Judicial
Fiscalía acusa a un menor de participar en el homicidio de repartidores de comida rápida
Alrededor de 20 testigos esperaban este lunes su turno en los juzgados de Santa Tecla para que se instalará la vista de la causa (juicio en adultos), para testificar en contra de un menor de edad, a quien se le involucra en la desaparición y posterior asesinato de dos jóvenes que se dedicaban a repartir comida rápida.
El Juzgado Segundo de Menores del municipio de Santa Tecla, instaló la audiencia en contra del menor de edad -quien a criterio de la Fiscalía- participó de la desaparición de los dos jóvenes en el mes de noviembre de 2020 en la Urbanización Nuevo Lourdes, Colón, La Libertad.
En esa oportunidad Diego León Sibrián y Wilmer Vladimir Escalante coincidieron en ese lugar de donde fueron privados de libertad y durante casi dos meses fueron buscados por parientes, amigos y las mismas autoridades en varios sitios aledaños sin obtener resultados positivos.
No obstante, desde que inició el año 2021 la búsqueda se intensificó y ya con la colaboración de un testigo a quien se le dio el beneficio del criterio, en el mes de enero se obtuvieron resultados favorables al ubicar en una hacienda del cantón “El Limón” las osamentas enterradas en una fosa clandestina cavada por los pandilleros para tal fin.
La Fiscalía tomó el caso y luego de entregar los restos óseos a los familiares para que les brindaran cristiana sepultura, giró varias órdenes administrativas en donde estaban involucrados al menos unas 10 personas, entre adultos y el menor, los cuales fueron detenidos para que enfrentaran el proceso. El caso de los mayores está en la etapa de instrucción en el Juzgado Primero de Instrucción a la espera de la siguiente audiencia para establecer si son o no culpables de los delitos que se les imputan.
Según la fiscal del caso y debido a la cantidad de testigos ofertados por la representación fiscal se espera que esta vista de la causa tenga una duración de tres días; en tanto que la audiencia en contra de los adultos podría señalarse para los próximos meses del año venidero.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
