Judicial
Hombre es enviado a Instrucción por no pagar cuota alimenticia de su hijo
El Juzgado Cuarto de Paz envió a la etapa de Instrucción a Marlon Heriberto P. por incumplimiento de cuotas alimenticias. Según el reporte judicial, la Procuraduría General de la República (PGR) le impuso una cuota de 100 dólares mensuales al procesado a favor de su hijo de 10 años.
La madre del menor aseguró que desde 2018 el procesado no ha abonado nada; sin embargo, el imputado aseguró que en ocasiones realizó depósitos, pero de forma incompleta.
“Desde 2018, Marlon Heriberto P. D. dejó de abonar los 100 dólares mensuales que la Procuraduría General de la República le impuso en concepto de cuotas alimenticias para su hijo menor de edad, por lo cual la deuda ha crecido a $5 mil 736.33”, señaló la cuenta oficial de Centros Judiciales.
Según el requerimiento fiscal, el sujeto estuvo acompañado con una mujer con quien procreó un niño, pero en 2018 se separaron y desde entonces dejó de cumplir con el deber como padre, por lo que fue acusado del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
La audiencia inicial se realizó en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador donde el procesado no pudo conciliar con la madre de su hijo de diez años, la juzgadora ordenó que el caso pase a instrucción con medidas, las cuales son: No cambiar de domicilio ni salir del país y acudir a los llamados que le realice el Juzgado Segundo de Instrucción.
Durante la audiencia, el abogado del procesado aseguró que su cliente cuenta con documentos que permiten establecer que la deuda no es de $5 mil 736.33, ya que él ha efectuado abonos hasta por $1,070, pues, aunque nunca abonó los $100 mensuales, a veces depositaba entre $20 y $50, lo cual deberá probarse en la audiencia preliminar.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
