Judicial
Fiscalía abre investigación sobre inscripción de Nayib Bukele en GANA
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) abrieron una investigación contra el exalcalde de San Salvador Nayib Bukele.
Según fuentes dentro de la FGR, la investigación viene precedida del aviso que Will Salgado interpuso sobre la inscripción de Bukele.
Se trata de una demanda que Salgado interpuso ante el Tribunal Electoral del partido GANA para que anulara la precandidatura de Bukele, pues el migueleño consideró que el exalcalde de San Salvador cometió “fraude electoral” en el proceso.
De hecho, una copia de esos documentos fue extendida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la misma Fiscalía General de la República (FGR) como un aviso de supuesto delito cometido.
Tan solo unos días después, Will Salgado anunció de manera sorpresiva su renuncia a la precandidatura por GANA. “Informo a el pueblo salvadoreño que renuncio a ser precandidato presidencial en aras de mantener la unidad de mi partido GANA y ser consecuente con mis principios. Reitero mi agradecimiento y el apoyo de las bases. WILL 2021”, fue el mensaje completo que escribió Salgado en su cuenta de Twitter la noche del último sábado.
Un día después, en las elecciones internas de GANA, Bukele se convirtió oficialmente en el candidato presidencial del partido naranja.
Para llegar a oficializar su candidatura a la presidencia Bukele superó diversos bloqueos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tal parece que ahora tendrá que superar otro obstáculo –FGR– para continuar firme en su camino hacia la presidencia, tal como lo indican las últimas encuestas que lo colocan como el favorito para ser electo mandatario de la República por los salvadoreños en las elecciones a realizarse en febrero del próximo año.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
