Judicial
«He perdonado y espero que él se haya arrepentido de quitarle la vida a mi adorada hija»: Madre de doctora del MINSAL asesinada
La madre de la doctora Rosa María Bonilla Vega, quien presuntamente fue asesinada por su pareja en enero pasado, brindó declaraciones a la prensa a las afueras del juzgado donde se realiza la audiencia preliminar en contra de Denys Suárez, quien es acusado de haberla asesinado. La mujer aseguró que ya lo ha perdonado y espera que el caso de su hija sea ejemplo para otras mujeres que viven violencia en su hogar.
«Yo, como hija de Jesucristo, he perdonado y espero que él se haya arrepentido de quitarle la vida a mi adorada hija Rosa María Bonilla Vega», dijo la mujer visiblemente afectada.
La madre de la doctora calificó el hecho como una «tremenda prueba» y agradeció a todas las personas que la han apoyado, incluso a la Policía Nacional Civil (PNC) y al sistema de justicia por haber sido «eficientes en el proceso».
Asimismo, aseguró que espera que el caso de su hija sea un ejemplo para que las mujeres que son víctimas de violencia a manos de sus parejas.
«El mensaje a todas las mujeres es que no permitan el abuso de parte de sus parejas, no permitan que les alcen las voz y mucho menos que las ofendan de hecho o de palabra», sentenció la madre de Bonilla.
«La finalidad es que se llegue a la verdad de lo que realmente pasó y de ser culpable el imputado que sean las leyes terrenales las que decidan. Seguiremos en el proceso hasta llegar a las ultimas instancias judiciales para que la justicia impere y el crimen no queden impune», dictó la madre, acuerpada por decenas de personas que llegaron al juzgado al momento de la audiencia.
Según las pesquisas fiscales, el hecho ocurrió el 23 de enero de este 2018, al interior de la vivienda donde residían la víctima y el imputado, ubicada en la residencial Bariloche de Santa Ana.
Aparentemente, ambos sostuvieron una discusión acalorada que habría desencadenado el episodio de violencia que acabó con la vida de Bonilla Vega, quien en vida laboraba para el Ministerio de Salud (MINSAL). Según el ministerio público, el imputado habría alterado la escena donde ocurrió el hecho.
El procesado se encuentra detenido de manera preventiva en el Centro Penal de Apanteos, ubicado al norte de la ciudad de Santa Ana.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
