Judicial
Jueza suspende Audiencia preliminar y decreta reserva total en el caso de expresentadora Pamela Posada
El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador suspendió la audiencia preliminar programada para este lunes contra la expresentadora Pamela Posada y 27 personas más acusadas de pertenecer a una red internacional de tráfico liderada por el «Chapo» Guzmán.
De igual forma, el juzgado decretó la reserva total del caso a petición de la Fiscalía debido a que se está investigando a una red que funciona a nivel centroamericana y esto implica un mayor margen de discrecionalidad.
“No sólo es una red estructurada en El Salvador, también a nivel centroamericano y eso implica un mayor margen de discrecionalidad en la actuación para que la información sea reservada por propia seguridad de personas involucradas en el proceso”, expresó ante la prensa la fiscal del caso.
Posada, junto a los otros imputados, fue capturada en febrero de 2017 y la Cámara 4ª de Santa Tecla, confirmó el 21 de abril de 2017, la detención previsional para la exlocutora y presentadora.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Posada de organizar el apoyo logístico para el paso de lanchas rápidas con cocaína que navegan por las costas salvadoreñas.
También es señalada por acompañar a quienes descargaban la droga en la Playa Monte Rico de Guatemala.
Actualmente la exlocutora guarda prisión en Centro de Cumplimiento de Penas de Ilopango, mejor conocido como Cárcel de Mujeres.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
