Judicial
Jornalero compartía con dos pandilleros bebidas alcohólicas y éstos lo terminan asesinado tras una discusión
Una discusión entre un jornalero y dos de sus amigos fue lo que puso punto final a una juerga que llevaron a cabo en el patio de una casa de Nejapa en la que corrió la sangre debido a un ataque a machetazos que recibió el primero de estos.
La migración interna que realizan los pandilleros llevó a Sigfredo Torres a conocer a Cristian D., alias “Pinguino”, de 19 años, y Aníbal, alias “Toño”, de 20, quienes llegaron a vivir al cantón Tejutepeque del referido municipio de San Salvador en el que la delincuencia ha incrementado en los últimos años.
Teniendo claro conocimiento que ambos hombres a los que llamaba amigos eran miembros de estructuras criminales, Torres entró en confianza con estos al punto de invitarlos a ingerir bebidas alcohólicas en su vivienda.
Fue hasta la noche del 3 de agosto de 2017 cuando la amistad entre los tres señalados terminó, luego de una larga jornada entre cañales, plantaciones de maíz y árboles frutales la víctima recibió la visita de los delincuentes.
Al fondo de la casa de adobe con techo de lámina y en medio de una silenciosa noche una luz tenue despejaba la oscuridad en la que los hombres se encontraban sentados tomando una de las botellas de licor que tenían para emborracharse.
El reloj marcaba las 9:15 de la noche cuando la botella quedó vacía, los hombres ya no tenían claridad en sus pensamientos y diferencias del pasado -que no se han esclarecido- provocaron que se iniciara una fuerte discusión.
Cada palabra pronunciada por el jornalero provocaba una reacción más violenta en los dos pandilleros quienes estaban unidos en la discusión que llegó hasta a los gritos que irrumpieron el silencio rural.
La situación se volvió más tensa cuando uno de los pandilleros amenazó de muerte a Torres: «Te vamos a matar», le advirtió Anibal al mismo tiempo que tomaba un corvo y apuntaba en su contra.
El delincuente inició su ataque con un contundente corte en el cuello que tumbó al suelo al jornalero que no tuvo tiempo de defenderse, el pandillero le propinó seis zarpazos entre el cuello y la cabeza que casi lo degollaron.
Luego de varios minutos, los delincuentes reaccionaron sobre lo ocurrido y salieron corriendo con el arma ensangrentada a través de unos cañales que estaban cerca de la casa hasta perderse.
El cuerpo destrozado de Sigfredo quedó tendido y fue hasta la media noche que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados sobre lo ocurrido por un testigo que dio detalle sobre lo acontecido.
El relato del testigo permitió a las autoridades identificar a los delincuentes, el primero en caer fue Cristian quien seguía residiendo en la zona, mientras que Anibal fue detenido el 7 de septiembre de 2018 por autoridades migratorias de Honduras mientras cruzaba la frontera El Amatillo en La Unión.
Según lo determinado por el juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador, ambos pandilleros enfrentarán juicios de manera separada por el delito de homicidio agravado en una fecha pendiente de fijar.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
