Judicial
Juzgado procesa a exministro, David Gutiérrez, por perjuicio económico de $13.7 millones al Estado
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, definirá en audiencia preliminar si el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, es enviado a juicio por el delito de peculado de $13,723,132.60.
El exfuncionario es acusado de una serie de omisiones en el proyecto de construcción del Bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, tramo II, que antes se llamaba Bulevar Diego de Holguín, esas acciones causaron el millonario perjuicio económico al Estado.
«Durante la construcción de dicho proyecto se dieron una serie de omisiones por parte del exministro lo cual generaron un atraso en la construcción de este proyecto, así mismo se creo un perjuicio económico al Estado de El Salvador que asciende a más de $13 millones» explicó uno de los fiscales.
En la audiencia preliminar el ministerio público pretende probar que el Estado de El Salvador pagó ese dinero por las omisiones del exfuncionario y también que se le admita toda la evidencia recopilada en la etapa de investigación.
Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción han plasmado en el expediente que los hechos ocurrieron entre diciembre de 2005 y febrero de 2007.
Se detalla que David Gutiérrez permitió una serie de anomalías en el diseño y construcción del bulevar, esa obra permaneció suspendida y aún así al asocio Copreca Linares, del guatemalteco Jesús Hernández Campollo, siguió recibiendo pagos por avances del proyecto hasta por $13,723,132.60, dinero por el cual el exministro debe responder ya que la Fiscalía al judicializar el caso pidió que se diera por iniciada la acción civil.
El 24 de mayo de 2010, el exfuncionario en el gobierno de Elías Antonio Saca, fue denunciado en la Fiscalía, por actos de corrupción por ese proyecto que inicialmente bajo un contrato llave en mano se acordó que costaría, $25,652,957.16.
Pero el MOP pagó $19,740,349.54 por una obra inconclusa, en laudos arbitrales erogó $13,142,378.96 y por una garantía que se le entregó a la empresa se pagaron $10 millones; al final la cartera de Obras Públicas terminó cancelando $42,882,728.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
