Judicial
Fiscal general aclara que decisión de no pasar videos de reuniones entre políticos y pandilleros fue del juez
Raúl Melara, fiscal general de la República, aclaró que la FGR no tiene competencia para pedir al juez que no presente ciertas pruebas en los procesos, ya que esa es competencia exclusiva del juzgador, dijo.
En tal sentido, negó que la Fiscalía haya pedido no presentar los videos que habría grabado el testigo criteriado Noé, quien asegura en estos se ven y escuchan a varios políticos haciendo ofrecimientos de sumas millonarias a pandilleros de la MS 13.
«Voy a ser claro y contundente: La FGR no ha pedido que se excluya la presentación de los videos», respondió Melara a la noticia difundida por medios de comunicación, incluyendo este, que aseguraba que la Fiscalía hubiese hecho tal petición.
En la audiencia celebrada hoy, el juez especializado aseguró que la Fiscalía había solicitado que no se presentaran los videos para no alargar la diligencia que ya lleva 4 semanas.
La defensa estuvo de acuerdo en que los videos no fueran mostrados, aunque se aclaró que siguen siendo parte del proceso.
«Ustedes, Fiscalía, han pedido que se estipule (no desfile en juicio) la prueba documental, entre la que está los videos, y la defensa estuvo de acuerdo», dijo el juez.
Melara, sin embargo, respondió al juez que debe hacerse cargo de las decisiones que toma en las audiencias. «Las decisiones que se toman en las audiencias judiciales son exclusividad del juez a cargo de la misma y debe asumirlas con valentía», encaró el fiscal.
En un tuit, la Fiscalía aclaró que «la decisión de no reproducir audios ni videos fue exclusiva del Juez Especializado de Sentencia A, Godofredo Salazar, y no por solicitud de los fiscales, como ha sido informado de manera imprecisa por algunos medios de comunicación».
A 69 años de cárcel fue condenado un pandillero Juan Carlos Saravia Salamanca, homeboy de la MS, por los delitos de homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con las investigaciones, los asesinatos fueron cometidos en el 2016 en San Miguel.
A una de las víctimas la privó de libertad y la llevó a otra zona en donde le quitó la vida. El cuerpo fue localizado días después.
Las privaciones de libertad ocurrieron en el 2015 en los distritos de Jucuarán y El Tránsito, agregó la fiscalía. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo Contra El Crimen Organizado de San Miguel.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Héctor Nathan Aquino Melgar y Mauricio Esteban Polanco Trigueros, ambos abogados y notarios, acusados de participar en la elaboración de compraventas falsas de inmuebles.
Según las investigaciones, los inmuebles pertenecían a personas fallecidas o a terceros que no habían otorgado su consentimiento para dichas transacciones.
Los delitos habrían ocurrido entre mayo y julio de 2022.
Aquino Melgar enfrenta cargos por estafa agravada, falsedad material, y uso y tenencia de documentos falsos. Por su parte, Polanco Trigueros será procesado por falsedad material agravada continuada.
Las investigaciones continúan para determinar si hay más implicados en este esquema de fraude inmobiliario.
René Alberto Rivera Hernández fue condenado a 91 años de prisión por el feminicidio agravado de una niña de 3 años y por violar e intentar asesinar a otra menor.
De acuerdo con la acusación fiscal, una de las víctimas falleció en enero de 2024, luego de haber sido golpeada brutalmente por René Rivera.
La otra víctima fue localizada con múltiples lesiones, fracturas, con signos de abuso sexual y desnutrición.
Por el mismo caso también Patricia Elizabeth García Castro recibió más de 46 años de cárcel por su complicidad en el crimen, ya que no denunció los hechos.
Por el mismo caso también Patricia Elizabeth García Castro -madre de una de las víctimas – recibió más de 46 años de cárcel por su complicidad en el crimen, ya que no denunció los hechos.
Las investigaciones han demostrado que la víctima sufría violencia física de manera continua.
Según las autoridades, Rivera Hernández golpéo a la niña, causándole graves lesiones que requirieron que fuera hospitalizada; la menor murió el 4 de enero de este año cuando recibía asistencia médica. El crimen ocurrió en el interior de un mesón ubicado en barrio El Molino, en la ciudad de San Miguel.
