Judicial
FGR abrió investigación por lavado de dinero en contra de Roberto Rubio
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un expediente por el delito de Lavado de Dinero y Activo en contra de Roberto Rubio, Presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en el 2017, que se encuentra activo pero podría ser archivado el próximo año según indica una publicación de Diario La Página.
Una información que fue investigada por la FGR y para eso ordenó una serie de diligencias a la Policía Nacional Civil (PNC) para robustecer los datos financieros que ya tenían.
También, la FGR investigó el árbol genealógico de Rubio así como a las empresas vinculadas al caso además realizó seguimientos para determinar con Quienes se reunía
La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía solicitó a la Policía Nacional Civil realizar varias diligencias de investigación en contra Rubio y su familia para robustecer información financiera que poseen, la cual apunta a un caso de lavado de dinero.
Según la información brindad por la FGR, Rubio compartió junta directiva de RUDA S.A. de C.V. con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds. Dicha empresa está habilitada para realizar cualquier tipo de transacción financiera, aunque fue iniciada como una sociedad para desarrollar tareas agrícolas.
Las autoridades también ubicaron dos propiedades a nombre de Rubio, una de 13 mil metros cuadrados de extensión en La Reina, Chalatenango; y otra con múltiples hipotecas en su historial en Jucuarán, Usulután.
Además, relacionaron a Rubio a un lote de terreno en la colonia Altos de Tenerife y una vivienda en la colonia Loma Linda.
A la fecha, el expediente se encuentra activo en la Fiscalía; sin embargo, según el protocolo fiscal, este podría ser archivado el próximo año.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
