Judicial
Exmilitar vendió a título personal 16 armas de fuego adquiridas de forma ilegal, por el delito pasará 10 años de prisión
El mayor retirado Miguel Ángel Pocasangre Escobar, de 53 años, fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador.
Los actos ilegales cometidos por el militar fueron comercio y depósito de armas, en perjuicio de la paz pública.
“El militar retirado vendió a título personal 16 armas de fuego en diferentes fechas en la ciudad de San Salvador, las cuales adquirió de forma irregular entre 1994 y 1995, siendo vendidas entre 2005 y 2012” indicaron fuentes judiciales.
Según las investigaciones estas armas en su primera matricula no poseen elementos de ley de esos años, tampoco corre dicha documentación en el Ministerio de Defensa. En siete de las 16 armas de fuego se produjeron alteraciones y modificaciones en el número de serie original.
La vista pública contra Pocasangre se desarrolló desde el 18 de octubre, continuando el 19, 22, 25, asimismo 1, 6, 9 y 19 de noviembre, además el 3 de diciembre, este último se recibió informes sobre las armas de fuego del Ministerio de la Defensa Nacional y la Policía Nacional Civil.
Además, en la audiencia desfilaron 16 testigos de cargo, aparte de las pruebas documentales, como el peritaje balístico, peritaje físico-químico realizado a 11 de las 16 armas.
El tribunal concluyó que las matrículas de las armas se realizaron de manera fraudulenta, no se acreditó el origen lícito, por lo tanto Pocasangre vendió armas que fueron alteradas sus series, por lo cual fue declarado culpable.
Este juicio fue ordenado por la Cámara Primera de lo Penal de Primera Sección del Centro, luego de la apelación presentada por la Fiscalía, ya que en abril de 2016, había sido sobreseído definidamente, quedando libre de cargos, esto por un juzgado de instrucción en audiencia preliminar.
Unidad Especializada de Crimen Organizado informa: tribunal 3° de Sentencia de S.S. condenó a 10 años de cárcel al coronel Miguel Ángel Pocasangre Escobar, por Comercio Ilegal de Armas de Fuego, en 16 casos; lo anterior porque se consideró que se trataba de delito continuado. pic.twitter.com/DnKRN6rhDT
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 10 de diciembre de 2018
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
