Judicial
Fiscalía acusa a un menor de participar en el homicidio de repartidores de comida rápida
Alrededor de 20 testigos esperaban este lunes su turno en los juzgados de Santa Tecla para que se instalará la vista de la causa (juicio en adultos), para testificar en contra de un menor de edad, a quien se le involucra en la desaparición y posterior asesinato de dos jóvenes que se dedicaban a repartir comida rápida.
El Juzgado Segundo de Menores del municipio de Santa Tecla, instaló la audiencia en contra del menor de edad -quien a criterio de la Fiscalía- participó de la desaparición de los dos jóvenes en el mes de noviembre de 2020 en la Urbanización Nuevo Lourdes, Colón, La Libertad.
En esa oportunidad Diego León Sibrián y Wilmer Vladimir Escalante coincidieron en ese lugar de donde fueron privados de libertad y durante casi dos meses fueron buscados por parientes, amigos y las mismas autoridades en varios sitios aledaños sin obtener resultados positivos.
No obstante, desde que inició el año 2021 la búsqueda se intensificó y ya con la colaboración de un testigo a quien se le dio el beneficio del criterio, en el mes de enero se obtuvieron resultados favorables al ubicar en una hacienda del cantón “El Limón” las osamentas enterradas en una fosa clandestina cavada por los pandilleros para tal fin.
La Fiscalía tomó el caso y luego de entregar los restos óseos a los familiares para que les brindaran cristiana sepultura, giró varias órdenes administrativas en donde estaban involucrados al menos unas 10 personas, entre adultos y el menor, los cuales fueron detenidos para que enfrentaran el proceso. El caso de los mayores está en la etapa de instrucción en el Juzgado Primero de Instrucción a la espera de la siguiente audiencia para establecer si son o no culpables de los delitos que se les imputan.
Según la fiscal del caso y debido a la cantidad de testigos ofertados por la representación fiscal se espera que esta vista de la causa tenga una duración de tres días; en tanto que la audiencia en contra de los adultos podría señalarse para los próximos meses del año venidero.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
