Judicial
Intervienen bienes de exfuncionarios de gobierno de Funes, valorados en $1.3 millones
Fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio intervinieron bienes a nombre del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Marciano Rivas, y de Manuel Arturo Ayala Orellana valorados en $1.3 millones.
Orellana, fue el director ejecutivo de la Presidencia Funes, acusada de haber desviado de las arcas del Estado $351 millones durante su gestión entre 2009 al 2014.
Según la Fiscalía, estas acciones forman parte de las medidas cautelares en contra de los exfuncionarios.
En el caso de Rivas le confiscaron cuatro inmuebles, dos vehículos y cuatro cuentas bancarias que totalizaron $800,000; mientras que a Orellana le intervinieron cinco inmuebles y tres vehículos con un valor estimado de $500,000.
Las propiedades pasarán al control del Estado por medio de la Ley de Extinción de Dominio, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), informó la Fiscalía.
“Entre los bienes inmuebles intervenidos se encuentran viviendas particulares, dos lotes en un complejo de playa en el Puerto de La Libertad, seis vehículos y cuantas bancarias. El valor aproximado de los bienes incautados entre ambas personas asciende a $1.3 millones”, dio a conocer la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
David Rivas se desempeñó como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia en el periodo de Funes, y es acusado de los delitos de actividades ilícitas de lavado de dinero, pues según las investigaciones de la Fiscalía le fue detectado un incremento patrimonial.
A Orellana, las autoridades lo vinculan en la obtención de sus bienes con actividades ilícitas de lavado de dinero y peculado.
Las casas, cuentas bancarias y otros bienes pasarán a manos del Estado, aseguró la Fiscalía.
David Rivas fue el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia en período de Mauricio Funes.
Nota: El Salvador Times.Vea acá
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
