Judicial
Juez ordena que $18,879 decomisados a colombiano pasen al Estado
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, con sede en San Salvador, resolvió que $18,879 decomisados al colombiano Manuel Alejandro Pérez Moreno, pasen al Estado.
En la resolución el juez dijo que el propietario del dinero no aportó información que respaldara la procedencia lícita del dinero.
Pese a que el extranjero manifestó que es producto de sus actividades en el campo de la «parapsicología» que proporcionaba a domicilio, el funcionario judicial sostuvo que el colombiano no presentó autorización alguna para realizar actividad económica en el país, además las remesas que había recibido no alcanzaban para cubrir el monto de dinero decomisado.
Según el informe, solicitó residencia temporal y al consultar su situación migratoria, la Fiscalía determinó que en octubre de 2021 ingresó al país por turismo, por lo que no estaría autorizado para realizar actividades remuneradas
El 24 de mayo del año 2022, cuando las autoridades lo detuvieron en un apartamento de la colonia San Benito de la capital, también fue arrestado el colombiano Jhon Kevin Ochoa Giraldo con $2,245.
En la audiencia de sentencia, el juez consideró que hubo deficiencia probatoria para demostrar el origen ilícito del dinero, ya que la prueba documental justificó que el joven recibió remesas por esa cantidad en el tiempo que le fue allanado su domicilio.
Por la vía penal, los dos extranjeros ya fueron condenados por los delitos de posesión y tenencia de droga y casos especiales de lavado de dinero.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
