Judicial
Giran orden de capturar contra un exmilitar por su participación en el asesinato de Monseñor Romero
El fiscal general de la república, Douglas Meléndez, confirmó el martes que se ya se ha girado la orden de captura contra un exmilitar que participó en el asesinado del ahora santo Óscar Arnulfo Romero.
De acuerdo a las declaraciones del fiscal, el implicado es el exmilitar Álvaro Saravia, ya hay varios indicios de que participó en el caso de homicidio presuntamente ordenado por Roberto d’Aubuisson, líder y fundador del partido ARENA.
Desde hace varios años, una organización estadounidense presentó una demanda civil contra un ex militar salvadoreño, quien vive en California, acusándolo del asesinato en 1980.
Según la acusación, Saravia renunció a la comisión militar que integraba y ayudó a asesinar a Romero, que se había erigido como una voz crítica de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas de El Salvador.
Un año después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la declaración del testigo no era creíble porque ya había pasado mucho tiempo del hecho y la investigación se estancó. Fue hasta el pasado 18 del presente año que un juez ordenó reabrir el caso del asesinato de Romero y pidió que el único acusado por el polémico crimen, un ex militar absuelto en 1993, sea procesado penalmente por la Fiscalía, ya que hay dos testigos que lo incriminan en el hecho, según resolución de juzgado.
El Vaticano beatificó a Romero en 2015 como “mártir por odio a la fe”, el primer paso para ser declarado santo de la Iglesia Católica. Y el 14 de octubre del 2018 lo declaró santo, el primero de El Salvador.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
