Judicial
Fiscal general aclara que decisión de no pasar videos de reuniones entre políticos y pandilleros fue del juez
Raúl Melara, fiscal general de la República, aclaró que la FGR no tiene competencia para pedir al juez que no presente ciertas pruebas en los procesos, ya que esa es competencia exclusiva del juzgador, dijo.
En tal sentido, negó que la Fiscalía haya pedido no presentar los videos que habría grabado el testigo criteriado Noé, quien asegura en estos se ven y escuchan a varios políticos haciendo ofrecimientos de sumas millonarias a pandilleros de la MS 13.
«Voy a ser claro y contundente: La FGR no ha pedido que se excluya la presentación de los videos», respondió Melara a la noticia difundida por medios de comunicación, incluyendo este, que aseguraba que la Fiscalía hubiese hecho tal petición.
En la audiencia celebrada hoy, el juez especializado aseguró que la Fiscalía había solicitado que no se presentaran los videos para no alargar la diligencia que ya lleva 4 semanas.
La defensa estuvo de acuerdo en que los videos no fueran mostrados, aunque se aclaró que siguen siendo parte del proceso.
«Ustedes, Fiscalía, han pedido que se estipule (no desfile en juicio) la prueba documental, entre la que está los videos, y la defensa estuvo de acuerdo», dijo el juez.
Melara, sin embargo, respondió al juez que debe hacerse cargo de las decisiones que toma en las audiencias. «Las decisiones que se toman en las audiencias judiciales son exclusividad del juez a cargo de la misma y debe asumirlas con valentía», encaró el fiscal.
En un tuit, la Fiscalía aclaró que «la decisión de no reproducir audios ni videos fue exclusiva del Juez Especializado de Sentencia A, Godofredo Salazar, y no por solicitud de los fiscales, como ha sido informado de manera imprecisa por algunos medios de comunicación».
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
Judicial
50 años de cárcel para exmilitar que mató a su pareja luego que ella decidiera terminar la relación
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, acusado del delito de feminicidio, ocurrido en un mercado municipal de Chalatenango.
Según la investigación, el acusado, un militar que sirvió en Irak, mantenía una relación sentimental con la víctima, Blanca Iris Rivera; sin embargo, ella decidió terminar la convivencia debido a los constantes maltratos, episodios de celos y el control que Rodríguez Velásquez ejercía sobre ella. Ante la negativa de continuar la relación, el acusado comenzó a acosarla, hostigarla y amenazarla con atentar contra su vida y la de sus familiares.
El 16 de julio de 2018, el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja. Testigos que lo reconocieron declararon que Álvaro Rodríguez se dirigió directamente hacia ella y le disparó, provocándole heridas en el cráneo y tórax que causaron su muerte.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, la jueza encontró a Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez culpable del delito de feminicidio y lo condenó a 50 años de prisión. El hombre se encuentra prófugo desde el día que cometió el feminicidio.
