que antes se llamaba Bulevar Diego de Holguín, esas acciones causaron el millonario perjuicio económico al Estado.

«Durante la construcción de dicho proyecto se dieron una serie de omisiones por parte del exministro lo cual generaron un atraso en la construcción de este proyecto, así mismo se creo un perjuicio económico al Estado de El Salvador que asciende a más de $13 millones» explicó uno de los fiscales.

En la audiencia preliminar el ministerio público pretende probar que el Estado de El Salvador pagó ese dinero por las omisiones del exfuncionario y también que se le admita toda la evidencia recopilada en la etapa de investigación.

Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción han plasmado en el expediente que los hechos ocurrieron entre diciembre de 2005 y febrero de 2007.

Se detalla que David Gutiérrez permitió una serie de anomalías en el diseño y construcción del bulevar, esa obra permaneció suspendida y aún así al asocio Copreca Linares, del guatemalteco Jesús Hernández Campollo, siguió recibiendo pagos por avances del proyecto hasta por $13,723,132.60, dinero por el cual el exministro debe responder ya que la Fiscalía al judicializar el caso pidió que se diera por iniciada la acción civil.

El 24 de mayo de 2010, el exfuncionario en el gobierno de Elías Antonio Saca, fue denunciado en la Fiscalía, por actos de corrupción por ese proyecto que inicialmente bajo un contrato llave en mano se acordó que costaría, $25,652,957.16.

Pero el MOP pagó $19,740,349.54 por una obra inconclusa, en laudos arbitrales erogó $13,142,378.96 y por una garantía que se le entregó a la empresa se pagaron $10 millones; al final la cartera de Obras Públicas terminó cancelando $42,882,728.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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