Judicial
FGR incauta viviendas del diputado Reynaldo Cardoza por más de $1 millón
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio decidió decomisarle casas y productos financieros al diputado de la Asamblea Legislativa, Reynaldo Cardoza, electo por la bandera del PCN.
En total fueron 11 inmuebles y cinco productos financieros, cuyo valor supera el millón de dólares.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el proceso de extinción de dominio contra el legislador se inició en marzo de 2017 ya que los bienes están presuntamente relacionados a delitos de lavado de dinero, tráfico ilegal de personas y enriquecimiento ilícito.
En esa ocasión se dijo que la mitad de los inmuebles de Cardoza pertenecieron al exdiputado Wilber Rivera Monge, que desde hace cinco años está cumpliendo una condena de 15 años por narcotráfico, y a Jorge Ulloa Sibrián (“Repollo”) condenado por lavado de dinero.
“En audiencia se ha acreditado ante el juez, los presupuestos de origen indirecto e incremento patrimonial devenido de actividades de lavado de dinero”, dijo el jefe de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Víctor García.
Las propiedades que se han sido decomisadas al diputado, tanto los inmuebles como los productos financieros tienen un valor de $1,028,909, casi la misma cifra que estableció la Fiscalía en un informe en febrero de 2020.
Las casas están ubicadas en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Salvador y La Libertad.
El proceso por extinción era de 12 inmuebles, pero hubo uno en Chalatenango que el juzgador determinó que no se justificó el despojo, por lo que le fue devuelto; sin embargo, la FGR anunció que apelarán la decisión.
Las propiedades pasarán a ser administradas por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).
Fotos: FGR.
Por: El Salvador Times.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
