Judicial
Juez impuso 5 años de prisión a un sujeto acusado del homicidio de un agente policial
Como un hecho de intolerancia fue calificado por un juez, la causa que derivó en el crimen de un agente de la Policía Nacional Civil, en el año 2019 y por lo que el responsable del hecho deberá cumplir una condena de 5 años de prisión.
El informe de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio detalla que el imputado Edgar González Ostorga, fue llevado ante el Tribunal Quinto de Sentencia San Salvador, para enfrentar el delito de Homicidio Agravado.
La víctima, Gabriel Ángel Cortez Martínez, agente de la PNC, destacado en la Delegación San Salvador Centro y el 27 de agosto del año en mención, se encontraba de licencia.
Los hechos se generaron en el kilómetro 19 de la Carretera Troncal del Norte, en jurisdicción de esta ciudad. Cortez Martínez viajaba en su motocicleta, y los imputados que también se conducían en motocicleta, pero en sentido contrario al de la víctima, al verlo le dieron persecución y le asestaron varios disparos causándole la muerte.
El juez al valorar los hechos consideró las causas que motivaron la acción violenta del imputado fue por un acto de intolerancia y bajo la figura jurídica del error invencible le aplicó la pena de prisión de 5 años.
Sin embargo, la FGR esperará conocer la sentencia por escrito del Juzgador para analizar la fundamentación ante un eventual recurso de apelación que se interpondría ante el fallo.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
