Judicial
Fiscalía acusa a un menor de participar en el homicidio de repartidores de comida rápida
Alrededor de 20 testigos esperaban este lunes su turno en los juzgados de Santa Tecla para que se instalará la vista de la causa (juicio en adultos), para testificar en contra de un menor de edad, a quien se le involucra en la desaparición y posterior asesinato de dos jóvenes que se dedicaban a repartir comida rápida.
El Juzgado Segundo de Menores del municipio de Santa Tecla, instaló la audiencia en contra del menor de edad -quien a criterio de la Fiscalía- participó de la desaparición de los dos jóvenes en el mes de noviembre de 2020 en la Urbanización Nuevo Lourdes, Colón, La Libertad.
En esa oportunidad Diego León Sibrián y Wilmer Vladimir Escalante coincidieron en ese lugar de donde fueron privados de libertad y durante casi dos meses fueron buscados por parientes, amigos y las mismas autoridades en varios sitios aledaños sin obtener resultados positivos.
No obstante, desde que inició el año 2021 la búsqueda se intensificó y ya con la colaboración de un testigo a quien se le dio el beneficio del criterio, en el mes de enero se obtuvieron resultados favorables al ubicar en una hacienda del cantón “El Limón” las osamentas enterradas en una fosa clandestina cavada por los pandilleros para tal fin.
La Fiscalía tomó el caso y luego de entregar los restos óseos a los familiares para que les brindaran cristiana sepultura, giró varias órdenes administrativas en donde estaban involucrados al menos unas 10 personas, entre adultos y el menor, los cuales fueron detenidos para que enfrentaran el proceso. El caso de los mayores está en la etapa de instrucción en el Juzgado Primero de Instrucción a la espera de la siguiente audiencia para establecer si son o no culpables de los delitos que se les imputan.
Según la fiscal del caso y debido a la cantidad de testigos ofertados por la representación fiscal se espera que esta vista de la causa tenga una duración de tres días; en tanto que la audiencia en contra de los adultos podría señalarse para los próximos meses del año venidero.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
