Judicial
Juzgado deja en libertad a mujer acusada de hurtar patrulla policial en 2019
El Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, La Libertad, dejó libre a Ruth Lisseth Mejía Martínez, quien fue acusada de hurtar una patrulla policial en septiembre de 2019 en Ilopango.
La decisión de la jueza fue dada a conocer por la defensora de Martínez, la abogada Bertha María Deleón, la tarde de este martes.
“Hoy terminó la audiencia preliminar del proceso penal que la Fiscalía inició injustamente contra Ruth M, el caso del supuesto hurto de la patrulla de PNC. La jueza de instrucción de Quezaltepeque la sobreseyó definitivamente por considerar que el hecho es atípico, no hubo ánimo de lucro”, explicó Deleón desde su cuenta de Twitter.
Cuando la abogada tomó el caso denunció que las autoridades no lo habían tratado como corresponden los lineamientos policiales, es decir, no conforme a los protocolos establecidos.
La profesional hizo hincapié que al momento en que sucedieron los hechos, Martínez estaba afectada por una crisis producto de la violencia intrafamiliar.
“Los peritajes psicológicos y estudio psiquiátrico son claros y contundentes, en que al momento de los hechos estaba afectada por historial de violencia intrafamiliar y enfrentaba una crisis psicótica”, expuso.
“Hoy se hizo justicia, Ruth no cometió delito, hubo mal proceder policial, fiscal y judicial”, comentó Deleón.
Por su parte, los fiscales del caso habían solicitado a la jueza la apertura a juicio contra Martínez, algo que a criterio de la abogada es una falta grave en el ejercicio de la carrera fiscal.
“Pese a ello —la crisis emocional de la acusada —el fiscal auxiliar del caso, faltando a los Principios de legalidad, dignidad, imparcialidad, solicitó a la jueza que decretara apertura a juicio. Esto constituye una falta grave en el ejercicio de la carrera fiscal, pues está prohibido iniciar acciones judiciales ilegales o contrario a lo que establece la evidencia”, valoró defensora de Martínez.
Desde el principio, Deleón mencionó que este caso estaba poniendo a prueba el actuar de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en el país.
“Es urgente que los operadores de justicia, se tomen estos casos en serio y dejen de procesar penalmente a personas que no han cometido delito. Hoy, se hizo justicia, sin embargo, Ruth permaneció 3 meses privada de libertad, por mal procedimiento policial, fiscal y del juez que conoció la audiencia inicial”, explicó en sus redes sociales.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
