Judicial
Inician proceso penal a hombre que transportaba cadáver en vehículo accidentado en Quezaltepeque
El Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad, comenzará el proceso penal por tres delitos a Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien el pasado 30 de abril, al accidentarse en su vehículo le hallaron el cadáver de un hombre envuelto en sábanas.
Al presentar la acusación formal, la Fiscalía General de la República pidió al juzgado que el imputado siga en prisión y que el expediente sea enviado a la fase de instrucción.
El expediente penal ha sido promovido por los delitos de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa.
La Fiscal del caso explicó que a eso de las 6:00 de la mañana del 30 de marzo, Figueroa Salazar, se accidentó manejando en estado de ebriedad y a excesiva velocidad en el redondel que está en la entrada de Quezaltepeque.
Cuando la Policía Nacional Civil (PNC) tiene información del percance vial, llega a verificar y los agentes constatan que había sido atropellado Miguel Ángel Acosta Estrada quien transitaba por el lugar.
Cuando los policías registran el automotor accidentado descubren que en su interior es trasladado el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas.
«Se indaga que el cometimiento del hecho se dio en el municipio de Nejapa, departamento de San Salvador, en horas de la madrugada del día 30 de marzo del 2024», sostuvo la representante del ministerio público.
Como parte de las investigaciones, fiscales y policías realizaron varias diligencias de investigación en busca de pruebas. Hicieron una inspección en el lugar donde el hombre había sido asesinado, encontrando el arma de fuego utilizada para asesinarlo, abundantes manchas de sangre, un zapato de la víctima similar al que hallaron en el vehículo donde estaba el cuerpo.
«En ese sentido se ha logrado establecer con las diligencias iniciales de investigación la participación directa del imputado en los delitos que se le están atribuyendo», agregó la Fiscal.
En días recientes el ministro de Seguridad afirmó que el sospechoso del homicidio había estado departiendo con la víctima.
#Requerimiento I Hoy, la @FGR_SV ha presentado requerimiento contra Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien el pasado 30 de marzo provocó un accidente de tránsito y al registrar su vehículo se encontró el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas.
A Figueroa se le atribuyen los… pic.twitter.com/rJSl0YSkVw
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 14, 2024
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
