Judicial
Intervienen bienes de exfuncionarios de gobierno de Funes, valorados en $1.3 millones
Fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio intervinieron bienes a nombre del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Marciano Rivas, y de Manuel Arturo Ayala Orellana valorados en $1.3 millones.
Orellana, fue el director ejecutivo de la Presidencia Funes, acusada de haber desviado de las arcas del Estado $351 millones durante su gestión entre 2009 al 2014.
Según la Fiscalía, estas acciones forman parte de las medidas cautelares en contra de los exfuncionarios.
En el caso de Rivas le confiscaron cuatro inmuebles, dos vehículos y cuatro cuentas bancarias que totalizaron $800,000; mientras que a Orellana le intervinieron cinco inmuebles y tres vehículos con un valor estimado de $500,000.
Las propiedades pasarán al control del Estado por medio de la Ley de Extinción de Dominio, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), informó la Fiscalía.
“Entre los bienes inmuebles intervenidos se encuentran viviendas particulares, dos lotes en un complejo de playa en el Puerto de La Libertad, seis vehículos y cuantas bancarias. El valor aproximado de los bienes incautados entre ambas personas asciende a $1.3 millones”, dio a conocer la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
David Rivas se desempeñó como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia en el periodo de Funes, y es acusado de los delitos de actividades ilícitas de lavado de dinero, pues según las investigaciones de la Fiscalía le fue detectado un incremento patrimonial.
A Orellana, las autoridades lo vinculan en la obtención de sus bienes con actividades ilícitas de lavado de dinero y peculado.
Las casas, cuentas bancarias y otros bienes pasarán a manos del Estado, aseguró la Fiscalía.
David Rivas fue el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia en período de Mauricio Funes.
Nota: El Salvador Times.Vea acá
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
