Judicial
Fiscalía pide, en 12 solicitudes, el agrupamiento por clica de 1547 pandilleros
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó hoy 12 solicitudes de agrupamiento por clica para 1,547 pandilleros de la MS y del Barrio 18. Los escritos fueron presentados en los Tribunales Contra el Crimen Organizado de San Miguel.
Todos los terroristas están vinculados a 12 diferentes clicas que delinquían en la zona oriental del país y fueron capturados gracias al exitoso Régimen de Excepción.
En ese sentido se solicitó el agrupamiento para 95 pandilleros de la clica Tany Locos Locos Salvatruchos; 297 terroristas de la clica Guanacos Locos Salvatruchos, y 19 de la clica Silva Locos Salvatruchos, todos pertenecientes a la MS13; los imputados delinquían en San Miguel.
Asimismo, se solicitó el agrupamiento en una sola causa de 424 pandilleros de la clica Los Ángeles Locos Salvatruchos; 149 terroristas de la clica Park View Locos Salvatruchos y 140 de la clica Esperanzas Locos Salvatruchos. Estos pandilleros mantenían atemorizadas a las familias de Usulután.
También se solicitó que una sola causa se procese a 72 terroristas de la clica Park View Locos Salvatruchos; a 26 de la clica Jucuapenses Locos Salvatruchos y a 35 de la clica Virginias Locos Salvatruchos, todas pertenecientes a la MS13 y delinquían en el departamento de Morazán.
Otros tres escritos fueron presentados para la agrupación de criminales del Barrio 18 y MS-13 que delinquían en La Unión. De estos 128 son la clica Tiny Locotes Sureños y 134 de la clica las Flores Locotes Sureños; además de 28 terroristas de la clica Freeport Locos Salvatruchos de la MS-13.
Con estas solicitudes de agrupamiento, la FGR pretende aglutinar en un solo proceso penal a los pandilleros capturados por el régimen de excepción por la pertenecía a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
