Judicial
Inician proceso penal a hombre que transportaba cadáver en vehículo accidentado en Quezaltepeque
El Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad, comenzará el proceso penal por tres delitos a Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien el pasado 30 de abril, al accidentarse en su vehículo le hallaron el cadáver de un hombre envuelto en sábanas.
Al presentar la acusación formal, la Fiscalía General de la República pidió al juzgado que el imputado siga en prisión y que el expediente sea enviado a la fase de instrucción.
El expediente penal ha sido promovido por los delitos de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa.
La Fiscal del caso explicó que a eso de las 6:00 de la mañana del 30 de marzo, Figueroa Salazar, se accidentó manejando en estado de ebriedad y a excesiva velocidad en el redondel que está en la entrada de Quezaltepeque.
Cuando la Policía Nacional Civil (PNC) tiene información del percance vial, llega a verificar y los agentes constatan que había sido atropellado Miguel Ángel Acosta Estrada quien transitaba por el lugar.
Cuando los policías registran el automotor accidentado descubren que en su interior es trasladado el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas.
«Se indaga que el cometimiento del hecho se dio en el municipio de Nejapa, departamento de San Salvador, en horas de la madrugada del día 30 de marzo del 2024», sostuvo la representante del ministerio público.
Como parte de las investigaciones, fiscales y policías realizaron varias diligencias de investigación en busca de pruebas. Hicieron una inspección en el lugar donde el hombre había sido asesinado, encontrando el arma de fuego utilizada para asesinarlo, abundantes manchas de sangre, un zapato de la víctima similar al que hallaron en el vehículo donde estaba el cuerpo.
«En ese sentido se ha logrado establecer con las diligencias iniciales de investigación la participación directa del imputado en los delitos que se le están atribuyendo», agregó la Fiscal.
En días recientes el ministro de Seguridad afirmó que el sospechoso del homicidio había estado departiendo con la víctima.
#Requerimiento I Hoy, la @FGR_SV ha presentado requerimiento contra Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien el pasado 30 de marzo provocó un accidente de tránsito y al registrar su vehículo se encontró el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas.
A Figueroa se le atribuyen los… pic.twitter.com/rJSl0YSkVw
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 14, 2024
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
