Judicial
Exmilitar vendió a título personal 16 armas de fuego adquiridas de forma ilegal, por el delito pasará 10 años de prisión
El mayor retirado Miguel Ángel Pocasangre Escobar, de 53 años, fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador.
Los actos ilegales cometidos por el militar fueron comercio y depósito de armas, en perjuicio de la paz pública.
“El militar retirado vendió a título personal 16 armas de fuego en diferentes fechas en la ciudad de San Salvador, las cuales adquirió de forma irregular entre 1994 y 1995, siendo vendidas entre 2005 y 2012” indicaron fuentes judiciales.
Según las investigaciones estas armas en su primera matricula no poseen elementos de ley de esos años, tampoco corre dicha documentación en el Ministerio de Defensa. En siete de las 16 armas de fuego se produjeron alteraciones y modificaciones en el número de serie original.
La vista pública contra Pocasangre se desarrolló desde el 18 de octubre, continuando el 19, 22, 25, asimismo 1, 6, 9 y 19 de noviembre, además el 3 de diciembre, este último se recibió informes sobre las armas de fuego del Ministerio de la Defensa Nacional y la Policía Nacional Civil.
Además, en la audiencia desfilaron 16 testigos de cargo, aparte de las pruebas documentales, como el peritaje balístico, peritaje físico-químico realizado a 11 de las 16 armas.
El tribunal concluyó que las matrículas de las armas se realizaron de manera fraudulenta, no se acreditó el origen lícito, por lo tanto Pocasangre vendió armas que fueron alteradas sus series, por lo cual fue declarado culpable.
Este juicio fue ordenado por la Cámara Primera de lo Penal de Primera Sección del Centro, luego de la apelación presentada por la Fiscalía, ya que en abril de 2016, había sido sobreseído definidamente, quedando libre de cargos, esto por un juzgado de instrucción en audiencia preliminar.
Unidad Especializada de Crimen Organizado informa: tribunal 3° de Sentencia de S.S. condenó a 10 años de cárcel al coronel Miguel Ángel Pocasangre Escobar, por Comercio Ilegal de Armas de Fuego, en 16 casos; lo anterior porque se consideró que se trataba de delito continuado. pic.twitter.com/DnKRN6rhDT
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 10 de diciembre de 2018
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
