Judicial
Giran orden de capturar contra un exmilitar por su participación en el asesinato de Monseñor Romero
El fiscal general de la república, Douglas Meléndez, confirmó el martes que se ya se ha girado la orden de captura contra un exmilitar que participó en el asesinado del ahora santo Óscar Arnulfo Romero.
De acuerdo a las declaraciones del fiscal, el implicado es el exmilitar Álvaro Saravia, ya hay varios indicios de que participó en el caso de homicidio presuntamente ordenado por Roberto d’Aubuisson, líder y fundador del partido ARENA.
Desde hace varios años, una organización estadounidense presentó una demanda civil contra un ex militar salvadoreño, quien vive en California, acusándolo del asesinato en 1980.
Según la acusación, Saravia renunció a la comisión militar que integraba y ayudó a asesinar a Romero, que se había erigido como una voz crítica de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas de El Salvador.
Un año después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la declaración del testigo no era creíble porque ya había pasado mucho tiempo del hecho y la investigación se estancó. Fue hasta el pasado 18 del presente año que un juez ordenó reabrir el caso del asesinato de Romero y pidió que el único acusado por el polémico crimen, un ex militar absuelto en 1993, sea procesado penalmente por la Fiscalía, ya que hay dos testigos que lo incriminan en el hecho, según resolución de juzgado.
El Vaticano beatificó a Romero en 2015 como “mártir por odio a la fe”, el primer paso para ser declarado santo de la Iglesia Católica. Y el 14 de octubre del 2018 lo declaró santo, el primero de El Salvador.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
