Judicial
Fiscal general aclara que decisión de no pasar videos de reuniones entre políticos y pandilleros fue del juez
Raúl Melara, fiscal general de la República, aclaró que la FGR no tiene competencia para pedir al juez que no presente ciertas pruebas en los procesos, ya que esa es competencia exclusiva del juzgador, dijo.
En tal sentido, negó que la Fiscalía haya pedido no presentar los videos que habría grabado el testigo criteriado Noé, quien asegura en estos se ven y escuchan a varios políticos haciendo ofrecimientos de sumas millonarias a pandilleros de la MS 13.
«Voy a ser claro y contundente: La FGR no ha pedido que se excluya la presentación de los videos», respondió Melara a la noticia difundida por medios de comunicación, incluyendo este, que aseguraba que la Fiscalía hubiese hecho tal petición.
En la audiencia celebrada hoy, el juez especializado aseguró que la Fiscalía había solicitado que no se presentaran los videos para no alargar la diligencia que ya lleva 4 semanas.
La defensa estuvo de acuerdo en que los videos no fueran mostrados, aunque se aclaró que siguen siendo parte del proceso.
«Ustedes, Fiscalía, han pedido que se estipule (no desfile en juicio) la prueba documental, entre la que está los videos, y la defensa estuvo de acuerdo», dijo el juez.
Melara, sin embargo, respondió al juez que debe hacerse cargo de las decisiones que toma en las audiencias. «Las decisiones que se toman en las audiencias judiciales son exclusividad del juez a cargo de la misma y debe asumirlas con valentía», encaró el fiscal.
En un tuit, la Fiscalía aclaró que «la decisión de no reproducir audios ni videos fue exclusiva del Juez Especializado de Sentencia A, Godofredo Salazar, y no por solicitud de los fiscales, como ha sido informado de manera imprecisa por algunos medios de comunicación».
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
