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Judicial

Juzgado deja en libertad a mujer acusada de hurtar patrulla policial en 2019

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El Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, La Libertad, dejó libre a Ruth Lisseth Mejía Martínez, quien fue acusada de hurtar una patrulla policial en septiembre de 2019 en Ilopango.

La decisión de la jueza fue dada a conocer por la defensora de Martínez, la abogada Bertha María Deleón, la tarde de este martes.

“Hoy terminó la audiencia preliminar del proceso penal que la Fiscalía inició injustamente contra Ruth M, el caso del supuesto hurto de la patrulla de PNC. La jueza de instrucción de Quezaltepeque la sobreseyó definitivamente por considerar que el hecho es atípico, no hubo ánimo de lucro”, explicó Deleón desde su cuenta de Twitter.

Cuando la abogada tomó el caso denunció que las autoridades no lo habían tratado como corresponden los lineamientos policiales, es decir, no conforme a los protocolos establecidos.

La profesional hizo hincapié que al momento en que sucedieron los hechos, Martínez estaba afectada por una crisis producto de la violencia intrafamiliar.

“Los  peritajes psicológicos y estudio psiquiátrico son claros y contundentes, en que al momento de los hechos estaba afectada por historial de violencia intrafamiliar y enfrentaba una crisis psicótica”, expuso.

“Hoy se hizo justicia, Ruth no cometió delito, hubo mal proceder policial, fiscal y judicial”, comentó Deleón.

Por su parte, los fiscales del caso habían solicitado a la jueza la apertura a juicio contra Martínez, algo que a criterio de la abogada es una falta grave en el ejercicio de la carrera fiscal.

“Pese a ello —la crisis emocional de la acusada —el fiscal auxiliar del caso, faltando a los Principios de legalidad, dignidad, imparcialidad, solicitó a la jueza que decretara apertura a juicio. Esto constituye una falta grave en el ejercicio de la carrera fiscal, pues está prohibido iniciar acciones judiciales ilegales o contrario a lo que establece la evidencia”, valoró defensora de Martínez.

Desde el principio, Deleón mencionó que este caso estaba poniendo a prueba el actuar de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en el país.

“Es urgente que los operadores de justicia, se tomen estos casos en serio y dejen de procesar penalmente a personas que no han cometido delito. Hoy, se hizo justicia, sin embargo, Ruth permaneció 3 meses privada de libertad, por mal procedimiento policial, fiscal y del juez que conoció la audiencia inicial”, explicó en sus redes sociales.

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Judicial

Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda

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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.

La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.

Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.

El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.

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Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz

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El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.

El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.

«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.

Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.

 

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Judicial

Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas

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El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.

La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.

Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.

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