Judicial
Juzgado deja en libertad a mujer acusada de hurtar patrulla policial en 2019
El Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, La Libertad, dejó libre a Ruth Lisseth Mejía Martínez, quien fue acusada de hurtar una patrulla policial en septiembre de 2019 en Ilopango.
La decisión de la jueza fue dada a conocer por la defensora de Martínez, la abogada Bertha María Deleón, la tarde de este martes.
“Hoy terminó la audiencia preliminar del proceso penal que la Fiscalía inició injustamente contra Ruth M, el caso del supuesto hurto de la patrulla de PNC. La jueza de instrucción de Quezaltepeque la sobreseyó definitivamente por considerar que el hecho es atípico, no hubo ánimo de lucro”, explicó Deleón desde su cuenta de Twitter.
Cuando la abogada tomó el caso denunció que las autoridades no lo habían tratado como corresponden los lineamientos policiales, es decir, no conforme a los protocolos establecidos.
La profesional hizo hincapié que al momento en que sucedieron los hechos, Martínez estaba afectada por una crisis producto de la violencia intrafamiliar.
“Los peritajes psicológicos y estudio psiquiátrico son claros y contundentes, en que al momento de los hechos estaba afectada por historial de violencia intrafamiliar y enfrentaba una crisis psicótica”, expuso.
“Hoy se hizo justicia, Ruth no cometió delito, hubo mal proceder policial, fiscal y judicial”, comentó Deleón.
Por su parte, los fiscales del caso habían solicitado a la jueza la apertura a juicio contra Martínez, algo que a criterio de la abogada es una falta grave en el ejercicio de la carrera fiscal.
“Pese a ello —la crisis emocional de la acusada —el fiscal auxiliar del caso, faltando a los Principios de legalidad, dignidad, imparcialidad, solicitó a la jueza que decretara apertura a juicio. Esto constituye una falta grave en el ejercicio de la carrera fiscal, pues está prohibido iniciar acciones judiciales ilegales o contrario a lo que establece la evidencia”, valoró defensora de Martínez.
Desde el principio, Deleón mencionó que este caso estaba poniendo a prueba el actuar de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en el país.
“Es urgente que los operadores de justicia, se tomen estos casos en serio y dejen de procesar penalmente a personas que no han cometido delito. Hoy, se hizo justicia, sin embargo, Ruth permaneció 3 meses privada de libertad, por mal procedimiento policial, fiscal y del juez que conoció la audiencia inicial”, explicó en sus redes sociales.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
