Judicial
Intervienen bienes de exfuncionarios de gobierno de Funes, valorados en $1.3 millones
Fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio intervinieron bienes a nombre del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Marciano Rivas, y de Manuel Arturo Ayala Orellana valorados en $1.3 millones.
Orellana, fue el director ejecutivo de la Presidencia Funes, acusada de haber desviado de las arcas del Estado $351 millones durante su gestión entre 2009 al 2014.
Según la Fiscalía, estas acciones forman parte de las medidas cautelares en contra de los exfuncionarios.
En el caso de Rivas le confiscaron cuatro inmuebles, dos vehículos y cuatro cuentas bancarias que totalizaron $800,000; mientras que a Orellana le intervinieron cinco inmuebles y tres vehículos con un valor estimado de $500,000.
Las propiedades pasarán al control del Estado por medio de la Ley de Extinción de Dominio, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), informó la Fiscalía.
“Entre los bienes inmuebles intervenidos se encuentran viviendas particulares, dos lotes en un complejo de playa en el Puerto de La Libertad, seis vehículos y cuantas bancarias. El valor aproximado de los bienes incautados entre ambas personas asciende a $1.3 millones”, dio a conocer la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
David Rivas se desempeñó como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia en el periodo de Funes, y es acusado de los delitos de actividades ilícitas de lavado de dinero, pues según las investigaciones de la Fiscalía le fue detectado un incremento patrimonial.
A Orellana, las autoridades lo vinculan en la obtención de sus bienes con actividades ilícitas de lavado de dinero y peculado.
Las casas, cuentas bancarias y otros bienes pasarán a manos del Estado, aseguró la Fiscalía.
David Rivas fue el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia en período de Mauricio Funes.
Nota: El Salvador Times.Vea acá
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
