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FOTOS | Capturan nuevamente a Ernesto Muyshondt por otra defraudación al fisco

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El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, fue capturado nuevamente hoy por la Policía al salir del Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, donde enfrentó una audiencia por defraudación al fisco en la modalidad de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.

Muyshondt, había quedado exonerado junto a su tío, Francisco Enrique García Prieto Hirlemann, tras haber pagado $50,645.22, que es el monto de lo defraudado, intereses y multas, como representantes legales de la empresa Agropecuaria Monte Grande S.A de C.V.

“Tras finalizar la audiencia inicial del segundo caso en su contra, hemos detenido al exalcalde Ernesto Muyshondt por un tercer delito”, informó la Policía Nacional Civil en sus redes sociales.

La fuente indicó, que al exalcalde “se le acusa de apropiación indebida de retenciones tributarias, esta vez como alcalde de San Salvador en el período 2018-2021”.

Por este tercer delito, además de Muyshondt la PNC también detuvo a Francisco José Rivera Chacón, representante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, y Fernando Heriberto Portillo Linares, tesorero de la alcaldía de San Salvador en dicho periodo.

Son acusados de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública por un monto de $275,145.31 de junio a diciembre de 2020.

Según las denuncias, Muyshondt y los dos servidores públicos retuvieron de manera ilegal el impuesto sobre la renta correspondiente a los períodos mensuales de junio a diciembre 2020, que con las multas y los intereses ahora la deuda es de $550,290, hasta el día de hoy.

Muyshondt es acusado además de fraude electoral y negociaciones con grupos terroristas previo a los comicios presidenciales del 2014 en el que pretendía beneficiar al candidato arenero Norman Quijano, quien huyó a Honduras para evadir la justicia.

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Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.

La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.

El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.

El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.

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