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Intervienen bienes de exfuncionarios de gobierno de Funes, valorados en $1.3 millones
Fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio intervinieron bienes a nombre del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Marciano Rivas, y de Manuel Arturo Ayala Orellana valorados en $1.3 millones.
Orellana, fue el director ejecutivo de la Presidencia Funes, acusada de haber desviado de las arcas del Estado $351 millones durante su gestión entre 2009 al 2014.
Según la Fiscalía, estas acciones forman parte de las medidas cautelares en contra de los exfuncionarios.
En el caso de Rivas le confiscaron cuatro inmuebles, dos vehículos y cuatro cuentas bancarias que totalizaron $800,000; mientras que a Orellana le intervinieron cinco inmuebles y tres vehículos con un valor estimado de $500,000.
Las propiedades pasarán al control del Estado por medio de la Ley de Extinción de Dominio, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), informó la Fiscalía.
“Entre los bienes inmuebles intervenidos se encuentran viviendas particulares, dos lotes en un complejo de playa en el Puerto de La Libertad, seis vehículos y cuantas bancarias. El valor aproximado de los bienes incautados entre ambas personas asciende a $1.3 millones”, dio a conocer la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
David Rivas se desempeñó como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia en el periodo de Funes, y es acusado de los delitos de actividades ilícitas de lavado de dinero, pues según las investigaciones de la Fiscalía le fue detectado un incremento patrimonial.
A Orellana, las autoridades lo vinculan en la obtención de sus bienes con actividades ilícitas de lavado de dinero y peculado.
Las casas, cuentas bancarias y otros bienes pasarán a manos del Estado, aseguró la Fiscalía.
David Rivas fue el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia en período de Mauricio Funes.
Nota: El Salvador Times.Vea acá
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
