Judicial
Instrucción formal con detención provisional para sacristán que asesinó a sacerdote Cecilio Pérez en Juayúa
El Juzgado de Paz de Juayúa, en Sonsonate, decretó esta mañana la instrucción formal con detención provisional contra Abraham Heriberto Mestizo Pérez, de 33 años, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de homicidio agravado en perjuicio de quien en vida fuera el sacerdote Cecilio Pérez.
Dicho delito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 128 y 129 del Código Penal.
durante la audiencia inicial, el Ministerio Público ofertó prueba documental, pericial y testimonial que fueron suficientes para que el juez tuviera los elementos de convicción suficientes tanto para acreditar la existencia del delito, así como también para sostener razonablemente la participación del incoado en la comisión del delito; y, con ello, remita el proceso a la etapa de instrucción.
Todo ello, tal y como lo exige el Artículo 329 del Código Procesal Penal, donde también se establece que la medida cautelar de la detención se otorga cuando la pena del delito es superior a los tres años de prisión.
La FGR ha solicitado un plazo de 180 días para continuar con las investigaciones en torno al caso. Sin embargo, será el Juzgado 1º de Instrucción de Sonsonate el que decida si accede o modifica la petición fiscal.
El hecho que le imputan a Mestizo Pérez ocurrió el 18 de mayo recién pasado al interior de la habitación del sacerdote en la casa parroquial, ubicada en el cantón San José La Majada, en Juayúa. El cadáver presentaba una lesión originada por arma de fuego, según las primeras pesquisas.
El imputado que está siendo procesado fue capturado en la colonia Las Margaritas, de Nahuizalco, el lunes 10 de junio, por agentes de la División Central de Investigaciones (DCI) de San Salvador.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
